Fuertes críticas al proyecto de Código de Convivencia de 51 oradores que participaron en la audiencia pública, 49 expresaron cuestionamientos a la iniciativa del bloque de Unión por Córdoba de modificar el Código de Faltas vigente.
La audiencia era pública, pero para ingresar había que pasar tres controles policiales, mostrar documento de identidad y haber sido registrado previamente. El lugar donde se realizó, la Legislatura de Córdoba, estaba vallado.
Así se desarrolló ayer la audiencia en la que 49 de los 51 oradores presentes manifestaron críticas generales y particulares al proyecto del bloque oficialista, Unión por Córdoba, para modificar el Código de Faltas vigente en la provincia de Córdoba que pasará a llamarse Código de Convivencia.
El encuentro comenzó minutos antes de las 11 y finalizó a las 15.40. En las afueras, una multitud de carreros cortó la avenida General Paz a la altura de Deán Funes –lo que causó problemas de tránsito en el Centro– para protestar por la incorporación de una figura que criminalizaría su actividad.
Los cuestionamientos de los oradores se centraron en la arbitrariedad de la fuerza policial cordobesa –que se vería reforzada con el nuevo Código–, en la política de seguridad del Gobierno –tildada como represiva y discriminatoria–, y en la escasez de debate previo a la sanción de un nuevo código –la fecha programada para la votación es el miércoles que viene.
“La seguridad de determinado sector social nunca puede estructurarse sobre la base de vulneración de derechos de otro sector”, afirmó Erika Giovanna, consejera estudiantil de la Escuela de Trabajo Social.
Así, numerosos oradores cuestionaron el proyecto por inconstitucional y contrario a los tratados internacionales de derechos humanos.
Detenciones y juzgamiento
También se insistió en la falta de límite temporal de las “detenciones preventivas” que pueden realizar los agentes policiales a los ciudadanos que estén supuestamente cometiendo una infracción.
Se reiteró la necesidad de que la asistencia letrada sea obligatoria desde el comienzo del proceso (es decir, desde la aprehensión) y no sólo durante el juzgamiento de la falta.
Además, se cuestionó con dureza la cantidad de conceptos vagos y ambiguos de nuevas y viejas contravenciones, y se señaló que esto tendrá como resultado una mayor discrecionalidad policial.
El hecho de que al juzgamiento de las faltas no lo vaya a realizar un juez también fue motivo de reiteradas críticas. Vale recordar que en la actualidad las contravenciones son juzgadas por comisarios, mientras que el proyecto propone que esa responsabilidad pase a los ayudantes fiscales, o a jueces de Paz.
Merodeo. A la vez, hubo críticas a figuras específicas. Se insistió en la necesidad de derogar el merodeo ya que el proyecto no lo hace; sólo agrega el requisito de la denuncia previa no anónima.
Diferentes oradores reforzaron la postura del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) al cuestionar la incorporación del desacato, figura que permite arrestar a una persona que insulte a un funcionario público. Esta figura ya fue derogada como delito del Código Penal, como resultado de negociaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Vallados. “Es una gran contradicción discutir un Código de Convivencia con un vallado exterior”, expresó, como tantos otros, Virginia Romanutti, de la Red Nuestra Córdoba. Sergio Busso, presidente del bloque oficialista, explicó que se hizo por razones preventivas, para evitar destrozos.
Cuando la exlegisladora Liliana Olivero se volvió a quejar sobre eso, Busso se levantó de la mesa. Quedó durante algunos minutos el resto de los integrantes de la comisión de reforma: Rodrigo de Loredo (UCR), Liliana Montero (Frente Cívico), Roberto Birri (socialismo), Nadia Fernández y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal).
Fuente: La Voz
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