En su informe anual al Congreso sobre la situación de los derechos humanos en el resto del mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a la corrupción oficial como un «problema serio» en la Argentina.
El informe se hace eco también de las denuncias sobre presiones para la libertad de expresión en el país y hostigamientos contra periodistas «críticos» del gobierno. Y menciona especialmente el caso de la periodista Adela Gómez, quien fue atacada con fuego en marzo del año pasado cuando investigaba casos de corrupción en Santa Cruz.
El informe refleja el diagnóstico de la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) en el sentido de que el gobierno alienta «campañas contra el derecho a la información» y alerta contra intentos para «dañar la credibilidad» de los medios de prensa.
Recoge también la denuncia de la entidad en el sentido de que el país vive uno de «sus peores momentos» en materia de libertad de expresión como consecuencia de la intolerancia para reflejar opiniones críticas.
En la presentación del voluminoso documento, que refleja la situación en 194 países, la secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó que el respeto a los derechos humanos «empieza por decir la verdad» y que el informe de su cartera es uno de los «esfuerzos más importantes» en ese sentido en el nivel mundial.
Torturas y muertes en manos policiales
Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos indicó que durante 2010 hubo torturas y asesinatos perpetrados por las fuerzas policiales de Brasil, Argentina y Paraguay.
En cuanto a nuestro país, el informe destaca que las elecciones más recientes, en 2007, fueron «en general libres y limpias» pero apunta, sin embargo, que «las fuerzas de seguridad, ocasionalmente, han actuado independientes del control civil».
La lista de abusos que el Departamento de Estado encontró el año pasado en la Argentina va desde muertes y maltratos a manos de las fuerzas policiales, al abuso y tortura de sospechosos por parte de la policía y de los presos por parte del personal de cárceles.
Esta advertencia se produce en momentos de tensión entre el Gobierno nacional y el porteño por la decisión del primero de retirar a la Policía Federal de las dependencias públicas de la Ciudad. En este marco, la ministro de Seguridad, Nilda Garré, realizó fuertes acusaciones contra la Federal.
«El problema más serio y más complejo que tenemos es la Policía Federal», dijo la funcionaria K, y denunció negocios espurios de la fuerza policial. También volvió a insistir en que quiere terminar con el «autogobierno» policial, y habló de «sectores que disputan, no sobre posiciones ideológicas o modelos de acción, sino sobre el predominio en determinadas zonas o determinados negocios» dentro de la Policía.
Por otra parte, el informe de USA expresó que «hay condiciones de hacinamiento en las prisiones, ocurren ocasionalmente arrestos arbitrarios, la detención previa al juicio puede ser prolongada, y persisten las preocupaciones acerca de la eficacia e independencia del sistema judicial».
En la Argentina hay «corrupción de funcionarios, violencia contra las mujeres, abuso de menores, tráfico de personas para la explotación laboral y sexual» y, según el Departamento de Estado «el Gobierno (argentino) o sus agentes no cometieron asesinatos por motivos políticos, pero hubo informes de muertes debidas al uso policial de fuerza excesiva».
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