Córdoba pide a la Corte frenar descuentos de coparticipación, De la Sota solicitó una cautelar luego de que la Nación extendió y amplió ventajas financieras a otros distritos. “Discriminación arbitraria e irrazonable”. El gobernador José Manuel de la Sota realizó ayer una nueva presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia luego de que el Gobierno nacional.
No sólo volviera a excluir a la Provincia del programa de refinanciación de deudas provinciales, sino que, además, otorgara un nuevo período de gracia a los 17 distritos que desde inicios de 2014 vienen siendo beneficiados con tasas fijas en pesos del 6 por ciento, lo cual constituye en la práctica una licuación de sus deudas.
Córdoba ya había reclamado por ser la única provincia excluida del beneficio, debido a que en 2014 la Nación le exigió, para darle lugar, que retirara otras dos demandas que la Provincia mantiene ante la Corte por los incumplimientos de acuerdos de financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y para que se deje sin efecto una detracción que sufren las provincias en la coparticipación para financiar el sistema previsional nacional.
Pero ayer De la Sota pidió además una medida cautelar para que la Nación deje de descontarle de su coparticipación los vencimientos de la deuda provincial con la Nación, que sólo Córdoba debe afrontar sin los importantes beneficios del Programa de Desendeudamiento Provincial.
“Ellos se cobran lo que dicen que les debemos y no nos pagan lo que en realidad nos deben”, explicó el gobernador por la mañana en las escalinatas de ingreso a la sede de la Corte Suprema en Buenos Aires.
En ese sentido recordó: “Las provincias han refinanciado sus pasivos y la Nación me exige declinar los planteos por las deudas que tienen ellos, lo cual es inconstitucional porque yo no puedo renunciar a lo que nos corresponde”.
De la Sota estimó que la Nación le debe a Córdoba por diversos conceptos unos 12 mil millones de pesos. “El daño que le ha hecho Cristina Fernández a Córdoba durante tantos años no tiene límites”, dijo.
El texto de la demanda puntualiza el costo de la discriminación sufrida por Córdoba: de haber sido integrada al programa, la deuda con la Nación se hubiera reducido en 752 millones de pesos en 2014 y en 717 millones para todo 2015. Como no está dentro de programa, la Nación le ha descontado de la coparticipación, para cobrarse lo que no cobra al resto de los distritos, 652 millones de pesos en 2014 y 370 millones entre enero de 2014 y julio de 2015. En total, 1.022 millones.
Privilegio redoblado
Esas son las ventajas que sí han recibido otras 17 provincias. Entre ellas sobresale Buenos Aires, con beneficios equivalentes al 8 por ciento de su coparticipación en 2014.
Otras son Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Corrientes. Formosa está afuera a raíz de un convenio particular, en el que intervino como ministro Amado Boudou e intermedió The Old Fund, negocio con el que debutó esa consultora, cuya ligazón con el vicepresidente investiga la Justicia.
Provincias como Santa Fe y San Luis han sido aún más perjudicadas que Córdoba, ya que no tienen deudas con la Nación. El Gobierno nacional refinancia los pasivos con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se detraen de la coparticipación (es decir, pertenecen a las provincias), pero luego la Nación no ejecuta.
Así que esas provincias, como Córdoba, al estar fuera de cualquier refinanciación por haber sido mejor administradas y no haber gestado una deuda, dejan de recibir ese dinero que va a aliviar la deuda de otros distritos. Desde su origen, el plan es un premio para las provincias peor administradas, que debieron apelar a cuasimonedas en la década de 1990.
Tras la debacle de 2001, el gobierno de Eduardo Duhalde rescató esos bonos, por lo que las provincias quedaron debiendo a la Nación. La Nación las privilegió refinanciando esas deudas a tasas del 6 por ciento, a largo plazo, lo cual significa que el endeudamiento es licuado por la inflación.
El lunes, inmediatamente después de las elecciones, el Ministerio de Economía redobló esos privilegios, ya que les dio un nuevo plazo de gracia para que no paguen ni siquiera esas cuotas disminuidas hasta septiembre, justo antes de las elecciones de octubre.
Promesas de inundación
En su demanda ante la Corte, De la Sota también puntualizó que la situación es aún más grave porque las inundaciones de principios de año causaron daños valuados en 4.829 millones de pesos (adjuntó los documentos de las reparticiones que los evaluaron).
La Nación sólo prometió asistir con un préstamo de 540 millones, de los cuales sólo desembolsó 100 millones. Con ese argumento también funda el pedido de una cautelar que impida más descuentos en su coparticipación.
¿Qué podría hacer la Corte?
La Corte Suprema podría no tener apuro en pronunciarse en este caso, aunque se trate de una cautelar.
Fuentes judiciales indicaron a este diario en Buenos Aires que el cuerpo tomó nota del compromiso de Daniel Scioli con Juan Schiaretti de abocarse a una solución si es elegido presidente.
Y se señalaron que un pronunciamiento, si se diera, sería “como parte de un paquete” que incluiría también a otras provincias con demandas contra la Nación, como Santa Fe y San Luis.
Hasta ahora, la Corte sólo pidió peritajes en la primera causa iniciada por Córdoba hace más de tres años, por deudas de la Anses.
Fuente: La Voz
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