Esta es la quinta semana de medidas de fuerza. La mayoría de las dependencias están paralizadas. El poder de policía municipal se esfumó. Los servicios, abandonados… La ciudad de Córdoba da cuenta en cada barrio de la parálisis del municipio.
Pero sin dudas es en el Centro donde la situación de total descontrol impacta más: el tránsito es casi imposible en algunos sectores, hay autos estacionados en los lugares más insólitos y un batallón de vendedores ambulantes copó literalmente el área peatonal.
Los puestos de choripán humean en las esquinas más tradicionales y las aguas servidas corren tanto en el Centro como en la periferia… Desde hace un mes, la áreas operativas están completamente paralizadas. Esto implica que no hay bacheo, ni reemplazo de luminarias, ni desobstrucción de cloacas, entre tantas otras tareas.
La semana pasada el intendente Ramón Mestre amplió el alcance de la emergencia ambiental a los fines de poder contratar de modo directo a empresas que realicen esas tareas, pero en las calles no se observan los cambios.
En el área de Salud, donde el conflicto también es muy fuerte, sólo se garantizar guardias mínimas. Hay denuncias penales por la postergación de cirugías, y en los consultorios la actividad es mínima… En las escuelas municipales, el ciclo lectivo se considera terminado. Los chicos vienen recibiendo una o dos horas de clase al día desde hace varias semanas.
En las áreas de atención al público la atención también es casi nula desde hace dos semanas, y las dos anteriores estuvo reducida por asambleas. La afluencia de público al municipio y a los CPC es escasa, y los efectos sobre la recaudación de impuestos también son notorios, pese a que los cajeros no son agentes municipales sino empleados de Bacar.
Lo que ocurre en las áreas de inspección es insólito. El poder de policía del municipio se esfumó hace semanas a todo nivel: no hay control de espectáculos públicos, ni de transporte y mucho menos de tránsito, pero el viernes pasado una inspectora de Higiene y Seguridad Laboral colocó fajas de clausura en el Tribunal de Faltas del municipio. Horas después, el Ejecutivo presentó una denuncia penal por abuso de autoridad contra la inspectora, que además es delegada gremial.
Más tarde, por decreto, se resolvió “desafectar y suspender el ejercicio de todas las funciones y facultades inherentes a las tareas de inspectoría”. La medida fue preventiva: el Ejecutivo teme que los municipales clausuren buena parte de las dependencias comunales.
Fuente: La Voz
Comentar post