Con un DNU, Macri desregula el mercado audiovisual. Fusion a la Afsca y la Aftic en un solo ente y elimina los límites para transferir licencias y los topes que evitaban la concentración. El Congreso deberá tratar una nueva norma.
El Gobierno nacional anunció ayer la fusión de las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic) en un único organismo que regulará el sector: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro del área, Oscar Aguad, y Miguel de Godoy, el hombre elegido por Mauricio Macri para dirigir desde el lunes el nuevo ente colegiado. Este se integrará con cuatro directores nombrados por el Ejecutivo y tres por el Congreso: uno para el oficialismo, otro para el kirchnerismo y otro para el massismo.
Aunque el DNU se publicará recién hoy, trascendieron aspectos centrales. Por empezar, se modifica lo que para el antiguo oficialismo es el “corazón” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA): los artículos 41 y 45, por los cuales se limitaba severamente la transferencia de licencias audiovisuales (radio, TV abierta y de cable) y se evitaba la “concentración” de estas.
Ambos artículos fueron declarados constitucionales por la Corte en 2013, luego de cuatro años de fuerte disputa judicial entre el Grupo Clarín y el Estado nacional. Ahora, los grupos de medios no deberán atenerse a las limitaciones que estableció el Congreso en 2009. No será necesario que se “adecuen” y deban deshacerse de licencias.
En rigor, el DNU flexibiliza los requisitos de la ley de medios. El artículo 41 impide transferir licencias hasta después del quinto año y exige a los adjudicatarios originales conservar al menos el 50 por ciento de las acciones. Según el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el mismo ítem dirá de ahora en más que los licenciatarios podrán vender sus acciones libremente. “El concepto que impera es la desregulación del mercado, porque lo que queremos es que haya competencia entre los distintos actores y más inversión”, dijo el cordobés.
En relación al artículo 45, que fija topes a los grupos de medios en cuanto a la cantidad de licencias audiovisuales, estos también se flexibilizan. El primer inciso del artículo no se toca, ya que sólo se permitirá una licencia de televisión satelital como la que opera DirecTV, pero los siguientes se modifican de manera sustancial. En lugar de haber un máximo de 10 licencias de radio, TV abierta o TV por suscripción con uso de espectro radioeléctrico, más una señal de contenidos, ahora habrá un límite de 15. A nivel local, los grupos podrán tener un señal de radio AM y dos de FM (algo que estaba permitido sólo para ciudades con más de ocho licencias).
Pero, además, se extirpan del texto de la LSCA todas las exigencias a los cableoperadores. Ya no correrá el tope de 24 licencias en todo el país que afectaba por ejemplo a Cablevisión –del Grupo Clarín– y la obligaba a desguazarse. Recordemos que como el extitular de Afsca, Martín Sabbatella, no aceptó el plan de adecuación presentado por el multimedio, un juez federal dictó una cautelar –que vencía en enero–, la que impidió la adecuación de oficio que intentó hacer el funcionario ultra-k. Así, ahora Clarín podrá conservar todas las licencias que tiene desde antes de la LSCA.
No obstante, el Grupo Clarín no será el único beneficiado. Para propiciar la desregulación y fomentar la competencia, el DNU establece para todos los medios que las licencias no sólo durarán 10 años sino que, además, tendrán una prórroga automática por cinco años y podrán acceder a otras por ciclos de 10 años. “Esto hace más atractiva la inversión y permitirá dar el salto tecnológico”, explicó Aguad. En la Rosada entienden que los pocos grupos que ya hicieron su adecuación a la LSCA podrán dar marcha atrás “si están de acuerdo los actuales dueños de las licencias que ellos vendieron”.
El DNU también permitirá a los grupos de radiodifusión sonora, como Cadena 3, transmitir en cadena. Se elimina el tope del 35 por ciento del mercado que regía para la radiodifusión privada. Y el Canal 9 porteño, de empresarios mejicanos, podrá comprar –como es su intención– parte de Radio Continental, del Grupo Prisa, ya que no tendrá el obstáculo del artículo 41. El Grupo Uno, de los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila, podrá vender acciones de sus canales y radios o comprar nuevas señales, ya que quedó lejos del nuevo tope.
Otros aspectos centrales de la llamada ley de medios quedan incólumes. Según Aguad, se respetará el tercio del espacio radioeléctrico que está destinado a organizaciones del tercer sector. “Las ayudaremos económicamente”, prometió, y sugirió que el dinero para esto podría salir de la ex Aftic, que genera fondos aportados por las empresas de telecomunicaciones.
Aguad defendió con vehemencia que Macri haya usado un DNU para corregir una ley, aun cuando esta tuvo el visto bueno de la Corte. “Nosotros no cambiamos la ley de medios porque creamos que es inconstitucional sino porque es mala, ya que le hizo perder al país 15 años, porque nació vieja. Hay que apuntar a una nueva ley que unifique el marco regulatorio de la comunicación audiovisual y de las telecomunicaciones”, explicó.
Con este último fin, el Gobierno anunció ayer que impulsará en el Congreso la creación de una comisión bicameral para que estudie una nueva ley de Comunicaciones, para lo cual se estima que el Parlamento debería darse un tiempo de al menos un año. “La nueva ley no debe ser reglamentarista como la actual, sino que debe permitir que los constantes saltos que da la tecnología queden alcanzados por ella”, agregó Aguad.
Fuente: La Voz
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