Sectores opositores y de la Justicia rechazaron que la autorización para tirar abajo naves sospechadas de transportar droga, haya surgido de un decreto.
Dirigentes opositores de distintos espacios políticos y organizaciones criticaron fuertemente el decreto por el cual el presidente Mauricio Macri firmó la Emergencia en Seguridad Pública, mientras que funcionarios nacionales intentaron aclarar su alcance y utilidad y anunciaron que enviarán al Congreso un paquete de proyectos de ley en esa materia.
Uno de los temas más controvertidos del decreto es que incluye la “ley de derribo” de aviones sospechados de estar transportando drogas. Esta práctica, cuya autoridad de aplicación son las Fuerzas Armadas, es considerada por abogados y especialistas como “una pena de muerte sin juicio previo”.
La diputada nacional de Progresistas, Margarita Stolbizer, objetó que la emergencia en seguridad haya salido por decreto. «Las políticas de Estado en seguridad y lucha contra el narcotráfico deben ser por el consenso de las fuerzas políticas», dijo, y subrayó que «aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles, y mucho peor sin debate».
En tanto, el exministro de Defensa y actual diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, cuestionó el mismo aspecto, ya que consideró que «se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo», y dudó de eventuales «efectos positivos» en la lucha contra el narcotráfico.
El decreto va en línea con la política estadounidense de incluir a las Fuerzas Armadas en temas internos de seguridad. En el país, cuenta con el aval de Sergio Massa, del Frente Renovador, la UCR. También el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el actual mandatario, Juan Schiaretti, se mostraron a favor (ver aparte).
El kirchnerista Rossi se opuso a la “ley de derribo” en noviembre de 2013, oportunidad en la que aseguró que el 95% de las rutas aéreas de la Argentina ya estaban radarizadas.
Por su parte, el ex secretario de Seguridad nacional y hoy senador bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que «en Argentina, por los tratados internacionales y la Constitución Nacional, está prohibida la pena de muerte. Y la “ley de derribo” de aviones es una pena de muerte sin juicio previo».
Sobre el tema también se manifestaron los dirigentes de Libres del Sur, Humberto Tumini, y el dirigente de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que cuestionaron la medida del gobierno nacional y reclamaron que la iniciativa se debata en el Congreso. Con argumentos constitucionales, el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, y el titular de Procelac, Carlos Gonella, rechazaron en forma tajante la posibilidad de que el Estado nacional derribe aviones sospechados de narcos, con la consiguiente muerte de sus ocupantes, sin saber si son inocentes o culpables. En todo caso, la polémica estuvo instalada toda la jornada de ayer en las redes sociales y los medios de comunicación.
Defensa del oficialismo
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el decreto anunciado, y rechazó que se trate de una “ley de derribo”, sino de medidas de protección del espacio aéreo nacional. En este sentido, anticipó que el oficialismo enviará el 1 de marzo un proyecto de ley al Congreso para la «defensa del espacio aéreo» y dijo que se entrará a los barrios «donde el narcotráfico es dueño y señor».
Fuente: La Mañana
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