La Afip realizó ayer un megaoperativo en todo el país por una evasión cerealera de $ 310 millones. De 165 allanamientos, 30 fueron en Córdoba.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó ayer que la Justicia libró 165 órdenes de allanamiento simultáneos, ya que habrían detectado maniobras de evasión por unos 310 millones de pesos «en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de una asociación ilícita fiscal». En un comunicado, el organismo precisó que participaron del «megaprocedimiento» 1.200 inspectores en las sedes de «las principales firmas cerealeras multinacionales».
Entre las empresas que estarían involucradas, de acuerdo con las fuentes vinculadas a la investigación, figurarían Noble, Nidera, Cargill, Grobocopatel, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Bunge, Aceitera General Deheza y Vicentin, entre otras.
Entre los domicilios allanados (que incluyen sociedades comerciales, estudios contables y personas físicas) hay 77 casos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, 1 en la provincia de Entre Ríos, 39 en la de Santa Fe, 2 en la de Santiago del Estero, 1 en la de Catamarca, 5 en la de Tucumán, 30 en la de Córdoba, 2 en la de San Luis, 2 en la de Mendoza y 1 en la provincia de Chubut.
¿Cómo operaban las empresas? La maniobra investigada funcionaba así: una extensa red económica de productores operaba sin exteriorizar sus ventas al fisco, y evadía así el pago de los tributos correspondientes. Los agricultores involucrados vendían en negro sus granos a distintas empresas intermediarias constituidas por las asociaciones ilícitas investigadas, las cuales atribuían las compras realizadas a diversos proveedores apócrifos.
Tales asociaciones compraban los granos sin registrar a los agricultores y lo blanquean incorporando la mercadería tanto al movimiento físico como al circuito financiero, para luego colocarla en el mercado, generalmente vendiéndola a exportadoras de gran relevancia.
Sociedades pantalla. La Afip indicó que «la maniobra sospechada es la creación (por parte de las multinacionales) de ‘sociedades pantalla’ que darían sustentabilidad al movimiento de granos de otras empresas presuntamente apócrifas, que le venden a las grandes cerealeras, blanqueando las ventas de los pequeños productores rurales no incorporados al sistema impositivo e incrementando los precios de las compras de los acopiadores y exportadores, reduciendo así considerablemente el impuesto a tributar».
Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Allegados a la investigación remarcaron que el circuito se inicia con «pequeños productores que venden ‘en negro’ a empresas, en su mayoría fantasmas, que a su vez colocan el grano ‘en blanco’ a intermediarias».
Unos 200 involucrados. La Afip precisó que se encuentran involucradas en las maniobras unas 200 personas físicas o jurídicas, entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.
Los empresarios, enojados. Al respecto, fuentes del sector empresario aseguraron a la prensa que «hace un mes hicieron los mismos allanamientos y no encontraron nada», por lo que sostienen que «con esto se busca reeditar la pelea con el sector agropecuario en un año electoral».
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Los granos, bajo la lupa
Segundo caso de evasión. Hace una semana, una asociación ilícita tributaria fue detectada en la ciudad bonaerense de Necochea, destinada a sortear el pago de impuestos en la comercialización de soja y maíz, que dio lugar a una denuncia penal del organismo y a la detención de cinco personas. En aquel caso, y en los allanamientos de ayer, se trata de una extensa red económica de productores operaba sin exteriorizar sus ventas al fisco, y evadía así el pago de los tributos correspondientes.
Los agricultores vendían en negro sus granos a distintas empresas intermediarias. Tales asociaciones compraban los granos sin registrar y los blanquean, para luego venderlos a exportadoras de gran relevancia.
Buscan saber desde cuándo. Marcelo Quintiliani, abogado de la AFIP, explicó en diálogo con C5N que en los procedimientos se busca «facturación, documentación, agenda», para tratar de «determinar desde cuando se comete el ilícito».
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