Investigan a De Vido y a funcionarios locales por el posible desvío de 25 millones de pesos. Es en el marco de posibles convenios “mellizos” para la remodelación del anfiteatro.
Villa María. Una denuncia presentada este año en la Fiscalía Federal de la ciudad de Villa María derivó ayer en el inicio de una investigación que involucra al exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y tres exfuncionarios municipales de Eduardo Accastello.
La sospecha es en torno de fondos para remodelar el escenario del anfiteatro, lo que sumó un capítulo más a las investigaciones por manejos del dinero público durante el gobierno kirchnerista.
El extribuno de Cuentas José Naselli denunció en marzo pasado la existencia de convenios “mellizos” por 25 millones de pesos para incorporarle al escenario del anfiteatro una plataforma giratoria. Ambos acuerdos tendrían la misma fecha y objeto, pero en uno el control y ejecución estarían a cargo de la Municipalidad, y en el otro del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder).
Ahora, esa causa pasó a la Fiscalía Federal 7 de Buenos Aires a cargo de Ramiro González, quien elevó ayer el requerimiento de instrucción para todos los firmantes del convenio.
Son el concejal Carlos De Falco, por entonces presidente del Tribunal de Cuentas, y su par Verónica Navarro, quien era secretaria de Economía y Finanzas. Junto al fallecido Javier Suppo, a cargo de la Intendencia por licencia de Accastello, firmaron el convenio por parte del municipio, mientras que De Vido y Fatala lo hicieron por la Nación.
Otras causas
La causa es independiente de otra abierta por la Auditoría General de la Nación, en cuanto a supuestos sobreprecios del 148 por ciento promedio en obras realizadas por el Eninder. Allí se incluye el techado del anfiteatro, que se inauguró en 2011 y por el que la Nación pagó 23 millones de pesos. También un puente entre Villa María y Villa Nueva y la pavimentación de calles en municipios que integran el ente.
Aparte hay otra causa en la Justicia provincial desde 2009 por supuestos sobreprecios en la remodelación de la costanera y alrededores del anfiteatro. Es una denuncia del exlegislador Alejandro Roganti, quien estimó costos por cuatro millones de pesos para una obra que se pagó el doble. Investiga el fiscal de Instrucción de Tercer Turno, René Bosio, quien en los últimos meses le dio nuevo impulso al expediente, llamando a varios testigos a declarar, entre ellos al denunciante.
Dame dos
Casi por casualidad, Naselli advirtió la existencia de dos convenios casi idénticos. Al leerlos notó diferencias de cinco puntos en el porcentaje de adelanto a la empresa contratada (Ivecor) y la aparición del Eninder como intermediario.
“El municipio comenzó a hacer adelantos hacia el Eninder con partidas que tenían otros fines, como viviendas, a cuenta del dinero que supuestamente llegaría de la Nación. Pero de los 25 millones no tenemos registro de que hayan ingresado. Y la misma obra se hizo con unos 10 millones”, recordó Naselli.
Desde la Fiscalía Federal 7 de Buenos Aires, el secretario Mario Castillo dijo a radio Líder que se trata de una “investigación recién por iniciarse” y aclaró que “en el requerimiento de instrucción no está (Eduardo) Accastello”, contrastando las primeras informaciones, que daban como imputado al exintendente de Villa María.
Tanto De Falco como Navarro aseguraron ayer no tener notificación de parte de la Justicia por este caso.
“No hay ninguna imputación para nadie. En la fiscalía se recibió el expediente con una denuncia en la que se cuenta una serie de hechos. Yo estoy seguro de no haber cometido ningún delito”, agregó el concejal.
Accastello fue uno de los referentes del kirchnerismo en Córdoba, con vinculación directa a Julio De Vido, relación que utilizó para que el Eninder recibiera fondos para la realización de obras.
CBI, otra caja bajo la lupa
Cordubensis. Sobre los 290 mil dólares en una caja de seguridad en común que tenían Accastello y el exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú en la financiera CBI, el fiscal federal Enrique Senestrari dijo: “No tenemos datos de que sean por evasión o lavado, pero sí sospechas sobre la legitimidad de la tenencia de este dinero”.
Ag. de Noticias: La Voz
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