Desde hace más de una semana, el Complejo Esperanza, el centro para adolescentes menores de edad en conflicto con la ley penal que siempre parece a punto de explotar, no deja de generar todo tipo de malas noticias.
¿Por qué este centro vive en permanente ebullición? Las razones de un fracaso de años…
Tras la fuga de seis jóvenes el viernes 9 al anochecer, caso que dejó a cuatro guardias internos en la mira por presuntas complicidades, sobrevino un motín el domingo 11 y otra revuelta el lunes 12 a la mañana.
En tanto, entre el martes 13 y el viernes último, los guardias amenazaron varias veces con amotinarse, en protesta por las sanciones a sus compañeros.
Además, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se decidió durante la semana cambiar de lugar al delegado interno del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Julio Juárez, lo que originó otro principio de protesta.
Detrás de esta seguidilla de informaciones sobre el Complejo Esperanza, otra vez quedaron al descubierto las falencias estructurales de un sector clave para la resocialización de los adolescentes que terminaron en la mira del sistema penal juvenil por distintos delitos.
“Siempre que se quieren producir cambios y mejoras en el funcionamiento del Complejo Esperanza, parece que no es casual que se produzcan estas situaciones violentas”, aseguró el ministroLuis Angulo durante la semana pasada, en una entrevistaconLa Voz .
Angulo asumió que la capacitación de buena parte de los guardias internos no era la adecuada, por lo que anunció un concurso para incorporar nuevo personal.
De manera paralela, en la Justicia provincial terminó un juicio contra cinco guardias acusados de golpear a jóvenes allí alojados, en 2005.
Al concluir las audiencias, la jueza Mónica Traballini advirtió que los imputados no tenían ningún tipo de formación para ejercer esos cargos.
“Ellos no se designaron: alguien los designó”, subrayó la magistrada.
Su frase lejos está de ser una anécdota, ya que revela de manera simple la génesis de un problema que se tornó estructural.
Después de la ley
En los últimos días, La Voz habló con fuentes que forman parte de la vida diaria del Complejo Esperanza. Funcionarios, empleados, docentes y familiares de internos trazaron un panorama de una realidad que pocas veces llega a la agenda mediática.
Esta historia de desencuentros internos se remonta a 2007, cuando, luego de adherir a la ley nacional 26.061, de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (con algunas reservas), la Provincia comenzó a instaurar importantes modificaciones.
No se trata de que lo anterior era mejor, sino de que este proceso que comenzó en esa época derivó en el caos actual, ya que no fue acompañado por un cambio total.
Aquel año, el lugar fue renombrado, al igual que los cinco institutos internos.
A esa altura, existía un grupo de guardias internos antiguos que habían recibido una capacitación amplia 10 años antes.
Sin embargo, de un momento a otro fueron incorporados más de 100 guardias nuevos, la mayoría de los cuales sólo tenían como carta de presentación haber militado para algún puntero político de turno.
Esto generó una ruptura entre los mismos guardias, diferencias que permanecen hasta hoy.
“No somos todos iguales; es injusto que se meta a todos en la misma bolsa”, es la queja que hoy dejan trascender los primeros.
Entre otros cambios, la requisa profunda a las visitas se prohibió, al igual que todo método de control que pudiera parecerse a un establecimiento carcelario.
Si bien en la teoría se trataba de una medida lógica, el problema que se advirtió en estos años es que no se logró coordinar un método alternativo que fuera eficaz.
“La distribución de los espacios al interior de los módulos y los lugares que ocupan los jóvenes y los guardias es muy similar al de las cárceles para adultos, sin que se pueda identificar características propias de ‘establecimientos socioeducativos’, como suelen ser denominadas estas instituciones”, apuntaron en 2013 la Comisión Provincial de la Memoria y los observatorios de Derechos Humanos de las universidades nacionales de Córdoba y de Río Cuarto.
Más que una política concreta, se advierte que el Complejo quedó a merced de una superposición de ideas y teorías, sin una coordinación más general.
Por ejemplo, cuando a la mañana un adolescente no quiere ir a clases, las posturas son encontradas.
El guardia lo quiere llevar obligado, el docente solicita que vaya y otro asistente técnico replica que no puede hacer nada en contra de su voluntad.
Y cuando alguna autoridad llega y advierte que el joven está en la cama, sin hacer nada, llega una reprimenda a los empleados.
También ocurre lo contrario: hay guardias que castigan a los adolescentes por cuenta propia y no les permiten hacer actividades, todo a espaldas de los directivos.
Esta descoordinación también se advierte más arriba. No sólo entre los directores de cada instituto, sino en el mismo Gobierno.
Hoy, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que está a cargo del Complejo Esperanza, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hasta diciembre pasado, con la anterior gestión provincial, formó parte del organigrama de Desarrollo Social.
El estado de deterioro con el que se encontraron las nuevas autoridades en ese diciembre no dejó de llamar la atención, por más que esos reproches no se digan en voz alta.
El día después
“Hoy, después de los días de visitas, hay un descontrol total. Es mucha la droga que corre entre los chicos; pastillas, marihuana y cocaína”, resumió uno de los entrevistados.
En esta cadena, las complicidades internas no pueden dejarse de lado.
Alguien entra la droga, pero también alguien mira hacia otra parte.
Las fuentes coinciden que el domingo pasado, cuando ocurrió el motín en el instituto Pasos de Vida, un pequeño grupo de guardias agitó a los adolescentes, que reaccionaron con violencia.
“Les decían que era día de pago. Que si no pagaban los ‘favores’ les iban a entrar a secuestrar los teléfonos y la droga”, contó otro de los informantes.
En medio de todas estas tensiones, existe una puja entre el Gobierno provincial y el SEP para que los empleados internos, los guardias, tengan un rango similar a los que trabajan en tareas de seguridad: trabajo de alto riesgo y jubilación anticipada.
Además, el Gobierno propone un nuevo régimen laboral de 12 horas de trabajo por 36 de franco, a diferencia de las 24 por 72 de hoy, lo que ha ocasionado resistencias.
Todo este caldo no es ajeno a la llamativa fuga del viernes 9 (tres de los adolescentes ya fueron recapturados) y los desmanes posteriores.
La sensación gubernamental es que los jóvenes son utilizados como una suerte de punto de ebullición en medio de la negociación con los empleados.
Al mismo tiempo, cuatro guardias del instituto Horizontes, que tenían que trabajar el mismo día, presentaron carpeta médica, lo que originó no sólo una situación caótica adentro del Complejo Esperanza, sino que también motivó una investigación administrativa en contra de ellos.
Esto generó otra situación de conflicto, días antes de que sucediera la fuga.
Todo demasiado encadenado.
Ag. de Noticias: La Voz
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