Gerónimo “Momo” Venegas es uno de los más fieles aliados de Macri en el mundo del sindicalismo. Desde que volvió a dirigir el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios ya no se contabilizan denuncias por trata laboral en el campo.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) informó que desde diciembre de 2015 las denuncias penales se redujeron a cero.
Las relaciones laborales en el ámbito agrario arrastran desde hace varias décadas los mayores niveles de informalidad de toda la actividad económica argentina. Pero mucho más grave aún son las formas de esclavitud y reducción a la servidumbre ejecutadas por quienes se jactan de servir a la patria cultivando el suelo.
De 2012 a 2015, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) vehiculizó 1.100 denuncias penales por explotación laboral y 68 por trabajo infantil. A partir del 10 de diciembre, el organismo volvió a las manos de Gerónimo “Momo” Venegas, bajo la figura de RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores de Argentina), y el número de denuncias volvió a ser cero.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) manifestó públicamente su preocupación por el drástico descenso de denuncias pero al momento no recibió respuestas. “Hicimos un pedido concreto para saber si la institución va a seguir vehiculizando denuncias. Todavía no nos respondieron”, explicó Alejandra Mángano, cotitular de la PROTEX. La esperanza de la procuraduría esta puesta en que la AFIP u otro organismo retome el trabajo que anteriormente realizaba el RENATEA.
Tratantes conocidos
Entre las más de mil denuncias por distintas formas de explotación, trata o trabajo infantil realizadas por el Estado durante el periodo 2012/2015 algunas se destacaron por la sonoridad de sus protagonistas.
En mayo de 2014, una fiscalización en un campo de Entre Ríos detectó a dos trabajadores viviendo en una casa sin luz ni agua potable, que cobraban cuatrocientos pesos por mes. Estas personas no sabían leer ni escribir y estaban en esas condiciones desde que empezaron a trabajar en esa finca, en 1976. El establecimiento pertenecía a la familia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.
En 2014 se encontraron dos trabajadores viviendo en una casa sin luz ni agua potable, que cobraban cuatrocientos pesos por mes. El establecimiento pertenecía a la familia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.
Los hermanos Sergio y Antonio Cornejo empezaron a hacer changas en el campo “La Hoyita”, propiedad de la familia Etchevehere a finales de la última dictadura cívico militar. Jamás recibieron un recibo de sueldo ni las mínimas condiciones para realizar sus labores. Sí recibieron amenazas, ofertas de dinero en efectivo y hasta una casa, a cambio de negar la vinculación laboral con la familia del presidente de la Sociedad Rural Argentina.
En la provincia de Misiones, una inspección de rutina descubrió 40 tareferos entre los que había menores de edad, trabajando y viviendo en condiciones infrahumanas. No tenían acceso a agua potable, electricidad o baños y estaban obligados a comprarle la comida a su empleador. El dueño del campo era el ex gobernador de Misiones y ex Presidente Ramón Puerta.
Aunque el trabajo infantil está tipificado en el código penal, se hicieron inspecciones oculares y hay más de 40 testimonios que ratifican la denuncia. La causa contra Ramón Puerta no registra avances significativos desde agosto de 2015. Y como si fuera poco, Mauricio Macri premió a Puerta nombrándolo embajador en España.
El periodista Sebastián Premici siguió estos casos en el diario Página 12 y publicó recientemente el libro “De patrones y peones: los aliados esclavistas de Mauricio Macri”. Para Premici la explotación en el campo “viene sucediendo desde hace muchísimos años y está invisibilizada por los poderes fácticos reales, por la justicia y por los medios de comunicación”.
Alejandra Mángano explicó a Nuestras Voces que “los casos de explotación laboral en campo, son de muy difícil detección por las características propias del campo, el tamaño y la extensión, y la irregularidad que suele haber en algunos sectores de la industria agropecuaria”.
La PROTEX fue creada en 2013 y se encarga de prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas y delitos conexos a la trata. Mángano aclara que si bien Argentina adhirió al protocolo contra el trabajo forzoso establecido por la OIT, todavía se espera la ratificación de la decisión.
La sombra del Momo
Gerónimo “Momo” Venegas es secretario general de la UATRE, gremio de los trabajadores del campo, desde la década del 90. También es presidente de OSPRERA, la obra social del gremio, y estuvo a la cabeza del RENATRE de 2002 a 2012, cuando el organismo fue estatizado y pasó a llamarse RENATEA. Además, es fundador y máximo referente del partido “Fe”, espacio que se organizo alrededor de su figura en 2013. Cuando “Fe” se integró a la alianza Cambiemos en 2015, Macri prometió devolverle el RENATRE, promesa que cumplió al ganar las elecciones y que además fue legitimada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación que anuló el proceso de estatización.
El RENATRE está integrado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederaciones Rurales Argentina (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El día en que Venegas lanzó el nuevo RENATRE dijo que buscará “terminar con el trabajo en negro y el infantil”.
El “Momo” es actualmente el sindicalista que apoya con mayor entusiasmo a Mauricio Macri. Quizá por esto de que “Macri viene cumpliendo con todo lo que prometió en campaña”, tal como dijo en varias oportunidades.
La empresa Gregard S.A. que tenía tercerizada la función fiscalizadora cobró 10 millones 800 mil pesos entre 2010 y 2011 para “no encontrar nada”.
Durante los diez años de gestión compartida entre la UATRE y las cámaras patronales que integraron la Mesa de Enlace, no se contabilizaron denuncias por explotación laboral y/o trabajo infantil en el campo. La empresa Gregard S.A. que tenía tercerizada la función fiscalizadora cobró 10 millones 800 mil pesos entre 2010 y 2011 para “no encontrar nada”. Sospechosamente, el domicilio de esta empresa era exactamente el mismo que el de la UATRE: Reconquista 630.
Además, los campesinos o trabajadores del campo que quisieran realizar denuncias de trata, explotación o malas condiciones laborales debían comunicarse con el organismo a través del 0800-777-MOMO, la línea de teléfono dispuesta para recibir este tipo de reclamos. Esto dio como resultado que durante la gestión de Venegas se contabilizaran entre 15 y 20 denuncias anuales y desde la estatización del organismo las denuncias se multiplicaron en un 14.000%: cada día se recibieron entre 15 y 20 llamadas para hacer pública las situaciones de trata y explotación en el campo.
La trata invisibilizada
Las cifras de denuncias y personas rescatadas de redes de trata en la Argentina no solo descendieron escandalosamente en el ámbito agrario, sino que disminuyeron en términos generales. Según cifras de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, mientras que en 2015 se rescataron a 2.110 personas, desde enero a agosto de 2016 el número de rescates descendió a 299, es decir un 70% menos.
Según cifras de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, desde enero a agosto de 2016 el número de rescates descendió a en un 70%.
Desde abril de 2008, fecha de sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, cada año el número de personas rescatadas se incrementaba significativamente. Al parecer, el descenso de este indicador será otro “ajuste” de la gestión de Macri al frente del ejecutivo.
Fuente: Ag. Noticias (N.V.)
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