Uno de los puntos de la reforma que presentaron Cambiemos y el PJ ordena desactivar los nombramientos irregulares. Lo impulsaría una vez que se vote la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal. Estiman que serían más de mil durante la gestión de la Procuradora.
Una de las reformas del Ministerio Público incluye una cláusula que permite revisar las designaciones realizadas por la ex procuradora, Alejandra Gils Carbó, desde que asumió en el 2012.
En total hay cerca de 1.500 nombramientos en la mira, de los cuales sospechan que se habrían realizado más de mil en forma irregular.
A partir del análisis de los datos presentados en las distintas leyes de Presupuesto y de otros documentos oficiales ajenos a la Procuración, en el Gobierno detectaron que en los últimos cinco años, bajo la gestión de Gils Carbó, el organismo incrementó su dotación de personal «sin justificación y con un amplio objetivo político».
Así, señalan que en el período 2012-2016, el total de empleados del Ministerio Público pasó de 4.134 a 5.635, lo que implica un aumento del 36% en la dotación de personal. Esto provocó un crecimiento exponencial en el desembolso en personal: de $1.125.835.263 en 2012 a $4.802.349.938 presupuestados este año. Un incremento de casi el 300 por ciento.
Desde la Casa Rosada preocupa la discrecionalidad y el destino de los empleados: advierten que «la mayoría son de funcionarios de alta jerarquía» y que no cumplen con los parámetros que fijan los concursos.
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