Cuestionarán en la Justicia la conformación de la Bicameral que debe aprobar el DNU de Macri. El gobierno nacional designó el 28 de diciembre a cinco diputados para la Comisión Bicameral que deberá ratificar los DNU del Poder Ejecutivo, violando la proporcionalidad de representación.
Una de las opciones que analiza un sector de la oposición en el Congreso de la Nación para frenar el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 27/18 que promulgó el presidente Mauricio Macri es la presentación de una medida judicial para obligar al oficialismo a cambiar la conformación de los integrantes de la Comisión Bicameral de seguimiento de Trámites Legislativos (encargada de ratificar estos decretos), al haber violado la representación proporcional que fija la Ley Nº 26.122, imponiendo cinco diputados de Cambiemos sobre un total de ocho miembros.
“Cómo puede ser que teniendo el 40 por ciento de legisladores en Diputados imponga el 70 por ciento de los miembros” manifestó una alta fuente del Congreso de la Nación en diálogo con La Nueva Mañana.
La Ley Nº 26.122, sancionada en 2006, especifica en su artículo tercero que “la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas”.
“Están violando el sistema de representación establecido por el D´Hont (método de promedio mayor para asignar bancas en sistemas de representación proporcional por listas electorales) solo porque pueden hacerlo al ser propuestos por los presidentes de ambas Cámaras” aseguró un histórico dirigente opositor ante la consulta de este medio.
Cambiemos tiene 107 Diputados Nacionales sobre 257, lo que representa un cuarenta por ciento del total de los parlamentarios, pero en la Comisión Bicameral impuso el setenta por ciento. El listado de miembros correspondientes a la Cámara Baja fue oficializado a través de una resolución el 28 de diciembre pasado.
Allí fueron propuestos los diputados oficialistas Ezequiel Fernández Langan, Martín Hernández, Fernando Iglesias, Luis Petri y Pablo Tonelli. Por la oposición quedaron a consideración Marcos Cleri y Máximo Kirchner por el Frente para la Victoria-PJ y Pablo Kosiner del bloque Justicialista completando los ocho miembros por Diputados.
En tanto en el Senado todavía falta designar una igual cantidad de representantes, pero en este caso existe paridad entre las dos principales bancadas, así Cambiemos tendrá tres integrantes, y otros tres quedarán para el bloque comandado por Miguel Pichetto, mientras que un lugar quedará para el FPV (se menciona para ocupar el lugar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner), y el restante, para el Interbloque Federal, que conduce Adolfo Rodríguez Saá.
El Gobierno estableció a través del DNU una amplia reforma del Estado que debe ser avalada en el Congreso y que con la nueva composición parlamentaria Cambiemos se aseguró la mayoría en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, violando la representación equitativa de las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados de la Nación.
De esta forma la alianza oficialista se alzará con la mitad de los miembros de la Bicameral, y en caso de que toda la oposición se exprese en contra del DNU de desburocratización estatal, Cambiemos podrá desempatar a su favor con la firma del presidente, que este año le corresponde al oficialismo y se espera que ese lugar sea ocupado por el radical Luis Naidenoff.
Según la Ley Nº 26.122 “el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”. Ese cuerpo “debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento”. El DNU fue promulgado por el presidente el pasado 11 de enero, pero como se mencionó, todavía falta la designación de los ocho senadores que terminarán por completarla.
Para validar el DNU, basta con la aprobación de una de las dos cámaras, mientras que para rechazarlo -y en consecuencia, derogarlo- es necesario el aval tanto en Diputados como en el Senado. Este es otro escenario que la oposición está analizando, ya sea convocando a sesiones extraordinarias en el Congreso o cuando este comience sus actividades en marzo.
Antecedente con participación cordobesa
En medio de la disputa política que mantenía Julio Cobos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010, tras el voto no positivo del mendocino a la Resolución 125 que imponía las retenciones móviles a las exportaciones del agro, el entonces vicepresidente de la Nación, con el guiño de la oposición, desbancó de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo a la senadora nacional Beatriz Rojkes de Alperovich (había sido designada en esa función un año antes) para reemplazarla por el entonces senador por Córdoba, Luis Juez, dejando al kirchnerismo en minoría en la comisión clave para la aprobación de los DNU en el Congreso.
De este modo, la maniobra política pergeñada por la oposición y por el vicepresidente de la Nación para trabar cualquier DNU de la expresidenta dejaba la Comisión Bicameral por parte del Senado conformada por: Luis Petcoff Naidenoff; Ramón Mestre (actual intendente de la ciudad de Córdoba); Adolfo Rodríguez Saá; Liliana Negre de Alonso; Luis Juez (todos opositores) y Nicolás Fernández; Miguel Pichetto; y Marcelo Guinles (oficialistas).
Pero como el artículo cuatro de la Ley 26122 que la regula establece claramente que “los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen y pueden ser reelectos”, la Justicia, adonde había acudido la propia damnificada, terminó ordenándole a Cobos la reincorporación de la senadora.
Fue el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, quien resolvió la restitución de la legisladora tucumana en la Comisión Bicameral que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia al considerar que se violaba la ley y el reglamento de la Comisión en tanto el mandato de sus integrantes dura hasta la siguiente renovación de la Cámara y no podía ser removida de su cargo.
¿La representación proporcional establecida por la misma ley también deberá hacerse cumplir por la Justicia? Esa es la opción que hoy analizan desde los partidos opositores al gobierno que ya acumula una denuncia penal en contra del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y todos los ministros del gabinete nacional por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional”.
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