Los jueces que integran el tribunal entendieron que los ocho meses de prórroga de la prisión preventiva constituyen un «lapso prudencial», y destacaron que ese es «el tiempo que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado».
Los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti, tomaron la decisión «teniendo en cuenta la amenaza de pena en expectativa y que se mantienen actualizados los riesgos procesales del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación», según dejaron asentado en su fallo.
Los riesgos procesales «no han desaparecido por el mero paso del tiempo, sino que por lo contrario, al encontrarnos en la etapa final del proceso, es donde deben extremarse las medidas a efectos de que el mismo no se vea frustrado u obstaculizado», sostuvieron.
«El mantenimiento en detención bajo prisión preventiva del encartado –ratificado en las incidencias articuladas- tuvo y tiene sustento en riesgos que este Tribunal aún considera subsistentes, los cuales fueron y siguen siendo aspectos ponderados en la medida que no se ha modificado el estatus de peligrosidad procesal que se estima presente en el caso de Lázaro Antonio», remarcaron los jueces.
El ex titular de la empresa Austral Construcciones fue detenido el 5 de abril de 2016, cuando el juez federal Sebastián Casanello entendió que había peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Ese día, Báez abordó un vuelo desde Río Gallegos con destino a la Capital Federal y al llegar a Buenos Aires fue arrestado.
Desde ese momento, el empresario se encuentra alojado en el penal de Ezeiza y en abril de 2018, cuando se cumplieron dos años de su prisión preventiva -máximo establecido por la ley-, su defensa pidió la liberación, pero la Justicia determinó extender el arresto.
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