Movimiento de campesinos protesta por el remate de tierras ancestrales
Se movilizará hacia Tribunales I. Reclama por un campo de 13 mil hectáreas, sujeto de un proceso de quiebra. Aduce que más de 50 familias viven y producen en esas parcelas.
Pequeños productores y familias campesinas del norte provincial, nucleados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), realizarán hoy una protesta frente al Palacio de Tribunales I en reclamo de los derechos posesorios de cientos de habitantes ancestrales de esa región.
En esta oportunidad, los manifestantes pretenden que se reconozca como poseedores de un campo de 13 mil hectáreas – ubicado en el departamento Ischilín, a 50 kilómetros de Quilino- a medio cententar de familias que desde hace décadas viven y producen en esas tierras.
La situación de los campesinos es delicada puesto que, de avanzar la quiebra -que es tramitada en el juzgado 52º Nominación Quiebras y Concursos a cargo de Marcela Susana Antinucci-, pueden perder los campos.
En diálogo con Comercio y Justicia, la abogada Victoria Gauna, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), remarcó que el desalojo de estas personas tiene una implicancia social muy grande, al tiempo que remarcó que la sindicatura ha desconocido que el campo en cuestión esté siendo ocupado por más 50 de familias.
Además de la vía judicial, Gauna explicó que presentaron una iniciativa en la Legislatura Unicameral para que el Estado provincial expropie el campo en cuestión , algo que hasta el momento no está siendo debatido ni siquiera en comisión.
Una realidad extendida
La abogada estimó que en la justicia provincial son un centenar las causas que en distintas instancias tienen como demandados a campesinos. El flujo mayor de juicios se inició en 2001 cuando se modificó el modelo productivo. «La falta de títulos de esta gente motivó que se iniciaran demandas penales por usurpación», explicó Gauna.
El caso emblemático fue, sin dudas, el de la anciana Ramona Bustamante, quien fue desalojada por la policía en enero de 2004 y posteriormente denunció por «estafa» a Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, supuestos compradores del campo del paraje Las Maravillas, en el departamento Tulumba. Al sobreseerlos la Justicia de Deán Funes el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el cual suspendió el desalojo y dispuso reenviar la causa a la cámara de origen para que emita un nuevo pronunciamiento.
Jurisprudencia
La realidad de El Chacho
En mayo pasado, un fallo del TSJ benefició a ocho campesinos de El Chacho, un pueblo del noroeste de Córdoba. El juicio fue iniciado por el supuesto dueño de un campo de 2.700 hectáreas, utilizado en una economía comunitaria por familias campesinas, quienes vivían en ese lugar desde hacía décadas, aunque sin títulos que avalara esa posesión.
El supuesto propietario, Martín Buttié, también inició una causa penal, convirtiendo a los campesinos en usurpadores de sus propias tierras. En 2008, la Cámara de Cruz del Eje, a cargo de Ricardo Py, los condenó por el delito usurpación y ordenó que el campo fuera restituido a Buttié. Los abogados del MCC apelaron la sentencia y el TSJ absolvió a los supuestos usurpadores, a quienes consideró «poseedores ancestrales», «en su gran mayoría pobres y de escasa instrucción», perjudicados por «la falta de saneamiento de títulos».
Título o posesión
Según el Código Civil, para adquirir la propiedad de un inmueble es necesario que concurran varios requisitos: pagar el precio, la tradición -entrega efectiva del inmueble-, la escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Esta última condición es declarativa, no constitutiva, es decir, da publicidad a la adquisición pero la sola inscripción no constituye el derecho de propiedad. El requisito que sí es indispensable para que la adquisición del dominio sea completo es la «traditio», que es tener la posesión efectiva de la cosa.
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