Los principales sectores productivos cordobeses estarán entre los que mayores dificultades, tendrán a raíz de las últimas medidas oficiales. «Este escenario puede durar mucho todavía», auguró el analista. Dante Sica.
El impacto de las medidas de administración del comercio exterior está entre las principales preocupaciones de los empresarios en 2012, sobre todo a partir de que la administración de Cristina Fernández decidió profundizar los controles, en octubre del año pasado. Según el análisis del economista Dante Sica, titular de la consultora Abeceb.com, «estamos ante una economía en la que los grados de intervención van a ser cada vez mayores y más profundos» en la medida en que el Ejecutivo nacional no corrija los «desequilibrios macro» -la inflación y el déficit comercial en el sector energético-. En ese marco, puntualizó que los principales sectores productivos cordobeses estarán entre los que mayores dificultades tendrán a raíz de las últimas medidas oficiales. «Este escenario puede durar mucho todavía», auguró el analista.
Sica pasó ayer por Córdoba, invitado por la Cámara de Comercio Exterior (Cacec) para exponer ante más de medio centenar de empresarios acerca del impacto sectorial de la nueva política comercial.
Evaluó que hubo en cambio en la política económica a partir de octubre de 2011, «muy drástico», que se está acentuando este año. «Lo que teníamos hasta mediados del año pasado eran las licencias no automáticas (LNA) y una administración para tratar de cubrir las consecuencias de la crisis internacional. Pero el Gobierno cambió y ha pasado a un sistema mucho más intervencionista con un control de cambio muy fuerte y esto impacta sobre el comercio exterior».
Este cambio en el comportamiento se produjo, según su análisis, por la preocupación oficial en la cantidad de dólares excedentes en la balanza comercial, dado que el año pasado Argentina dejó de ser superavitaria en materia energética. «La visión del Gobierno es tratar de cuidar los dólares y lo hace en el sector que es tradicionalmente deficitario en dólares, que es el sector industrial», indicó.
En ese marco, Sica interpretó que el Ejecutivo optó por extender los controles. Hasta el año pasado afectaba sobre todo a bienes terminados, a un grupo de 932 productos e impactaba sobre todo en los importadores. Ahora extendió las medidas a los insumos para la producción, a todos los bienes importados, con incidencia en buena parte de los sectores productivos.
De acuerdo con el análisis de Sica, por ahora la prioridad oficial es que los importadores puedan obtener los dólares para comprar insumos para la producción, de manera que no se afecte o detenga el proceso productivo. «El resto, todo lo que vaya a mercado de reposición, reparaciones o bienes de consumo final que puedan llegar a tener algún tipo de sustitución perfecta o imperfecta, de alguna manera el Gobierno lo trata de retrasar o de frenar», opinó Sica.
El consultor anticipó a los empresarios que estas medidas «van a durar mucho» y que éstos tendrán que «acostumbrarse al control de cambios y a la administración del comercio exterior». Según su opinión, estas medidas «pueden generar problemas, pero no se trata de un escenario que vaya a estallar, a no ser que algunas cámaras empresas comiencen a oponerse más firmemente. Por ahora sólo saltaron algunas válvulas, a nivel de algunos gobernadores que se han quejado», dijo.
El analista comentó que actualmente «están faltando repuestos para productos electrónicos de las familias; no hay la variedad suficiente en los comercios de los bienes duraderos; y empieza a haber autos importados que sufren faltante de piezas cuando uno los lleva a reparar».
Desde el punto de vista del sector productivo señaló que «hay hechos aislados, pero que empiezan de a poco a generalizarse: en todos los sectores empezamos a ver empresas que tienen medio día, un día o dos días de suspensiones por problemas en insumos».
Sector por sector
El panorama planteado por Sica indicó que hay algunos sectores que pueden tener mayores «dificultades» por las medidas oficiales, porque en su matriz de producción requieren muchas piezas importadas. Entre ellos ubicó el automotor, el energético, el electrónico, las cadenas mayoristas, la industria química (por los fertilizantes) y de bienes de capital (en mayor parte, maquinaria agrícola).
El panorama es preocupante para Córdoba, pues entre esos sectores se encuentran los más dinámicos en la provincia, que pueden ver agravarse el suministro de insumos en tiempo y forma.
Según el analista, un hecho peligroso surgido a partir de las medidas oficiales es que «no está claro» que la industria nacional esté en condiciones de sustituir muchos de los insumos frenados en el corto plazo. «No tenemos un detalle real de cuánto podemos reemplazar si quisiéramos sustituir importaciones», explicó Sica.
Los efectos de la administración de las importaciones pueden generarse a nivel productivo, de la inversión y de la competitividad. «Más que la producción, puede impactar en la reposición y en el mantenimiento de los bienes de capital de las empresas. Nada de esto hará caer, por ahora, la actividad industrial, pero habrá problemas en más sectores si los mecanismos no se agilizan», estimó.
En términos de inversiones, Sica estimó que las medidas pueden afectar porque «muchos proyectos están frenados, pues advierten problemas en el abastecimiento de insumos y de bienes de capital. En ese marco, Brasil aprovecha», consideró.
Por último, en lo relativo a la competitividad las medidas podrían impactar negativamente, pues «inciden sobre precios», por los mayores costos administrativos y de abastecimiento.
Avance de la negociación salarial
«Las primeras paritarias cerraron 4 ó 5 puntos por debajo del año pasado»
Con relación al futuro de las negociaciones salariales, que están empezando su período más intenso, el titular de Abeceb.com señaló que «las primeras negociaciones que se están cerrando se están discutiendo con un valor menor» al de 2011, aunque advirtió que aún no pueden sacarse conclusiones pues restan los arreglos de los sectores más importantes del ámbito privado.
«Las pocas que se cerraron están en promedio 4 ó 5 puntos por debajo del cierre del año pasado. Por ejemplo, los aceiteros cerraron el año pasado en 27% y ahora en 24%; los docentes, cerca de 30% en 2011, este año Córdoba dio 25% de aumento, Capital Federal 23% y Buenos Aires casi 21%», relató Sica.
De todas maneras, aún faltan acordar los gremios más importantes dentro del sector productivo, y el conflicto entre Moyano y el Ejecutivo nacional agrega otro componente de incertidumbre. Lo que pasaba hasta el año pasado era que el sindicato de los camioneros, que cierra su negociación en julio, la adelantaba a febrero, para dar una señal hacia adelante.
Si bien las primeras negociaciones han sido por porcentajes inferiores a los de 2011, aún no se han cerrado paritarias importantes dentro del aparato productivo y ello deja margen para la incertidumbre. «El grueso de los empleados privados están en la UOM y Smata, en Comercio, Bancarios y la UTA. Esos gremios son los que fijan la secuencia, los que ponen el termómetro de discusión salarial», comentó el analista.
De todos modos, estimó: «Vamos a una negociación salarial con una discusión menor a la del año pasado. De todas maneras, no alcanza todavía para quebrar expectativas inflacionarias», cerró.
«Se podría hacer lo mismo sin la reforma en el Banco Central»
Otro tema de gran interés dentro de la agenda económica nacional es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Ejecutivo, que ya fue aprobada en Diputados. Si bien Sica se mostró de acuerdo con los cambios implementados, consideró que más que profundizar el direccionamiento del crédito el Gobierno busca captar otra fuente de financiamiento.
«No soy de los que creen fervientemente en la independencia de los bancos centrales, más aún en economías como las nuestras, de fuertes volatilidades, que les ha costado mucho tener estabilidad en su crecimiento. Por eso, creo que debe existir coordinación del Banco Central con el Gobierno en la política económica. Que en el fondo es lo que ha pasado en los últimos años. Esto no me asusta», opinó Sica.
Según su análisis, el problema no es la mayor flexibilidad que gana el Gobierno en el manejo de la política económica sino la «perdida de confiabilidad por parte de los actores económicos, pues no queda claro para qué se hace esta reforma», evaluó.
Su opinión es que «se está deteriorando el superávit fiscal, y cuando este año el Gobierno tomó la decisión de modificar la política de subsidios a la energía y al transporte, transformándolos en subsidios a la demanda, encontró dificultades administrativas y políticas en la implementación».
«El Gobierno necesitaba otra fuente de financiamiento y lo que hace es tomar el Central. El principal objetivo no explícito de la reforma es aumentar la capacidad de financiar el Tesoro con el Banco Central. No estoy en desacuerdo con la reforma, el tema es que así se afecta la confiabilidad de los actores económicos», sintetizó.
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