Los productores agropecuarios, quienes pretenden que el Gobierno libere las exportaciones de trigo -restringidas para garantizar el abasto local-, arrastran una larga disputa con la presidenta Cristina Fernández, y nada indica que cesará sino todo lo contrario.
Los dirigentes de la Mesa de Enlace realizaron un acto en la ciudad sureña de Bahía Blanca para presionar a un Gobierno que, en el tercer día de una huelga comercial que durará una semana, aún no dio respuesta a los reclamos del sector.
El presidente de una de las cuatro entidades en huelga propuso realizar un seguimiento del precio que los productores reciben por el trigo en los próximos días.
«Y si en 10 días no se normaliza el mercado, señores, otra vez haremos un cese de comercialización. Tenemos que continuar, tenemos que avanzar», afirmó Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, durante el acto.
Llambías dijo que «la intención es encontrar soluciones para que al productor no le sigan robando como le vienen robando y lo han perfeccionado en los últimos 5 años», durante una conferencia de prensa previa a la asamblea que la Mesa de Enlace convocó en Bahía Blanca.
La manifestación se concentró en el predio de la FISA, ubicado en el Camino Parque Sesquicentenario.
Llambías agregó que «acá hay quienes se benefician y quienes se amparan en este beneficio. Lo que queremos es que tenga un precio justo».
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, dijo que lo que se está haciendo es gremialismo «porque lo que hacemos es defender el precio de nuestros productores y si no entienden que esto es gremialismo, entonces que me digan qué es el gremialismo».
El vicepresidente 3ro. de la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Jorge Grimberg, dijo que la manifestación en la sede de la FISA «es para ver de qué manera podemos salir adelante. Me parece que si hubiera ganas o decisión se solucionaría».
El dirigente agregó que algunos integrantes de la Asociación de Ganaderos recibieron cartas con amenazas «en las que nos decían que la sede de la entidad podía ser la próxima AMIA (en alusión al atentado contra la mutual israelita ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires) y que yo podía ser el próximo Glasman (por el asesinato del médico ocurrido en Bahía Blanca el 28 de agosto de 2002)».
La Comisión de Enlace de entidades agropecuarias lanzó una campaña de afiches dirigida a la sociedad, en la que consignó que exportadores y la molinería se quedan con $ 2.500 millones producto de pagar $ 200 menos por tonelada a los productores de trigo.
El afiche es parte de la iniciativa para explicar a la sociedad que el sector agropecuario, debido al sistema de cupos para la exportación, percibe $ 0,80 del precio del pan que hoy cuesta $ 8.
Desde que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino el mercado triguero bajo el argumento de resguardar la mesa de los argentinos, el precio del pan sufrió una suba de 140%, según los productores.
Otros dirigentes del sector dijeron recientemente que muchos productores están pidiendo profundizar las protestas y no descartaron un nuevo paro comercial.
La medida de fuerza vigente, que dejó inactivas a las plazas locales de granos, tiene una amplia repercusión política porque se produce nueve meses antes de los comicios presidenciales en los que la presidenta Fernández podría buscar su reelección.
«Hubo un alto acatamiento del paro. Llama la atención que el Gobierno no recoja el guante», señaló más temprano una fuente de las entidades rurales.
En caso de no obtener una solución a sus demandas, los dirigentes agrarios tomarían el fin de semana una decisión sobre el modo en que continuará la protesta.
Entre muchas opciones, los dirigentes podrían continuar la huelga comercial, realizar manifestaciones masivas, pagar impuestos con granos o convocar actos frente a las compañías exportadoras, a las que acusan de pagar un precio inferior al del mercado.
El Gobierno mantiene desde hace años restricciones sobre las exportaciones de trigo, maíz y carne vacuna, con el argumento de limitar la inflación doméstica en un país en el que cerca de un cuarto de la población vive en la pobreza.
«El mercado de trigo se irá equilibrando paulatinamente (el Estado) tomó todas las medidas necesarias para garantizar el precio al productor», aseguró, a través de un comunicado, Julián Domínguez, el ministro de Agricultura.
Pero los chacareros argumentan que el sistema de cupos a las ventas externas no evita las alzas de precios en los alimentos sino que sólo favorece a los molinos y firmas exportadoras, que compran los granos a bajo precio al no haber competencia entre los demandantes.Los productores agropecuarios, quienes pretenden que el Gobierno libere las exportaciones de trigo -restringidas para garantizar el abasto local-, arrastran una larga disputa con la presidenta Cristina Fernández, y nada indica que cesará sino todo lo contrarioLos dirigentes de la Mesa de Enlace realizaron un acto en la ciudad sureña de Bahía Blanca para presionar a un Gobierno que, en el tercer día de una huelga comercial que durará una semana, aún no dio respuesta a los reclamos del sector.Los dirigentes de la Mesa de Enlace realizaron un acto en la ciudad sureña de Bahía Blanca para presionar a un Gobierno que, en el tercer día de una huelga comercial que durará una semana, aún no dio respuesta a los reclamos del sector.
El presidente de una de las cuatro entidades en huelga propuso realizar un seguimiento del precio que los productores reciben por el trigo en los próximos días.
«Y si en 10 días no se normaliza el mercado, señores, otra vez haremos un cese de comercialización. Tenemos que continuar, tenemos que avanzar», afirmó Mario Llambías.
Llambías dijo que «la intención es encontrar soluciones para que al productor no le sigan robando como le vienen robando y lo han perfeccionado en los últimos 5 años», durante una conferencia de prensa previa a la asamblea que la Mesa de Enlace convocó en Bahía Blanca.
La manifestación se concentró en el predio de la FISA, ubicado en el Camino Parque Sesquicentenario.
Llambías agregó que «acá hay quienes se benefician y quienes se amparan en este beneficio. Lo que queremos es que tenga un precio justo».
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, dijo que lo que se está haciendo es gremialismo «porque lo que hacemos es defender el precio de nuestros productores y si no entienden que esto es gremialismo, entonces que me digan qué es el gremialismo».
El vicepresidente 3ro. de la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Jorge Grimberg, dijo que la manifestación en la sede de la FISA «es para ver de qué manera podemos salir adelante. Me parece que si hubiera ganas o decisión se solucionaría».
El dirigente agregó que algunos integrantes de la Asociación de Ganaderos recibieron cartas con amenazas «en las que nos decían que la sede de la entidad podía ser la próxima AMIA (en alusión al atentado contra la mutual israelita ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires) y que yo podía ser el próximo Glasman (por el asesinato del médico ocurrido en Bahía Blanca el 28 de agosto de 2002)».
La Comisión de Enlace de entidades agropecuarias lanzó una campaña de afiches dirigida a la sociedad, en la que consignó que exportadores y la molinería se quedan con $ 2.500 millones producto de pagar $ 200 menos por tonelada a los productores de trigo.
El afiche es parte de la iniciativa para explicar a la sociedad que el sector agropecuario, debido al sistema de cupos para la exportación, percibe $ 0,80 del precio del pan que hoy cuesta $ 8.
Desde que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino el mercado triguero bajo el argumento de resguardar la mesa de los argentinos, el precio del pan sufrió una suba de 140%, según los productores.
Otros dirigentes del sector dijeron recientemente que muchos productores están pidiendo profundizar las protestas y no descartaron un nuevo paro comercial.
La medida de fuerza vigente, que dejó inactivas a las plazas locales de granos, tiene una amplia repercusión política porque se produce nueve meses antes de los comicios presidenciales en los que la presidenta Fernández podría buscar su reelección.
«Hubo un alto acatamiento del paro. Llama la atención que el Gobierno no recoja el guante», señaló más temprano una fuente de las entidades rurales.
En caso de no obtener una solución a sus demandas, los dirigentes agrarios tomarían el fin de semana una decisión sobre el modo en que continuará la protesta.
Entre muchas opciones, los dirigentes podrían continuar la huelga comercial, realizar manifestaciones masivas, pagar impuestos con granos o convocar actos frente a las compañías exportadoras, a las que acusan de pagar un precio inferior al del mercado.
El Gobierno mantiene desde hace años restricciones sobre las exportaciones de trigo, maíz y carne vacuna, con el argumento de limitar la inflación doméstica en un país en el que cerca de un cuarto de la población vive en la pobreza.
«El mercado de trigo se irá equilibrando paulatinamente (el Estado) tomó todas las medidas necesarias para garantizar el precio al productor», aseguró, a través de un comunicado, Julián Domínguez, el ministro de Agricultura.
Pero los chacareros argumentan que el sistema de cupos a las ventas externas no evita las alzas de precios en los alimentos sino que sólo favorece a los molinos y firmas exportadoras, que compran los granos a bajo precio al no haber competencia entre los demandantes.
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