Con los siguientes detalles que se describen someramente en los siguientes párrafos. Garantias compensatorias en favor de los Trabajadores Privados del Derecho de Huelga
Dr. Mauricio Arriagada
Cuando la legislación de un país priva del derecho de huelga a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o a los trabajadores de los servicios esenciales, el Comité de Libertad Sindical ha señalado que, al perder así estas categorías de trabajadores uno de los medios fundamentales para hacer valer sus intereses, deberían disfrutar de una protección compensatoria (OIT, 1996, párrafo 546). El Comité ha sostenido que la restricción de huelga en estas circunstancias vaya acompañada de garantías apropiadas, es decir, “de procedimientos de conciliación y arbitrajes adecuados, imparciales y rápidos, en que los interesados puedan participar en todas las etapas, y en los que los laudos dictados deberían ser aplicados por completo y rápidamente” (ibíd., Párrafo 547). Para el Comité lo esencial es que “que todos los miembros de los órganos encargados de esas funciones no sólo sean estrictamente imparciales, sino que también lo parezcan, tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados, para obtener y conservar la confianza de ambas partes, de lo cual depende realmente el funcionario eficaz de arbitraje, aun cuando sea obligatorio (ibíd., párrafo 549).
Recompensa a no poder realizar reclamos colectivos, en este caso ante un nuevo régimen salarial, que afecta directamente el bolsillo de los efectivos de Gendarmería Nacional Argentina; quienes por ser personal con estado militar se ven imposibilitados de realizar protestas activas ¿Cuál es la opción? El AMPARO COLECTIVO, o acción de Clase, en compensación a encontrarse privados del derecho a huelga, consagrado a nivel internacional, con rango supraconstitucional.
La ministro de seguridad de la nación, mediante circular, que todos los efectivos de la gendarmería nacional se encuentran en situación de apresto en la unidad de revista, bajo apercibimiento de recibir sanciones disciplinarias, y de corresponder el paso a disponibilidad.
Diario La Nación, del Sábado 06 de octubre de 2012 | 13:15, edición digital (http://www.lanacion.com.ar/1515015-highton-de-nolasco-dijo-que-hay-que-tener-cuidado-con-el-reclamo-de-gendarmes-y-prefectos):
La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco dijo hoy que «hay que tener cuidado» con el reclamo que llevan adelante efectivos de Prefectura y Gendarmería por mejoras salariales porque «están armados» y prestan «un servicio público muy relevante».
«No son lo mismo que cualquier trabajador, otros trabajadores pueden protestar de maneras distintas a las que pueden hacerlo quienes tienen armas dadas por el Estado», destacó.
Highton de Nolasco formuló estas declaraciones a la prensa luego de recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Qué pasó . Hoy se cumple el quinto día de protesta de gendarmes y prefectos: reclaman un piso de $ 7000 de sueldo para las categorías más bajas. Como el Gobierno aún no dio una respuesta a esa exigencia salarial, suboficiales de la Gendarmería Nacional convocaron para hoy a sus pares de la Prefectura Naval a una «asamblea general» frente al Centinela. Además, aclararon que acamparán frente al edificio hasta el martes.
Anoche, en una decisión que profundizó la tensión, los jefes de la Gendarmería y de la Prefecturaintimaron a los agentes, mediante radiogramas, a reincorporarse a las unidades, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias.
Hoy, el gendarme Raúl Maza, quien ofició de vocero durante la protesta, aseguró que el Ministerio de Seguridad lo pasó a disponibilidad .
Diario la Nación, Edición Digital del Domingo 07 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa (http://www.lanacion.com.ar/1515149-la-casa-rosada-pone-en-la-mira-al-hermano-de-garre-por-el-decreto)
Por Mariano Obarrio | LA NACION
El decreto 1307 que desató la crisis salarialde Gendarmería y Prefectura fue redactado por Raúl Garré, hermano y jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. El texto fue cuestionado hace meses por Sergio Berni, el segundo de Garré, y por las cúpulas de ambas fuerzas. Berni advirtió que habría una rebelión de gendarmes y prefectos. Y propuso igualar sus sueldos a los de la Policía Federal, hacia arriba. Pero fue desoído.
La Gendarmería y la Prefectura habían acordado en mayo otro decreto con Raúl Garré. Eliminaba pagos no remunerativos, disminuía los juicios al Estado y elevaba los salarios. Pero Raúl Garré se arrepintió y avanzó con el que finalmente firmaron su hermana y la presidenta Cristina Kirchner y que llevó el número 1307.
Así fue la trama no conocida de la crisis, según confiaron a LA NACION funcionarios, militares y altos mandos de seguridad.
En la máxima reserva, una delegación del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, intentaba ayer dar pasos hacia una salida de la crisis que desató aquel decreto. En el Edificio Guardacostas hubo reuniones con el equipo de salarios de la Prefectura. Se acordó avanzar en una resolución o dictamen sin carácter definitivo que garantice, mediante adicionales, un haber mínimo de 7000 pesos.
El equipo de Lorenzino preveía llevarle anoche una propuesta al ministro y éste la analizaría con Berni. La ministra Garré salió de la negociación. Según supo LA NACION lo mismo se conversará con la Gendarmería. En Economía analizan el impacto fiscal, que será grande.
Se dispondrían, además, 6,8 millones de pesos para compensar a los prefectos que sufrieron quitas. «Hay buena predisposición con la gente de Lorenzino», dijeron en la Prefectura. Berni aspira a superar pasado mañana el conflicto, tal como se comprometió el miércoles ante los gendarmes y prefectos rebeldes. Pero no habrá otro decreto. Sería admitir el error del 1307.
¿Por qué no previeron la crisis en Seguridad? Creyeron que los gendarmes y prefectos no protestarían: estaban disciplinados.
En la redacción del decreto, Raúl Garré no estuvo solo. Tuvo asistencia de la Unidad de Auditoría Interna del ministerio. Además, tenía experiencia: como asesor de su hermana en Defensa había frenado reclamos judiciales de militares en las Fuerzas Armadas.
Tuvo además la aprobación del viceministro de Economía, Axel Kicillof, que le había remitido la factibilidad presupuestaria.
La historia viene de lejos. La Gendarmería y la Prefectura tienen sus sueldos «enganchados» a las Fuerzas Armadas, que desde 2005 perciben crecientes sumas no remunerativas («en negro») de hasta un 70% del total de ingresos. Eso perjudicó a los retirados, a los que el kirchnerismo consideró siempre como «represores» de los años 70.
Hubo masivas demandas judiciales al Estado para el «blanqueo» de los sueldos, que fueron favorables a los prefectos y gendarmes.
En el caso de las Fuerzas Armadas, la entonces ministra Garré, impidió los ajustes con interpretaciones de esos fallos que determinaron bajas y no alzas. Los prefectos y gendarmes se beneficiaron con el fallo «Salas» de la Corte Suprema. Pero hubo sueldos de hasta 90.000 pesos.
Al asumir en Seguridad, Garré arremetió contra esas sentencias y logró que la Corte dictara el fallo «Zanotti», que reducía en lugar de aumentar los salarios.
Las cúpulas de las dos fuerzas comenzaron a negociar con Raúl Garré. En mayo acordaron un proyecto de decreto que fijaba salarios razonables, reducía suplementos y pagos «en negro». Berni propuso sin éxito igualar sueldos de prefectos y gendarmes hacia arriba con los de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Pero el 4 de septiembre salió el decreto 1307, en línea con el fallo «Zanotti». Aquel acuerdo había sido ignorado. No había sido consultado con la Prefectura y la Gendarmería y éstas advirtieron sobre las rebajas salariales al 50% del personal.
Además, no recibirían el 21% de aumento anunciado por Cristina Kirchner. «Esto está hablado con Economía, soluciona el problema. Está decidido y no vamos a dar marcha atrás», se plantó Raúl Garré. Luego, Seguridad culpó a las fuerzas por liquidar mal los sueldos.
ADVERTENCIA DE LA JUEZA HIGHTON
La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco advirtió ayer que «hay que tener cuidado» con el reclamo que llevan adelante efectivos de la Prefectura y la Gendarmería por mejoras salariales, porque «están armados» y prestan «un servicio público muy relevante». «No son lo mismo que cualquier otro grupo de trabajadores, que no tienen armas dadas por el Estado», destacó.
MALA SEMANA PARA LA MINISTRA
El acuartelamiento de los efectivos de la Prefectura y de la Gendarmería jaqueó a Nilda Garré
Martes 2
Ante la protesta de la Prefectura, Cristina Kirchner adelantó su regreso de Lima y ordenó a Garré corregir la liquidación de sueldos
Miércoles 3
«Yo creo que ahora levantan la medida», pronosticó, al anunciar la suspensión del decreto 1307. Luego relevó a las cúpular de Prefectura y Gendarmería. «Así, se normaliza la situación», dijo
Jueves 4
La Presidenta confió el mando de la crisis al secretario de Seguridad, Sergio Berni
Viernes 5
Garré dispuso intervenir el área jurídica de la Gendarmería por la defectuosa liquidación de sueldos
Sábado 6
Pasó a disponibilidad a tres suboficiales de la Gendarmería
VÍCTOR DE GENNARO
Diputado de Unidad Popular (UP) y dirigente sindical, en una entrevista en Radio Continental.
«Los trabajadores de las fuerzas de seguridad pública pueden sindicalizarse, la ley los ampara»
DISCUTIBLE
La inusual protesta de prefectos y gendarmes, que ya lleva cinco días; y el secuestro por 24 horas de Alfonso Severo, citado por la Justicia para declarar en el juicio en el que se investiga el homicidio de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, en el está acusado como instigador José Pedraza, exlíder sindical ferroviario, hizo que la seguridad ocupara un lugar central en el debate público de la semana.
«Los trabajadores de las fuerzas de seguridad pública pueden sindicalizarse, la ley los ampara», dijo Víctor De Gennaro, diputado de Unidad Popular (UP) y dirigente sindical, en una entrevista en Radio Continental. Pero ello no es tan así, no sólo por argumentos como los que expresara la jueza Elena Highton, sino poruqe la legislación no es categórica al respecto.
Hoy ninguna fuerza de seguridad en la Argentina tiene personería gremial: el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas hasta el momento.
En los considerandos del rechazo al Sindicato Único de la Policía Federal Argentina en 2011, el Ministerio señaló que «la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías».
De Gennaro y otros dirigentes sindicales, sin embargo, argumentan que es un derecho constitucional que se le está negando a una parte de la población (los miembros de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas). La Constitución, en el artículo 14 bis, establece que «el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, (.) organización sindical libre y democrática,reconocida por la simple inscripción en un registro especial».
Este derecho está reglamentado por la ley 23.551 , de Asociaciones Sindicales, que otorga, entre otras cosas, el derecho a huelga. El Ministerio de Trabajo presenta justamente este punto comouna de las razones para negar la personería a los sindicatos de las fuerzas, puesto que luego no podría impedir las huelgas, y ello pondría en riesgo la seguridad pública.
«Hoy no hay trabajadores de las fuerzas de seguridad del país que tengan personería gremial», explicó a Chequeado.com Ever Palermo, dirigente de la Asociación Democrática Policial y Penitenciaria (ADEPOL). Y agregó que podría haber reglas específicas para los sindicatos policiales: «En muchos países existe el derecho a sindicalizarse, sin derecho a huelga, por ejemplo». Es el caso, entre otros, de Inglaterra, España y Uruguay.En el Congreso hay varios proyectos de ley en ese sentido.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT,) por su lado, no establece obligaciones para sus Estados miembros y, en este punto, deja libertad de acción a los Estados, al igual que varios de los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La sindicalización de las fuerzas armadas: un debate abierto
Hay dirigentes que opinan a favor de que puedan organizarse para canalizar reclamos salariales y de condiciones de trabajo, pero otros lo rechazan. Las limitaciones de índole legal, lo que dice la OIT y una característica especial: la portación de armas de fuego. Un informe de INFOnews.
La protesta de los prefectos y los gendarmes reavivó el debate en la Argentina sobre la posibilidad de que las fuerzas armadas y las de seguridad puedan sindicalizarse para canalizar sus reclamos de índole salarial y sobre condiciones de trabajo. Respecto de este tema las opiniones son encontradas y atañen a la legislación laboral nacional e internacional.
La Argentina ratificó por ley convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que facultan a trabajadores y empleadores a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el derecho de afiliarse a ellas. Pero la OIT aclara que es la legislación nacional la que debe determinar “hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas” por esos convenios. Y en este sentido, en la Argentina rigen limitaciones a la sindicalización del personal de las fuerzas armadas y las de seguridad, tanto debido a la legislación local como a los tratados internacionales a los que adhiere el país por medio de la Constitución Nacional.
En efecto, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratifica la plena vigencia del derecho a asociarse libremente, pero preservando la restricción legal al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
En Argentina rigen limitaciones a la sindicalización del personal de las fuerzas armadas y las de seguridad
Asimismo, el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— expresa en su punto tercero: «Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía».
“La OIT tiene resuelto el tema. En algunos países como Uruguay y Brasil está admitido, pero con restricciones. En particular, limitaciones en el sistema de reclamos en las fuerzas de seguridad, encargadas de la paz interior, y las fuerzas armadas, a cargo de la defensa nacional. Concretamente, son limitaciones para tomar medidas de acción directa. En la Argentina, no están legisladas estas cuestiones y, por lo tanto, el personal de las fuerzas no está habilitado (para efectuar protestas)”, comentó a INFOnews el diputado nacional Héctor Recalde.
“El debate está abierto y hay algunas propuestas, pero no hay ningún proyecto de ley en el Congreso sobre este asunto. Me parece bien que se quieran organizar, pero obviamente hay que tomar nota de que tienen una característica especial, a diferencia de otros colectivos de trabajadores, que es la portación de armas de fuego”, agregó el abogado laboralista.
En cambio, el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, líder del Partido Miles, apuntó que “la OIT les reconoce a las fuerzas de seguridad la posibilidad de sindicalizarse”. Y el excarapintada Aldo Rico también se declaró a favor de la sindicalización. “La policía bonaerense está con los mismos problemas salariales que los gendarmes”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alfredo Carlos Dato, dijo a INFOnews que hace una década el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó mediante un dictamen un pedido formulado por Tucumán para que la Policía de esa provincia pudiera obtener una personería sindical. “No sé si esa interpretación está vigente, pero no me queda ninguna duda de que el tipo de organización, por la disciplina que deben tener y por el trabajo que deben realizar, es incompatible con la actividad sindical”, afirmó.
El diputado kirchnerista, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dijo que “es muy riesgoso” para la democracia que “quienes deben garantizar la seguridad en las calles sean los que hoy protestan”. “Las características reglamentarias y el sistema disciplinario y de acción de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas no posibilita la formación sindical, ni respecto de los salarial ni en cuanto a condiciones de trabajo”, sentenció.-
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