Epec, en alerta amarilla para el Gobierno, analizan alternativas para garantizar la prestación. Por ahora, no evalúan subir tarifas. Triple discriminación y una apuesta a Kicillof
La situación económica de Epec se complica cada vez más por la política energética del Gobierno nacional. Lo mismo sucede con empresas similares. Pero, a diferencia de las distribuidoras cuya concesión depende de la Nación, Epec no cuenta con ninguna válvula de escape, en lo que aparece como otra vía de discriminación a las provincias por parte del Gobierno central.
Mientras una fuente del Gobierno provincial indicó que se están analizando distintas alternativas para buscar algún tipo de solución, un alto funcionario del Ministerio de Agua y Energía le reconoció a este diario que Epec “pasa por una situación compleja”. Se explicó que el desequilibrio operativo que muestra el área de generación de Epec, a través de Pilar, ya alcanza la dimensión de un “déficit importante” y remarcó que el Gobierno “no descarta ninguna medida” para garantizar la “preservación del servicio”. Sin embargo, puntualizó que “hoy no se analiza una nueva suba de tarifas”.
Más allá de las ineficiencias internas de Epec o de su menor competitividad estructural en el negocio de la generación con la usina de Pilar, en la empresa consideran que la política energética nacional es la base del problema. “En estas circunstancias apenas estamos cambiando la plata y resulta imposible tener un plan de inversiones suficiente para mantener el sistema”, se sinceró el funcionario.
¿Cómo es que la política energética que ahora comanda el viceministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, impacta sobre Epec? Básicamente, se produce por una triple vía, que también afecta a otras distribuidoras cuyas concesiones han sido dadas por provincias –como la EPE de Santa Fe– y no por la Nación. Son las siguientes:
Discriminada al distribuir. La última segregación sufrida por Epec y sus compañeras de infortunio comenzó en julio. Ese mes, dos distribuidoras, Edesur y Edelap, dejaron de pagarle la totalidad de la energía que deberían pagarle a Cammesa (la empresa mixta bajo control estatal que administra el sistema eléctrico) para que esta a su vez les pague a los generadores. En esta semana se agregó Edenor, que avisó que pagará sólo la mitad de su factura.
Edesur y Edenor surten a la Capital Federal y al conurbano bonaerense, con concesiones dadas por la Nación, que hasta ahora se negó a permitirles aumentar la tarifa eléctrica. Edelap distribuye energía en La Plata y cinco partidos circundantes –la zona más poblada de la provincia de Daniel Scioli después del conurbano– y fue una concesión nacional hasta fin de 2011, cuando la autoridad concedente se transfirió a la Provincia de Buenos Aires.
La Nación nunca les permitió subir sus tarifas. Scioli quiso hacerlo este año con Edelap –como hizo Córdoba con Epec e hicieron otras provincias–, pero al final Scioli obedeció una resolución de la Nación que amenazó con sanciones económicas a las provincias que lo hicieran. Epec ha esquivado hasta ahora esa represalia con un amparo judicial.
Pero el problema es que entraron de hecho en quebranto. Sin mayor tarifa, no pueden pagar el costo de distribuir la energía, que hace años está en alza sobre todo por la presión salarial. La salida ha sido de dejar de pagar su principal insumo: la energía que generan otros. En los hechos, le han transferido ese costo a Cammesa, que de facto lo cubre con la masa de subsidios que recibe de la Nación.
Otro modo de verlo: desde julio, mientras un cordobés o un santafesino pagan el costo de la energía y el costo de distribuirla, un habitante de Capital Federal, del conurbano o de La Plata paga sólo parte del fluido que consume y un precio artificialmente bajo por el costo de distribuir la luz.
Desde julio, esas tres empresas, que tienen en total unos 3,4 millones de conexiones, han acumulado deudas con Cammesa por unos 400 millones de pesos, según evaluaciones de fuentes del mercado. No hay información oficial al respecto.
Epec, en cambio, “está al día” con sus pagos a Cammesa. Aproximadamente, le paga a Cammesa entre 40 y 60 millones de pesos, según se informó en forma extraoficial.
El Gobierno no ha calculado cuánto podría ahorrarse Epec si pudiera tener la misma ventaja de Edenor, Edesur y Edelap de pagar sólo parte de la energía que toman del sistema nacional. Una estimación propia indica que, si por cada conexión Epec recibiera el mismo beneficio que por mes han estado recibiendo esas tres distribuidoras por cada una de sus conexiones, la cordobesa podría haber dejado de pagar unos 56 millones de pesos al mes a Cammesa.
Discriminada al generar. Pero Epec viene sufriendo, según lo ha planteado hace ya meses el gobernador José Manuel de la Sota, otra paliza por parte de la Nación. La cordobesa es una de las pocas sino la única empresa que, con Pilar, pasó a ser, además de distribuidora, generadora de energía. Y Cammesa también la discrimina en esto.
Según el ejecutivo consultado en Epec, en estos momentos la central de Pilar factura por la electricidad que sube al sistema aproximadamente la mitad de lo que cobran generadores comparables. En Agua y Energía estiman ese rojo en unos 11 millones de pesos al mes.
“Nosotros no podemos cubrir ese déficit del área de generación subiendo la tarifa que nuestros clientes nos pagan por distribuir la luz”, explicó el funcionario.
En efecto, sería convalidar la inequidad de la Nación. Mientras usuarios de los distritos beneficiados estarían pagando sólo parte del fluido que consumen, los usuarios de Córdoba no sólo estarían pagando todo su consumo sino que, además, cubrirían el costo en que incurre Pilar por “subir” al sistema nacional electricidad más barata que la que aporta el resto de los generadores.
El tercer perjuicio. Lo más kafkiano de todo esto es que, mientras la Nación cubre el default en el que han incurrido Edenor, Edesur y Edelap con Cammesa por no haberles permitido subir sus tarifas a tiempo, a Epec y al resto de las distribuidoras las multa si suben sus tarifas, aunque no les concede el mismo beneficio de no pagarle a Cammesa.
A fin del año pasado, cuando Cristina Fernández anunció la “sintonía fina”, la Secretaría de Energía se preparó para instrumentar un alza del costo de la energía eléctrica. Después eso quedó en nada. Pero, entretanto, la Secretaría les prohibió a las distribuidoras provinciales subir sus tarifas de distribución. No quería que se amontonaran en una sola factura ese aumento con la suba del costo de la energía para evitar una reacción de los clientes ante semejante ajuste.
La multa prevista es la siguiente: si Epec sube 10 por ciento la tarifa de distribución y en virtud de eso recauda, digamos, 100 millones de pesos, entonces Cammesa le recargaría a Epec 100 millones en el precio de la energía que Epec le compra. Como resultado, el Gobierno provincial pagaría todo el costo político del ajuste, pero a los 100 millones se los embolsaría Cammesa.
Epec por ahora no ha tenido que pagar la multa que Energía ya le dictaminó (por el aumento del orden del 22 por ciento del primer semestre del año) porque logró un amparo de la Justicia Federal. Pero las multas penden de un hilo. La penalidad está vigente.
¿Qué hacer?. “A corto plazo vamos a tener que decir algo”, sostuvo un fuente del Gobierno, exponiendo la necesidad de encontrar alguna salida inminente. En Agua y Energía no quieren dar un número sin balances cerrados, pero admiten que la empresa está “en desequilibrio”.
Si sobrevive, es porque hay una descapitalización que no es fácilmente observable. Cuando una eléctrica hace una inversión importante eso le permite decir, por ejemplo: “Bueno, tengo garantizado, 10 años de cobertura de la demanda prevista”. Si el ritmo de inversión en los ejercicios subsiguientes no logra sostenerse, entonces ya no puede decir que sigue teniendo 10 años de cobertura de la demanda garantizados. Cada año, ese plazo se achica y señala la necesidad cada vez más acuciante de reponer inversiones para las que no hay recursos disponibles.
En el Gobierno se aferran por ahora a un milagro: un cambio en la política nacional. La semana que viene en Agua y Energía confían en tener lista la información cruda que les pidió a todas las empresas la comisión especial que encabeza Axel Kicillof. En el ministerio que comanda Manuel Calvo confían en que los funcionarios se den un baño de verdad cuando descubran cuál es la verdadera situación del parque de distribución de todo el país.
Es más. Confían en que los defaults de Edenor, Edesur y Edelap con Cammesa sean de por sí lo suficientemente expresivos. En todo caso, creen que con todos los papeles en la mano el Gobierno nacional se convencerá de que es impostergable dar un giro de 180 grados en la política energética que rigió hasta ahora.
Cuánto deben las “Epec” del Gran Buenos Aires
Montos que han dejado de pagar en los últimos meses tres distribuidoras de Capital Federal, conurbano bonaerense y Gran La Plata.
Empresa Edenor. Cantidad de clientes: 2,7 millones | Área: Capital Federal y Conurbano bonaerense | Concesión: Nacional | Monto: $100 millones | Desde cuándo: Septiembre.
Empresa Edesur. Cantidad de clientes: 2,4 millones | Área: Capital Federal y Conurbano bonaerense | Concesión: Nacional | Monto: $200 millones | Desde cuándo: Julio.
Empresa Edelap. Cantidad de clientes: 325 mil | Área: Gran La Plata hasta noviembre de 2011 | Concesión: Nacional | Monto: $100 millones Desde cuándo: Julio.
Fuente: La voz del interior
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