Los intendentes peregrinan entre el Centro Cívico y la Casa Rosada, los peronistas están divididos entre los delasotistas y los que adhieren a los K. Sin recursos propios, deben recurrir a los poderes centrales para conseguir obras
Por la caída de la coparticipación debido a cierto estancamiento de la economía en general, sumada a que los gastos fijos de los municipios aumentaron más que los ingresos, los intendentes de todas las fuerzas políticas están obligados a recurrir a la caja de la Provincia y la Nación para poder construir alguna obra.
El lamento que poco tiempo atrás se le escuchó al intendente de Mendiolaza, el radical Daniel Salibi, “Nos hemos convertido en funcionarios paga-sueldos”, podría multiplicarse por los 425 jefes comunales del territorio provincial, incluido el de la Capital, donde vive casi el 40 por ciento del total de la población.
La realidad de los intendentes cordobeses –en especial de los peronistas– se complicó con el recrudecimiento de la disputa política entre el gobernador José Manuel de la Sota y la presidenta Cristina Fernández.
Hasta que estalló el conflicto, los intendentes del PJ no tenían problemas en tomar la autopista hacia Capital Federal para asistir a las convocatorias de la Casa Rosada o enfilar por la misma carretera hacia Córdoba, para concurrir a escuchar al gobernador en el Centro Cívico.
Esto cambió Tanto De la Sota como los cristinistas quieren saber quiénes están de su lado. El presidente del PJ y asesor del gobernador, Carlos Caserio, agota la batería de su celular para tratar de contener a intendentes en el redil delasotista.
Mientras que el diputado nacional Fabián Francioni intenta engrosar las filas del nuevo paraguas que contiene a los cristinista: Unidos y Organizados.
En Córdoba hay alrededor de 230 intendentes que adhirieron a la alianza Unión por Córdoba que llevó a De la Sota al poder provincial por tercera vez.Según los datos que maneja el delasotismo, de ese total, 203 mantienen su respaldo al gobernador.
Desde la otra vereda, los cristinistas afirman que ya son más de 80 los intendentes que han comprometido su respaldo político al “modelo nacional”. En la última reunión en Alejandro Roca se sumaron los jefes comunales que acercó el intendente de Villa Dolores, el exradical Juan Pereyra.
No cierran los números. Como se ve, los números no cierran, si sólo se tiene en cuenta a los intendentes peronistas. El delasotismo logró que 203 intendentes firmaran una solicitada en apoyo al gobernador. Con lo cual sólo quedarían 27 que están con la Casa Rosada.
De todos modos, tanto delasotistas como los K reconocen que hay muchos intendentes –en especial de comunas chicas– que van a las reuniones de ambos sectores.
Los intendentes que adhieren al Gobierno nacional esperan con ansiedad que comiencen a llegar recursos desde la Nación, ya que hasta el momento no bajó un peso.
A mediados del mes próximo, tienen prevista una reunión con el ministro de Planificación, Julio De Vido. Por el momento, en los encuentros con funcionarios nacionales no se habló de obras.
La semana pasada, un grupo de estos intendentes fueron recibidos por el vicepresidente Amado Boudou y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. “Se habló mucho de respaldar el proyecto nacional, pero sin obras es difícil hacer campaña”, se sinceró un intendente del sur provincial.
La semana pasada, la Presidenta recibió a siete intendentes del sur, a los cuales les anunció la concreción del gasoducto manisero, una obra que planificó y pagará la Provincia.
Si los peronistas están en medio de la pelea entre De la Sota y Cristina, el resto de los intendentes cordobeses no saben a quién recurrir. El radicalismo tiene un bloque de más de 150 jefes comunales. Varios van a las reuniones de los K y la mayoría está en el Foro de Intendentes Radicales que integra la Mesa Provincia-Municipios.
Tanto De la Sota como, en su momento, Juan Schiaretti, siempre trataron de dar algún tipo de asistencia a los radicales, como una forma de contener el crecimiento político en el interior de Luis Juez. De todos modos, los intendentes de las localidades más chicas se quejan de que la Provincia ayuda a los municipios más grandes administrados por radicales, luego de asistir a los peronistas.
Los juecistas son un puñado que miran con la ñata contra el vidrio. Jesús María y Unquillo son las poblaciones más grandes administradas por intendentes del Frente Cívico. En estos casos, se las tienen que arreglar con recursos propios, ya que casi no reciben ayuda ni de la Provincia ni de la Nación.
Fuente: La Voz del interior
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