El Gobierno y las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace cruzaron fuertes críticas en torno a la injerencia del Estado en la comercialización de granos, mientras dirigentes opositores expresaron su rechazo a esa posible medida.
Al respecto, había una gran expectativa en el sector ruralista en torno a la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández realice mañana algún anuncio en ese sentido en la inauguración de las sesiones legislativas.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, consideró «un papelón» que las entidades vinculadas al comercio de granos hayan publicado «por las dudas» una solicitada en los principales periódicos porteños.
«Es un papelón una solicitada que publicaron hoy, un papelón que saquen por las dudas», sostuvo el funcionario a radio Mitre.
Asimismo, se negó a contestar si el Gobierno analiza recrear la Junta Nacional de Granos.
«No, análisis sobre conjeturas no», puntualizó el ministro, quien subrayó que «la verdad esto es un invento de alguien y los funcionarios deberíamos hacer análisis solamente sobre hechos puntuales».
La titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, sostuvo que el presunto proyecto oficial de estatizar el comercio de granos «es una noticia- amenaza del Gobierno», en el marco de una acción para «aumentar la capacidad de daño» hacia el campo. Además, insistió en que en este enfrentamiento del Gobierno con el agro está detrás el presidente del Partido Justicialista (PJ), Néstor Kirchner, a quien «ya no le queda legitimidad pública, sino que le queda capacidad de daño», acusó.
«Puede ser una noticia-amenaza. De este Gobierno se puede esperar cualquier cosa», indicó la dirigente de la oposición respecto al rumor de nacionalizar las operaciones de granos.
En tanto, el titular de la UCR, Gerardo Morales, se mostró «en contra» de la eventual creación de un organismo estatal para regular el funcionamiento del mercado de granos y vaticinó que para el Gobierno será «complicado» aprobar la iniciativa en el Congreso. Tras una serie de versiones que indicaban que se podría nacionalizar el comercio granario, un grupo de 27 entidades representativas del comercio de cereales, entre ellas las cuatro de la Mesa de Enlace, salió a rechazar la posibilidad «de que se establezca un sistema estatizado y monopólico» del mercado.
Además, advirtió que de concretarse tal iniciativa «pondrá a la sociedad argentina al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles».
Las versiones sobre una injerencia del Estado en el mercado de granos comenzaron a circular fuertemente, luego de que se conociera que los productores tienen «guardadas» unas 5,5 millones de toneladas de soja que se niegan a comercializar para lesionar los ingresos fiscales del Gobierno.
Asimismo, si los productores liquidaran este «cargamento», se produciría también un importante ingreso de divisas en el mercado de cambio que empujaría la cotización del dólar hacia abajo, algo que el Gobierno espera con deseo para evitar el uso de las reservas monetarias del Banco Central para ese fin.
Sin embargo, y luego de que el campo pusiera el grito en el cielo, esas mismas versiones se cambiaron por la posibilidad de que Cristina Fernández anuncie mañana el ingreso de un proyecto al Parlamento para recrear la Junta Nacional de Granos, fundada en 1933 por el ex presidente Agustín Justo, y disuelta por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en 1991.
Bajo el título «Argentina en Retroceso. Estatización del Comercio de Granos», bolsas, cámaras y federaciones se pronunciaron en una solicitada en contra de la probabilidad, hasta ahora no oficializada, de regular el mercado de granos con un ente estatal.
Allí rechazaron «enfáticamente la posibilidad de que se establezca un sistema estatizado y monopólico», y alertaron que «un esquema de esas características solo generará perjuicios para consumidores y productores, aun cuando venga acompañado de anuncios de supuestos beneficios para ambos, como garantías de precios, de abastecimiento o rebajas en las retenciones».
Además, estimaron que «se provocará una grave disminución de la producción, con un fuerte impacto económico y social, sobre todo en el interior», y remarcaron que «se paralizará la comercialización» de granos.
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