No se definieron los límites al tratamiento

 

Ayer se convirtió en ley la inclusión del tratamiento de fertilidad en el Programa Médico Obligatorio. La reglamentación, que debe hacerse en 90 días, definirá si hay topes de intento o de edad. Prepagas y obras sociales advierten sobre el impacto de los costos.

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que incluye en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los métodos de fertilización asistida, a los que se podrá acceder en el sistema público y privado de salud, sin distinción de estado civil u orientación sexual.

 

La iniciativa, que tuvo el respaldo de la mayoría de las bancadas, fue aprobada en general por 204 votos afirmativos, nueve abstenciones y uno negativo, del diputado bonaerense de la Corriente del Pensamiento Federal, Julio Ledesma.

 

La presidenta Cristina Fernández celebró la sanción de la ley y felicitó “a todas las ONG y personas que lucharon” por lograr la aprobación de la norma. De inmediato, diferentes referentes de la política y de instituciones vinculadas con el derecho a la asistencia gratuita en tratamientos de fertilidad celebraron la iniciativa.

 

¿Quién lo paga? Sin embargo, las empresas de medicina prepaga y las obras sociales plantearon interrogantes sobre el financiamiento de esa cobertura y su impacto en las prestaciones de todo el universo de afiliados.

 

“Esto va a parar en mayores costos médicos y lo van a terminar pagando los usuarios”, aseguró Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de Cimara, la cámara que agrupa a las 20 empresas más grandes del país. “Creo que es una irresponsabilidad de parte de los legisladores sancionar una ley sin saber cómo se va a financiar lo que aprueban. Lo que va a pasar es que el costo se va a prorratear entre todos los usuarios del sistema”, insistió.

 

“A nosotros nos interesa mucho saber de dónde se va a financiar esto, cuando se aprueban este tipo de leyes tienen que estar acompañados del recurso”, dijo uno de los directivos de Ospe, la Obra Social de los Petroleros, con 280 mil afiliados.

 

Una posibilidad es que las prestaciones se cubran el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se integra con una parte de los aportes y contribuciones de trabajadores y empresas a las obras sociales. EL FSR recauda unos 7.000 millones anuales y financiaba lo que se conocía como Administración de Programas Especiales (APE), destinado a cubrir prestaciones de alta complejidad y cobertura a los discapacitados.

 

Cada tratamiento cuesta, en promedio, de 15 mil a 20 mil pesos. Una inseminación intrauterina, que es lo más básico, cuesta siete mil pesos y una fertilización in vitro, con medicación, ronda los 37 mil pesos.

 

Hasta ahora, no formaba parte del Programa Médico Obligatorio. En Córdoba, la obra social provincial Apross lo incluyó en 2010 para sus afiliados. En Buenos Aires, desde 2011, prepagas, obras sociales y hospitales públicos están obligados a prestar el servicio.

En los dos casos hay limitaciones, que en la ley aprobada ayer no se contemplaron, sino que quedaron en manos de la reglamentación, que debe darse en un plazo de 90 días luego de que se publique la ley

 

Fuente; La Voz