Ley de medios: la Corte avanzó y pidió que se expida Gils Carbó La Corte Suprema le pidió a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que opine y emita un dictamen sobre la causa del Grupo Clarín, en la que se debate la inconstitucionalidad de la ley de medios.
De este modo, dio uno de los últimos pasos procesales antes de dictar sentencia. La intervención de la Procuración General es un procedimiento obligado antes del fallo, pero no significa necesariamente que la Corte esté cerca de dictar una sentencia. Todavía puede ocurrir que el tribunal acepte escuchar la opinión de los denominados «amigos del tribunal» (expertos que brindan una opinión sobre la base de su conocimiento del tema) y, recién después, avance sobre el tema a fondo para pronunciarse. Para ello, la Corte no tiene plazos predeterminados.
La respuesta de Gils Carbó no se hará esperar. Esta misma semana, la jefa de los fiscales, que fue nombrada por Cristina Kirchner, dictaminaría que la Corte debe rechazar todas las impugnaciones que hizo aquella empresa y debe convalidar la ley de medios en su totalidad.
Sin embargo, en la Justicia dicen que el conflicto desatado alrededor de la ley 26.522 es de una altísima complejidad técnica, y recuerdan que la Cámara Federal Civil y Comercial, que dictó la inconstitucionalidad de sólo dos de los cuatro artículos que había impugnado el Grupo Clarín, necesitó más de tres meses para elaborar un fallo sólido.
La Corte está sometida a un escenario político muy complejo y lo que el Gobierno no quiere es darle tiempo para estudiar el tema. Menos aún cuando están por delante las elecciones legislativas de octubre.
Por un lado, hace varios meses la Presidenta lanzó una fuerte embestida contra el máximo tribunal, que hace quince días declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el kirchnerismo. Luego de ese fallo, la AFIP -según lo reconoció su titular, Ricardo Echegaray- comenzó a investigar el patrimonio del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti (ver aparte).
Pero, por sobre todo, lo que más enturbia la muy deteriorada relación que todavía existe entre la Corte y la Presidenta es -según confesó a LA NACION un alto funcionario del Gobierno- que la primera mandataria somete al máximo tribunal a «constantes presiones para que dicte ya mismo una sentencia sobre la ley de medios favorable al Gobierno».
La semana última, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, dio una pista cuando reclamó en forma pública que la Corte dicte un fallo favorable sobre la ley de medios.
Ayer, atravesada por ese clima de incertidumbre, los jueces de la Corte Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Enrique Petrachi y Carmen Argibay- decidieron remitirle el expediente del Grupo Clarín a Gils Carbó.
La ley de medios fue sancionada en 2009 y desató una fuerte batalla judicial. En diciembre del año último, el juez federal en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso rechazó todos los argumentos del Grupo Clarín y declaró la validez de toda la ley, para lo cual no tuvo en cuenta los dictámenes de los peritos que la Justicia nombró de oficio. Ellos coincidieron en señalar que la ley, así como fue concebida, sólo busca desarticular al Grupo Clarín, pero no beneficia el pluralismo.
En diciembre último, el Gobierno pretendió llevar el tema a la Corte, por vía del recurso de per saltum , pero el alto tribunal entendió que debía esperarse que la Cámara Federal Civil y Comercial dictase su fallo. Y, mientras tanto, extendió una medida cautelar que hizo que la fecha anunciada por el Gobierno (el 7 de diciembre) pasara para el oficialismo sin pena ni gloria.
Finalmente, en abril último, la Cámara Federal -en medio de denuncias penales y recusaciones del Gobierno contra sus integrantes- buscó una solución intermedia.
En efecto, la Sala 1 de la Cámara entendió que dos de los cuatro artículos cuestionados violan la Constitución: así, declaró inválidos el artículo 45, que restringe la cantidad de licencias de FM, AM, TV abierta y de cable en manos de una misma empresa, y el artículo 48, que impide argumentar derechos adquiridos sobre licencias obtenidas antes de la sanción de la ley.
Contra esa sentencia de Cámara, tanto el Grupo Clarín como el Estado nacional presentaron varios recursos extraordinarios. Y el Gobierno, así como la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales -la Afsca, que dirige Martín Sabbatella- insistieron en llevar el tema directamente ante la Corte con recursos de queja. Ahora, el Gobierno pretende que la Corte se expida en 15 días.
EL CASO POR LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Paso a paso, desde la primera cautelar hasta los fallos de fondo en primera y segunda instancia, el proceso que desvela al Gobierno
15/12/2009
Cautelar
El juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar contra la aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley de medios al Grupo Clarín. Dejó en suspenso la desinversión que debía realizarse en un año desde su promulgación en septiembre de 2010
5/10/2010
Intervino la Corte
La Corte Suprema ratificó la suspensión para el Grupo Clarín del artículo 161 de la ley de medios, pero estableció que se debía fijar «un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar» del juez que había ratificado la Cámara Civil y Comercial Federal
22/5/2012
Nació el 7-D
La Corte Suprema mantuvo la cautelar que había definido la Cámara por tres años. También aclaró que debía contarse desde el otorgamiento de la medida, el 7 de diciembre de 2009. El Gobierno interpretó el 7-D como un límite, pese a que se podía prorrogar
6/12/2012
Fracasó el 7-D
La Cámara mantuvo la cautelar y aclaró que no se le puede aplicar el artículo 161 de la ley de medios al Grupo Clarín hasta que no haya una sentencia definitiva en la causa. La Corte había instado al juez de primera instancia para que resuelva en lo «inmediato»
14/12/2012
Fallo del juez
El juez Alfonso declaró la constitucionalidad de todos los artículos de la ley de medios y levantó la cautelar. Tres días después el Grupo Clarín apeló el fallo y la Corte rechazó el per saltum del Gobierno y mantuvo la vigencia de la medida cautelar
12/04/2013
Fallo de la Cámara
La Cámara Civil y Comercial revocó el fallo del juez Alfonso. Declaró una parte del artículo 45 y todo el artículo 48 inconstitucionales. El fallo reconoció el derecho del Grupo sobre sus licencias y excluyó a los cables de ser regulados como definía la ley
Fuente: La Nación
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