Grupo Clarín cargó contra las «nuevas falsedades del Gobierno». «Los representantes del Gobierno Nacional volvieron a utilizar información falsa y argumentos sesgados», denunció el conglomerado mediático. El Grupo Clarín consideró hoy que los representantes del Gobierno «volvieron a utilizar información falsa y argumentos sesgados» en la audiencia que organizó la Corte Suprema para escuchar a las partes, antes de emitir un fallo definitivo en relación a la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Medios.En un comunicado, Clarín hizo un detalle de los dichos del Gobierno y explicó que «hoy, con un mercado de medios audiovisuales controlado directa o indirectamente en 80% por el Gobierno, el espacio para las voces críticas está claramente amenazado».

«La existencia de medios verdaderamente sustentables sin asistencia estatal es una garantía de libertad de expresión», añadió.

Entre los hechos que denunció como «falsos» o «sesgados», el Grupo Clarín dijo que el Gobierno «ratificó que considera a las licencias ‘meros privilegios precarios’, a los que puede cancelar antes de su vencimiento, generando una ‘espada de Damocles’ sobre la libertad de expresión de los medios que utilizan esas licencias».

Según explicó la compañía, de esta forma los medios «se convertirían en rehenes de la discrecionalidad estatal, lo que configura un típico caso de censura indirecta según el Pacto de San José de Costa Rica». El comunicado explicó, además, que «con igual gravedad, el Gobierno pretendió desconocer para los medios audiovisuales la protección constitucional del artículo 32, limitándolo insólitamente a la prensa gráfica, pese a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema«. Luego, el Grupo Clarín señaló que el AFSCA «no supo contestar» cuántas licencias tiene en vigencia y «cuál es su participación en cada uno de los mercados en los que compite».

También expresó que «los funcionarios no pudieron explicar por qué se necesitaría quitarle licencias al Grupo Clarín para que existan otras voces» y añadió que, «por el contrario, quedó demostrado que -tanto en los medios que usan espectro como en los que no lo usan- no hay impedimento alguno para que existan nuevos participantes».

Clarín también señaló que «esto no depende en absoluto de las licencias del Grupo» y añadió que los abogados gubernamentales «tampoco pudieron explicar por qué quedaron vacantes los concursos de 220 licencias de TV digital, si existen voces que no pueden expresarse». El comunicado puntualizó que la propia «AFSCA reconoció que, desde la sanción de la Ley, otorgó más de 800 licencias. Y lo pudo hacer sin desguazar al Grupo Clarín. ¿Entonces por qué la falacia de que necesita destruirlo para generar nuevas voces?», se preguntó.

Respecto de la «supuesta ‘adecuación'» de otros grupos, la AFSCA «no pudo responder por qué sólo 35,9% de los mismos están adecuados (muchos de ellos con insólitos ‘simulacros de adecuación’), cuando el plazo venció a fines de 2011», precisó. El comunicado también aludió como «otra falsedad» a la alusión «a un supuesto plan de adecuación del socio minoritario de Cablevisión. Nunca ese socio, Fintech, presentó un plan de adecuación. Sólo hizo una mera consulta», expresó.

Para Clarín, «quedó en claro que el Gobierno no se basó, a la hora de redactar los límites del artículo 45, en estudios o análisis de mercado ni de defensa de la competencia».

«En el colmo de la manipulación, el AFSCA puso en un pie de igualdad licencias que cubren todo el país con aquellas que sólo corresponden a una pequeña localidad. Así, pretendió comparar las 158 licencias locales de Cablevisión con la única licencia nacional de DirecTV. Y omitió que otros operadores, como Telecentro, cubren con una sola licencia la misma área geográfica que a Cablevisión le demanda 21 licencias. Además, faltó a la verdad al afirmar que el Grupo Clarín tiene 237 licencias de cable cuando en realidad tiene 158», señaló el comunicado.

También se refirió a manifestaciones que hizo el Gobierno sobre el régimen de multiplicidad de licencias y a lo que dijo sobre que «los canales Paka-Paka y CN23 (este último privado) no estaban en la grilla de Cablevisión, pese a que ambos se encuentran disponibles en el servicio básico digital, que se ofrece sin cargo y sin codificar, como marca la Ley«.

En cuanto a la sustentabilidad de las empresas de cable, el comunicado señaló que «el AFSCA mencionó que el segundo y el tercer operador de TV paga (DirecTV y Supercanal) son ‘sustentables’. Lo que no aclaró es que DirecTV es una empresa regional, que opera en toda Latinoamérica, con 16 millones de abonados. Y que Supercanal está en concurso preventivo desde hace más de 15 años, con un servicio de mucha menor calidad al de Cablevisión». «Está claro que ambas empresas no son sustentables con sus operaciones argentinas», apuntó.

Por último, respecto de la sustentabilidad del Grupo Clarín, señaló que «quedó acreditado a lo largo del expediente, que la misma está dada por su estructura actual», ya que «la conformación multimedia del Grupo Clarín es la que le permite, según las pericias, sostenerse autónomamente pese a estar excluido de la publicidad oficial, sufrir el cepo publicitario privado y soportar una escalada inédita de hostigamiento oficial».

 Fuente; Perfil