Cuantiosa deuda de la Municipalidad de Córdoba con Afip llega a $ 150 millones. Durante la gestión de Mestre, la presunta evasión se incrementó en más de 100 millones de pesos.
La Municipalidad de Córdoba no pasa por una situación de holgura financiera, esto no es descubrimiento ni nada nuevo, pero lo que LA MAÑANA logró investigar es la deuda de más de 150 millones de pesos que el Palacio 6 de Julio tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que pone al intendente y los funcionarios en la fina línea que divide lo legal de lo ilegal.
La millonaria suma viene de arrastre de la pasada gestión de Daniel Giacomino, cuando la gestión del actual diputado nacional dejó un plan de pago, acordado con la Afip, que se cayó por falta de pago, quedando un saldo de 46 millones para cancelar.
A esto se le sumó una deuda general de 5.275.000 pesos del Sistema Unico de Seguridad Social (Suss), unos 85 millones de pesos de retenciones a empleados y proveedores del impuesto a las Ganancias y 16.887.000 millones de pesos en concepto de IVA.
Es decir que durante la gestión de Mestre se acumuló con la Afip una deuda de 107.162.000 millones de pesos de retenciones efectuadas y no rendidas, a lo que se le agregaría los 46 millones de pesos que quedaron de la gestión anterior de Giacomino.
Esta deuda de Mestre sería un ciento por ciento exigible porque son retenciones que se hacen a terceros y por lo tanto este tipo de evasión tiene connotaciones penales.
Mestre podría refinanciar hasta el 31 de junio para entrar en el plan de Regularización Fiscal la deuda de Giacomino. Pero si Afip lo denuncia por la retención indebida de ganancias o IVa, le correspondería prisión (a él o a algún funcionario).
Lo que sí se sabe es que al secretario de Economía municipal, Diego Dequino, se lo ve con frecuencia por el Afip Córdoba. Especulan con negociaciones «underground» que son para solicitar clemencia y «aguante», pero que son dos condimentos que a nivel nacional al titular de la administración, Ricardo Echegaray, se le estaría terminando y no sólo los funcionarios del Palacio 6 de Julio podrían caera en la volteada.
La deuda del municipio con la Afip no impedirá, sin embargo, a la Municipalidad pagar un juicio de 48 millones de pesos a dos empresas de transporte (Coniferal y Ciudad de Córdoba) que no estaría obligado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dejaron en evidencia los concejales opositores, o que subsidie a la nueva UTE a cargo transitorio de Tamse con un subsidio de 8 millones de pesos, que serían unos 80 millones hasta que quede formalmente adjudicada. Plata para subsidiar a privadas hay, pero no para pagar deudas. Todo un movimiento de dinero que favorece a las empresas privadas, mientras las deudas siguen quedando a cargo del municipio, en pòs de privatización desventajosas al estilo de las realizadas durante el administración de Carlos Menem.
A tal punto llegó el intendente Mestre, que el sábado durante el festejo por la llegada de los colectivos se lo vio rodeado de guardias de seguridad, comúnmente llamados «patovicas». ¿A qué le teme el intendente? O, ¿por qué no contrata a policías, será porque también tiene deuda con la Provincia y le cortaron el servicio? Las tribulaciones financieras del intendente parecen no tener fin, para algunos.
¿Qué dice la ley?
El artículo 2 de la Ley 26735/2011, según el texto vigente, establece: “La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en el caso del artículo 1º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos: a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000); b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000); c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos
($ 800.000); d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.
Fuente: La Mañana
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