La Justicia le pide a Paredes datos del espía ilegal. El fiscal quiere saber cuál era el vínculo entre “el Francés” Viarnes y la Policía y cómo y cuánto se le pagaba por sus “servicios”.
El fiscal federal Enrique Senestrari, a cargo de la investigación por presuntas irregularidades en Drogas Peligrosas, quiere saber de la boca del ministro de Seguridad de la Provincia, Alejo Paredes, cuál era el rol que cumplía en la fuerza Juan “el Francés” Viarnes, el supuesto agente encubierto ilegal que se cruzó de bando y denunció a varios policías de esa repartición.
Incluyendo al jefe, Rafael Sosa. ¿Qué rol cumplía? ¿Cuál era la relación de Viarnes con Drogas Peligrosas? ¿Era empleado de la Policía? ¿Estaba contratado? ¿Cuánto y cómo se le paga? ¿Cuál era la protección –si la tenía– que recibía? Estas son algunas de las preguntas que Senestrari quiere hacerle a Paredes, quien admitió que “el Francés” era “informante” de la Policía, no “agente encubierto”
Para responder esas preguntas, Senestrari solicitó al juez federal Ricardo Bustos Fierro que le envíe un oficio al ministro de Seguridad solicitándole esa información.
Según Senestrari, Viarnes aparecería como agente encubierto ilegal en varias causas que, si se confirma ese rol del espía trucho, se caerían. “Al engañar al juez (los policías imputados), los procedimientos en los que actuó (Viarnes) serían considerados nulos”, precisó el fiscal federal.
La investigación del fiscal trata de establecer si estos cinco policías –y otros que están siendo identificados, pero que no serían detenidos por ahora– cometieron una serie de graves delitos entre los que sobresalen el uso de un agente encubierto ilegal, la detención ilegal de personas y quedarse con droga secuestrada. Sin embargo, de este último no habría pruebas contundentes.
Además, está bajo sospecha qué rol habría cumplido el jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Sosa, en un secuestro a un empresario de la noche, Eugenio Viano, uno de los dueños de “Palmira”. Sosa es amigo del socio de Viano. Este último habría sido secuestrado el 16 de julio –informó La Voz del Interior– y apareció con vida, maniatado en el interior de un auto en la Costanera. Sosa no habría informado a la Justicia Federal, encargada de actuar en los secuestros extorsivos.
En Bouwer. Rafael Sosa, el por ahora jefe de Lucha contra el Narcotráfico licenciado de su cargo, fue trasladado ayer a la tarde a la cárcel de Bouwer, donde cumple la detención ordenada por la Justicia Federal, en el marco de la causa que se le sigue a él y otros cuatro policías por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
Los policías, que se entregaron sobre el filo de la medianoche de ayer, fueron alojados en la alcaidía de Tribunales Federales; y a la tarde, trasladados hacia Bouwer.
Hoy, el juez federal Ricardo Bustos Fierro los sentaría para indagarlos, según adelantaron a Día a Día el fiscal Senestrari, el abogado defensor del miembro de la Plana Mayor, Facundo Pérez Lloveras, y el abogado de los otros policías.
“Nos anticiparon desde el juzgado que mañana (por hoy) mi cliente será indagado. Él está predispuesto a colaborar con la investigación y esclarecer los hechos”, dijo Pérez Lloveras.
El abogado de los otros policías detenidos en esta causa, Lucas Guevara, también confirmó la indagatoria prevista para hoy. “Mis clientes negarán los hechos y esperaremos acceder al expediente para saber concretamente de qué se los acusa”, dijo anoche.
De acuerdo con el criterio del fiscal Senestrari, los elementos secuestrados en los allanamientos del miércoles pasado son “indicios concretos” de las irregularidades que habría cometido ese grupo de Drogas Peligrosas de la Policía.
Conducta. El Tribunal de Conducta Policial no aplicó ninguna medida sobre los cinco policías detenidos.
Las claves:
»Cinco policías imputados. Rafael Sosa –jefe de Lucha contra el Narcotráfico–, el comisario Alfredo Saine, el inspector Franco Argüello, el sargento Fabián Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio se entregaron el miércoles. Se les imputa asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
»Droga y armas secuestradas. Senestrari informó que en una dependencia de Drogas se halló medio kilo de estupefacientes (cocaína y marihuana), y cocaína y sustancia de corte en un auto de la división. También encontró dos armas: una con numeración limada, detrás de un calefactor, y un 22 no declarado.
»¿Para entrenar perros? De la droga incautada, el jefe de Gabinete de De la Sota, Oscar González, dijo que había sido entregada por la Justicia Federal y que se usaba para entrenar perros. Senestrari lo descarta porque parte de la droga se encontró en un vehículo.
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El “robo” de drogas, ¿flojo de pruebas? Senestrari explicó que en el marco de la utilización de Viarnes como agente encubierto ilegal, el grupo de policías que está detenido habría cometido una serie de delitos entre los que estarían plantar droga y quedarse con parte de los secuestro de estupefacientes. Sin embargo, adelantó que de este último delito “no hay pruebas concretas por ahora, aunque está denunciado por el testigo protegido (Viarnes)”.
Vale recordar que Viarnes fue detenido en julio con 350 mil dólares falsos, luego de estafar con 60 mil dólares (truchos) a una persona a quien le compró tres vehículos. En ese marco, reveló su aparente rol ilegal en Drogas y dijo que esos dólares habían sido “robados” por esos efectivos en un procedimiento realizado en Carlos Paz.
El jueves Senestrari se esforzó en repetir que “no se puede hablar de una ‘maldita Policía”, y que el accionar ilegal estaría, de acuerdo con su hipótesis, centrado en este grupo.
Mensaje. Policía. Senestrari se encargó de aclarar que se investiga a este grupo, no a toda la fuerza, a la que elogió.
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Las acusaciones políticas, durísimas. Mientras Unión por Córdoba trata de instalar que se trata de una causa armada desde el Gobierno nacional en la que el fiscal es una pieza que opera para ese propósito, la oposición cordobesa reclama la renuncia del ministro Paredes y del jefe de Policía, Ramón Frías, y cierra filas apoyando a Senestrari.
La principal espada política de De la Sota, el jefe de Gabinete, Oscar González, dijo que en la causa hay “muchas cosas llamativas”.
Senestrari se defendió: “Es una causa jurídica, con pruebas, no una persecución. Si los legisladores se presentan, podrán acceder a parte del expediente”, dijo.
El fiscal recibió el apoyo explícito de sus jefes: el fiscal general federal de Córdoba, Alberto Lozada, quien negó que Senestrari tenga un motivación política, y de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Sergio Busso -Legislador Unión por Córdoba- Pretenden ejecutar deliberadamente una operación política. El Gobierno nacional trata de desmerecer el prestigio de la Policía cordobesa. Es la misma Policía que Senestrari usaba en los procedimientos.
Luis Juez -Senador nacional- ¿El gobernador no se ha dado cuenta de la gravedad del tema? Estamos hablando de una narco provincia. ¿O no se ha dado cuenta que la cúpula de la Policía está involucrada en hechos delictivos de gravedad?
Oscar Aguad -Diputado Nacional UCR- Confiamos que el gobernador arbitrará todos los medios que estén a su alcance para colaborar con la Justicia y aclarar los hechos que causan al cuerpo social daños irreparables y destruyen el futuro de los jóvenes.
Liliana Olivero Legisladora – Frente Izquierda- Los hechos denunciados tienen una gravedad que es necesario que de manera urgente renuncien (Alejo) Paredes y (Ramón) Frías, porque son la cabeza de estas personas sospechadas de graves delitos.
Fuente: Día a Día
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