Cambio de roles: investigarán a los investigadores de Drogas. La Justicia Federal secuestró libros de guardia y sumarios judiciales a la Policía provincial y pidió las actuaciones del caso Alós. La Fiscalía provincial las enviará, pero defendió su competencia.
“Es como si abrieran la caja de Pandora. Senestrari (el fiscal Federal, Enrique) no da abasto recibiendo información y datos de personas que se acercan a la Fiscalía”, comentó una colaboradora del funcionario que investiga la presunta conexión de policías de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba con traficantes de drogas.
Recién ayer se supo que en los allanamientos a las sedes de Drogas Peligrosas en el edificio de Jefatura y en la de Narcomenudeo en barrio San Pablo, ordenados por el juez federal Ricardo Bustos Fierro y realizados por Senestrari con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se secuestraron libros de guardia, sumarios judiciales, las computadoras y otra documentación que recién está siendo analizada.
La incautación de ese material por parte del fuero Federal se suma a otros cruces con los poderes provinciales.
Bustos Fierro también pidió la remisión de actuaciones de la Justicia provincial por la muerte del policía Juan Alós, quien se habría suicidado de un balazo. Bustos Fierro, a instancias de Senestrari reclamó copia del sumario. La fiscal General de la Provincia, Marta Cáceres de Bolatti, respondió que de inmediato le remitiría lo solicitado, pero aclarando que pretendía mantener la competencia de la justicia ordinaria en el caso.
El supuesto suicidio de Alós fue un eslabón más de la larga cadena de enfrentamientos y críticas entre funcionarios judiciales federales y provinciales y de las acusaciones de una “operación política” orquestada por Navarro y Senestrari, a instancias del Gobierno nacional, por parte de autoridades provinciales y las expresiones del exjefe de Policía, Ramón Frías contra el fiscal que puso en jaque a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Casetes en la casa
El análisis de la documentación de la Policía provincial que ayer secuestró Senestrari, en especial los sumarios, es considerado de suma importancia porque se sospecha que habría causas que pueden involucrar a gente importante, no puestas hasta ahora a consideración de la justicia.
La megainvestigación incluirá además las grabaciones de intervenciones telefónicas de al menos las causas que por ahora son dudosas y que podrían derivar en la nulidad de las actuaciones y la liberación de los detenidos, aunque se trate de verdaderos narcotraficantes.
En todas las causas judiciales por drogas se realizan escuchas telefónicas, pero las grabaciones son calificadas de interés o descartadas por los policías de Drogas Peligrosas. En todos los expedientes figuran casetes numerados que “no son de interés para la causa” y esa decisión no es del fiscal sino del policía comisionado. Es decir que estas pruebas fundamentales para decidir la condena o libertad de un imputado pueden depender del criterio del policía y no del fiscal.
Además, se estudiará el contenido de numerosos casetes y CD secuestrados en los domicilios particulares de los policías detenidos.
Senestrari se mostró muy molesto al encontrar en las casas de los imputados y en dependencias policiales varias filmadoras. “Muchas veces pedí que filmaran los procedimientos para que fueran más efectivos, pero siempre me pusieron peros y me hablaron de la falta de medios”, contó ayer el fiscal.
Y hablando de secuestros en las direcciones de los detenidos y de los otros tres imputados, lo que sorprendió a efectivos de la PSA fueron 10 chalecos antibalas y una picana eléctrica en el domicilio del sargento Mario Osorio, quien además de trabajar en Drogas Peligrosas era encargado de seguridad del boliche Palmira. Este local está relacionado con el secuestro extorsivo no denunciado por Sosa a pesar de haber ido a pagar el rescate de la víctima, un delincuente de frondoso prontuario amigo de uno de los socios de Palmira.
Los chalecos están numerados y desde la Jefatura deberán informar a quiénes se habían asignado, ya que cada policía puede tener uno o dos como máximo. No hay que olvidar los asaltos a narcotraficantes realizados por hombres uniformados y con chalecos antibalas.
Recusaciones de Sosa
Mientras crece la batería de pruebas y documentación que pueden agravar la situación de los imputados, ayer se produjo una contraofensiva del exdirector de Lucha Contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, ahora alojado en la cárcel de Bouwer.
Como ya lo había anunciado el jueves cuando Senestrari le tomó declaración indagatoria, Sosa cumplió con su promesa y pidió los apartamientos del fiscal y de la secretaria penal del juzgado, Liliana Navarro.
Según la presentación, Senestrari habría adelantado criterio y Liliana Navarro debería dar un paso al costado por “enemistad manifiesta” con Sosa. El comisario mayor pasado a situación pasiva afirma que la secretaria de Bustos Fierro lo insultaba, trataba mal y hasta lo amenazó con “cagarlo a trompadas”. Para justificar estas afirmaciones, Sosa pone como testigos al exministro de Seguridad, Alejo Paredes y al exjefe de Policía, Ramón Frías. Si esas amenazas existieron ¿por qué los nombrados no formularon la correspondiente denuncia en su momento, si esa es la obligación que tienen como funcionarios públicos?
Bustos Fierro deberá correr vista a Navarro y Senestrari para que realicen su descargo y después deberá resolver si siguen o no afectados a la causa.
Discutido
Ricardo Bustos Fierro (Juez Federal). Ordenó incautar material hallado en dependencias de la Policía provincial y pidió que le pasen la actuación judicial por el presunto suicidio del policía Juan Alós.
Marta Cáceres (A cargo de la Fiscalía Provincial). Respondió que de inmediato remitiría las actuaciones del caso Alós, pero aclaró que pretende mantener la competencia de la Justicia provincial.
Nicolás Tobares
El jefe de Investigaciones tiene por ahora a cargo Lucha contra el Narcotráfico.
Fuente: La Voz
Comentar post