Preocupa a empresarios el conflicto en Monsanto. El Grupo de las Seis Entidades Empresarias de Córdoba (G-6) instó a las autoridades a garantizar la ley. Se está afectando el “clima de negocios”, dijo Ercole Felippa, de la UIC. Y la empresa fue a la Justicia
Monsanto fue a la Justicia para que sigan las obras. El abogado de la empresa, Julio Deheza, formuló un planteo ante la Fiscalía General de la Provincia por la inacción de los fiscales para liberar el bloqueo. Designarían al fiscal Oyhanarte en el caso.
El Grupo de las Seis Entidades Empresarias de Córdoba (G-6) -conformado por la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción, la Federación Comercial y la Unión Industrial- manifestó su preocupación por el conflicto en la firma Monsanto de Malvinas Argentinas.
El G-6 instó a las autoridades nacionales y provinciales a intervenir para garantizar la libertad de trabajo dentro del marco de la ley.
“El derecho a manifestar debe ejercerse dentro de un marco de respeto a la ley. Bregamos por generar un clima de aliento a la actividad privada, evitando la confrontación que afecta seriamente la actividad productiva, así como la percepción de una Argentina confiable en relación a la localización de proyectos de inversión dentro de un ambiente de tranquilidad y tolerancia, aspecto necesario para la generación de más y mejores empleos”, señala el grupo a través de un comunicado.
“Esperamos una pronta resolución a esta situación que va en detrimento del derecho a trabajar y del desarrollo productivo y social de una región. Sólo así podremos, entre todos los integrantes de la sociedad, forjar el destino de futuro y bienestar para todos los argentinos”, agrega el texto.
El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Ercole Felippa, expresó: “Instamos a las autoridades a que hagan lo necesario para destrabar esta situación, que genera un mal clima de negocios”.
En ese marco, Felippa agregó: “La seguridad jurídica, la previsibilidad y el respeto a la actividad privada son indispensables”.
Consultado sobre su opinión con respecto a las protestas de los ambientalistas, el empresario respondió: “Cualquier actividad productiva es sensible a la opinión pública por el daño de contaminar. Yo no voy a opinar si el reclamo es político o no”.
De todos modos, remarcó: “Existe un marco legal que protege el ambiente y los distintos niveles del Estado tienen que garantizar las leyes”.
Uno de los abogado de Monsanto, Julio Deheza, concretó un planteo ante la Fiscalía General de la Provincia por la inacción de los fiscales que intervienen en el bloqueo a la planta de Malvinas Argentinas para que se permita el ingreso de los camiones con materiales.
El letrado exige que se cumpla con la orden del TSJ que autorizó las obras civiles en el predio.
«Es para que los fiscales que estén interviniendo en esta trifulca tomen alguna determinación completa», señaló.
«El fiscal Marcelo Hidalgo fue acertado con la disposición de dar un oficio para que se cumpliera un cautelar del TSJ para que la obra civil continuara y los vecinos se manifestaran», añadió.
«No hemos tenido una respuesta de que se cumpliera el oficio de Hidalgo», concluyó.
En tanto, se conoció que la fiscal General de la Provincia, Marta Cáceres de Bolatti, designaría en las próximas horas al fiscal Miguel Oyhanarte para que se aboque al conflicto.
Hasta ahora quien está a cargo es la fiscal de Distrito III, Turno 4, Liliana Sánchez.
La empresa Monsanto informó que ayer paralizó las obras de construcción de la planta de Malvinas Argentinas, en Córdoba, a causa de la protesta que realizan ambientalistas en ese lugar y que este lunes terminó con incidentes.
En una conferencia de prensa, el gerente de Asuntos Corporativos de la firma, Adrián Vilaplana, explicó que la suspensión de las actividades se debe a la falta de insumos provocada por el bloqueo de los activistas que se oponen a la instalación de la multinacional.
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