El nuevo Código Penal elimina la prisión perpetua y prevé penas más leves. Elaborado por una comisión liderada por Zaffaroni, establece «sanciones de reemplazo» a la cárcel y que las condenas sean de cumplimiento efectivo; el peor castigo será 30 años de reclusión
El nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal, suscripto hace dos semanas en el ámbito de la Corte Suprema y que ya tiene en sus manos la presidenta Cristina Kirchner, contiene profundas y polémicas innovaciones . Entre ellas, la aplicación de penas más moderadas, ya que el texto prevé que las penas de prisión se combinen con un abanico de «penas sustitutivas» a la cárcel, según cuál sea la gravedad del delito cometido.
En todos los casos, las penas deberán ser de aplicación efectiva, por lo que se eliminan la libertad condicional y la condena de ejecución condicional. A cambio, se establece un sistema nuevo de penas de reemplazo a la prisión que incluye el arresto domiciliario, la prestación de trabajos a la comunidad y la multa reparatoria, entre otras.
Así, por ejemplo, en el caso de una condena a prisión que no exceda los tres años -cuya ejecución, en el código actual, sería condicional-, con el nuevo código el juez debe reemplazarla por alguna de las penas alternativas mencionadas. Si se trata de una pena de prisión que va de 3 a 10 años (mediana gravedad), exigirá que la mitad sea de cumplimiento efectivo en prisión y el resto, ejecutado por alguna de las penas alternativas que disponga el juez. En el caso de los delitos graves (más de 10 años), las dos terceras partes deben ser cumplidas en prisión, y el resto, por medio de una pena de reemplazo.
Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, el anteproyecto elimina la pena de prisión perpetua y establece como pena más alta 30 años de cárcel. Incluye, además, nuevas figuras penales referidas al genocidio, los delitos contra el medio ambiente, el tráfico de órganos y el tráfico y permanencia ilegal de inmigrantes, entre otras.
Asimismo, queda definitivamente despenalizado el uso de estupefacientes para consumo personal y, si bien se mantiene la penalización del aborto -salvo las excepciones contempladas en la ley actual-, el nuevo texto castigará también el «aborto culposo», por ejemplo, producido por mala praxis médica. Este punto promete una larga e intensa polémica.
Esta reforma del Código Penal, cuyo detalle no se conoce oficialmente, pero cuyos lineamientos generales pudo conocer LA NACION, es el fruto de un año y medio de debate que llevó a cabo una comisión de juristas y legisladores convocados a tal efecto por la presidenta Cristina Kirchner. Esa comisión, que encabeza el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y que integran Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (Pro), María Elena Barbagelata (Partido Socialista) y el ex camarista León Arslanian, suscribió el trabajo final el 10 de este mes, en conmemoración de los 30 años consecutivos de democracia. Ahora, el anteproyecto está en manos de la Presidenta, que, una vez que lo dé a conocer oficialmente, lo remitirá al Congreso para su aprobación.
LA RAZÓN DE LA REFORMA
La necesidad de reformar el Código Penal surgió ya hace algunos años, luego de las sucesivas modificaciones que se le fueron incorporando desde la dictadura militar hasta nuestros días. Esto, sumado a las leyes especiales, convirtió al Código Penal en un texto informe y desarticulado, con penas desproporcionadas que no guardan relación con los delitos.
En 2006 hubo un primer esbozo de anteproyecto de reforma, que finalmente no prosperó. A instancias de un decreto de la Presidenta, la comisión actual, comandada por Zaffaroni, se propuso retomar aquel trabajo con el objetivo principal de sistematizar en un solo cuerpo normativo el conjunto de normas penales, imprimiéndoles razonabilidad y proporcionalidad a las penas.
El anteproyecto definitivo, con sus poco más de 300 artículos, tiene como directriz el convencimiento de que no es el aumento generalizado de penas el antídoto para paliar el grave problema de la inseguridad actual. Si bien la reforma mantiene las tres figuras penales principales -privativa de la libertad (prisión), patrimonial (multa) y privativa de derechos (inhabilitación)-, introduce como novedad el sistema de «penas sustitutivas» contenidas en un abanico de sanciones alternativas a la pena de prisión, tal como lo recomiendan las Naciones Unidas.
Los miembros de la comisión que fueron consultados por LA NACION reconocen que este nuevo sistema despertará polémica y que la clave para su éxito es que el control de este tipo de «penas sustitutivas» sea realmente eficaz. Difícil en un país donde faltan juzgados de ejecución penal y presos logran escapar de las cárceles con llamativa facilidad.
Más allá de las prevenciones, los miembros de la comisión se mostraron satisfechos con el trabajo realizado y así lo expresaron durante el acto en el que suscribieron el texto en la Corte Suprema.
«Hemos logrado coincidencias en un altísimo porcentaje. Hay disidencias, obviamente, pero el trabajo se realizó con notable armonía», enfatizaron a coro.
«Lo importante es impartir un sistema de penas que se cumplan, que sean razonables y proporcionales al tipo de delito cometido», destacó Pinedo.
«Pretende ser un Código Penal moderno, con instituciones penales alternativas a la cárcel, como sucede en países europeos y tal como lo recomiendan las Naciones Unidas», enfatizó Gil Lavedra.
Barbagelata, si bien elevó su voz en protesta por la figura del «aborto doloso», celebró también el acuerdo logrado. «Lo fundamental es que el control judicial sobre las penas aplicadas sea efectivo», resaltó.
CLAVES Y PROTAGONISTAS. Cumplimiento efectivo
El anteproyecto del nuevo Código Penal elimina la libertad condicional y la condena de ejecución condicional
Penas «de reemplazo»
Prevé que las penas de prisión se apliquen en combinación con un régimen de condenas sustitutivas (arresto domiciliario, multas reparatorias, prestación de trabajos a la comunidad) según cuál sea la gravedad del delito cometido. Se elimina la pena de prisión perpetua
Nuevas figuras penales
Incorpora además nuevas figuras penales, relativas al genocidio, al medio ambiente y al tráfico de órganos, entre otros
Proporcionalidad
Busca instrumentar un régimen proporcional de las penas de acuerdo con el delito cometido. La pena más alta será de 30 años de prisión
Aborto
El nuevo Código Penal no penalizará el aborto, aunque sí castigará el «aborto doloso»
Drogas
Se despenalizará el uso de estupefacientes para consumo personal
Fuente: La Nación
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