El fiscal cordobés Raúl Garzón, a cargo de la investigación de los saqueos ocurridos entre el 3 y el 4 de diciembre último, informó que dispuso la prisión preventiva de 10 de los 80 imputados, porque se trató de un hecho inusualmente grave desde el punto de vista social.
«Como principales razones tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el estado», aseguró a la prensa el funcionario.
Las particulares circunstancias en que se produjeron estos «robos calificados», según el funcionario judicial, hicieron que «se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común».
Garzón tuvo en cuenta en el momento de imputar o de disponer de prisiones preventivas el hecho de que «muchos (de los acusados) no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente».
De acuerdo con el fiscal, la decena de imputados que se encuentra con prisión preventiva, «algunas ya confirmadas por jueces de Control», pertenecen a «los casos más graves» de los 80 que se están investigando.
“Los saqueos no van a quedar impunes”, había advertido horas antes el fiscal del Tercer Distrito de la ciudad de Córdoba, en declaraciones que hoy reproduce el sitio Infojus Noticias, según el cual más de la mitad de los identificados ya se encuentran detenidos.
El fiscal avanza con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones.
La investigación tuvo un comienzo contundente con la detención inmediata de cerca de 200 personas, muchas de las cuales obtuvieron luego la excarcelación mientras prosiguen encausadas por los delitos de “robo calamitoso”, “encubrimiento agravado”, “agresiones” y “daños calificados”.
Garzón reveló que aún no hay ningún miembro de la policía cordobesa detenido, pero advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad.
Los saqueos, según la Fiscalía, se centraron en productos “de segunda y tercera necesidad” y en ningún caso se detectaron alimentos u otros de primera necesidad, por lo que “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo”.
Fuente: Telam
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