De la Sota defendió su reforma antidrogas ante magistrados federales. El gobernador aseguró que la nueva policía especializada estará sujeta al Ministerio Público provincial, pero obligada a colaborar con la Justicia federal.
Entre los asistentes, el fiscal Senestrari.
Ante jueces y fiscales federales de la ciudad de Córdoba y del interior provincial, el gobernador José Manuel de la Sota explicó pormenores de la reforma en materia de seguridad que ya había anunciado, semanas atrás, durante su discurso legislativo.
Al hacerlo, a raíz de dudas y planteos que manifestaron los funcionarios del fuero federal, De la Sota puso especial énfasis en defender la creación de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) que dependerá del Fiscal General de la Provincia, pero que estará obligada a colaborar con las investigaciones y procedimientos que ordene la Justicia Federal.
“La FPA –dijo De la Sota, según informó el Gobierno provincial– estará sujeta absolutamente a las instrucciones que le imparta el Ministerio Público, y obligada a prestar la colaboración con las autoridades de otras jurisdicciones en especial la Justicia Federal”.
Desde el 1° de febrero pasado, cuando fue anunciada esta nueva policía, en los pasillos y en los despachos de los Tribunales Federales se han dejado escuchar –aunque por lo bajo– prevenciones y dudas acerca del proyecto. Camaristas, jueces y fiscales no tienen certeza aun de que esa nueva fuerza policial preste la colaboración que necesitan para desbaratar y esclarecer hechos de narcotráfico.
Antecedentes
Los propios magistrados federales le plantearon al gobernador esta preocupación latente por la falta de investigaciones complejas que hay en Córdoba, desde que en septiembre pasado estalló el caso de policías vinculados al narcotráfico. Por entonces fue detenido quien estaba a cargo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía, Rafael Sosa, hoy procesado junto a otros siete uniformados por asociación ilícita.
Según testimonios de magistrados, en la actualidad sólo avanzan las investigaciones sobre venta minorista de drogas, que desde diciembre de 2012 están en manos de la Justicia provincial. Además, entre ese fuero y el federal suele haber discusiones de competencia.
La duda es que las investigaciones complejas sólo puedan abordarse con efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que cuentan con poco personal en esta provincia.
Una fuente provincial dijo que hay cierta “resistencia” de los policías provinciales de sumarse a investigaciones sobre narcotráfico. Y que se da por descontado que para lograr integrar esta nueva fuerza, con unos 200 efectivos, habrá una ardua tarea.
Según el vocero del gobernador, “se percibió el beneplácito de los asistentes –entre los cuales había un exintegrante del Ministerio Público– acerca de las modificaciones que reforzarán a la Fiscalía General con las facultades que pretendió darle, oportunamente, la Constitución de la Provincia.
Sin nombres
En la reunión de ayer, De la Sota no dijo quién será el funcionario de la Fiscalía General provincial que comandará la nueva fuerza. El mandatario propuso que la Fiscalía General quede a cargo del actual fiscal de Instrucción Alejandro Moyano, y que como fiscales adjuntos asuman Alejandra Hillman (actual fiscal de Instrucción de Cosquín) y el exministro de Justicia Héctor David.
Fuentes judiciales dijeron que, como hubo algunas referencias a Hillman para casos de narcotráfico, quedó la sensación de que podría supervisar el proceso, pero eso no se sabrá hasta que las postulaciones se confirmen y asuman las nuevas autoridades.
Senestrari, presente
Entre los que escucharon a De la Sota estuvieron los jueces Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Bustos Fierro (por Córdoba); el juez Carlos Ochoa de Río Cuarto y el secretario penal del juzgado de Villa María. Gustavo Vidal Lascano y Enrique Senestrari, fiscales federales
de instrucción de Córdoba, también participaron del encuentro. La presencia de Senestrari es significativa, si se tiene en cuenta que es quien inició la investigación de los policías antinarcóticos hoy procesados.
Acompañaron a De la Sota el ministro de Gobierno, Walter Saieg; la ministra de Justicia, Graciela Chayep; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Además del proyecto sobre la FPA, el gobernador presentó las iniciativas sobre modificaciones en el Código de Faltas y la denominada “ley antimotines”, para sancionar a policías que dejen de prestar servicios, como ocurrió durante los saqueos de diciembre; e incluso, el inminente proyecto para que juntas de participación ciudadana intervengan en la designación y evaluación del accionar de comisarios.
Fuente: La Voz
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