¿ Sufragio Universal?

En 1914 hubo elecciones legislativas en el país. Era la segunda vez que se votaba según la recientemente sancionada Ley Sáenz Peña.

Una ley que se proclamaba como «universal» aunque de hecho no consideraba como sujetos de derechos políticos a las mujeres, los extranjeros y los habitantes de los territorios nacionales, pero que, en su imposición del sufragio secreto y obligatorio rompía la lógica electoral que había consolidado una aristocracia electiva en el país y empujaba definitivamente la consolidación de la democracia moderna en Argentina.

El 22 de marzo de 1914 hubo elecciones legislativas en Argentina. El centenario de tal acontecimiento puede parecer algo menor. Pero, a veces, un pequeño episodio permite echar luz sobre cuestiones más grandes.

Las de ese año fueron las segundas elecciones de diputados nacionales celebradas de acuerdo a la ley electoral sancionada en 1912 por impulso del presidente Roque Sáenz Peña. Solemos hablar de ella recitando los cambios que introdujo: el voto “universal, secreto y obligatorio” para los mayores de 18 años. Pero ya es necesario modificar esa afirmación rotunda. El dato más obvio es que la universalidad no era tal porque no incluía a las mujeres, que recién obtuvieron ese derecho en 1947. A pesar de ello, por décadas el machismo imperante hizo que se hablara –y hable–  de “sufragio universal” a secas.

A la vez, como el surgimiento de ninguna ley puede aislarse de su contexto, es significativo que el derecho no alcanzase a los inmigrantes, en una época en la cual eran numerosísimos. Ese mismo año el censo nacional arrojó una población de poco menos de 8 millones de personas en el país, de las cuales más de 3 millones y medio eran extranjeras. Más allá de consideraciones generales sobre la ciudadanía, había aquí un dato coyuntural fundamental: para buena parte de la dirigencia política, los grandes desafíos al sistema protagonizados por trabajadores desde posiciones de izquierda eran estimulados y liderados por “agitadores extranjeros”.

«Los sectores ligados con la vieja dirigencia conservadora y quienes buscaron representar a los grupos más poderosos de la sociedad argentina no consiguieron desde entonces construir partidos políticos con atracción popular.»

No eran, sin embargo, las únicas restricciones. Como han enfatizado los aportes historiográficos de los últimos tiempos, tampoco estaban incluidos los residentes, incluso nativos, de los “territorios nacionales”, el nombre que se dio a los espacios arrebatados por el Estado argentino a los indígenas independientes en el último cuarto del siglo XIX: Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se trataba de casi la mitad del país, en la que vivían menos de 350 mil personas; pero es remarcable que no se les otorgaran derechos políticos, que llamativamente conseguían si se mudaban a alguna de las provincias antiguas. Estando en los territorios nacionales eran “habitantes” y no ciudadanos plenos, ya que al encontrarse lejos de los centros “civilizados” su moral y su capacidad política eran consideradas dudosas; no podían, entonces, elegir ni diputados ni al presidente de la nación. Necesitaban “evolucionar” para poder integrarse al cuerpo político (recién durante el gobierno de Perón, entre 1951 y 1955, la mayoría de los territorios nacionales fueron convertidos en provincias y la ciudadanía se extendió; Tierra del Fuego lo siguió en 1990).

De todos modos, la gran novedad de la Ley Sáenz Peña en las viejas provincias no fue la universalidad del voto masculino, dado que desde la década de 1820 el derecho al sufragio era muy amplio en varios distritos, abarcando prácticamente a todos los adultos. Lo decisivo era el resto de la medida: el sufragio secreto y obligatorio. Ello permitiría desmantelar los resortes por medio de los cuales los grupos dominantes habían hecho del sistema representativo un mecanismo para asegurarse una “aristocracia electiva”.

Sáenz Peña, según Natalio Botana, confiaba en que la apertura del maduro sistema político diera lugar al mismo resultado: la elección al gobierno de los que siempre lo habían detentado, pero con legitimidad. Pero más allá de su optimismo personal, quienes apoyaron la reforma intentaban canalizar en la disputa electoral las protestas sociales y las impugnaciones al “régimen conservador” instalado en 1880. Y en parte tuvieron éxito, ya que la participación de radicales y socialistas redundó en una afirmación del sistema político.

Pero el cambio tendría sus costos: el reemplazo del propio elenco conservador. Y las elecciones de 1914 fueron el preludio de lo que vendría: el radicalismo obtuvo más del 32% de los votos nacionales, por debajo pero no tan lejos del rejunte de partidos ligados al régimen. Dos años después daría el gran salto y triunfaría en las elecciones presidenciales, provocando un giro en la historia argentina (que Sáenz Peña, muerto en agosto de 1914, no llegó a ver).

El sueño de la “aristocracia electiva” se desvaneció. Los sectores ligados con la vieja dirigencia conservadora y quienes buscaron representar a los grupos más poderosos de la sociedad argentina no consiguieron desde entonces construir partidos políticos con atracción popular, como existen en la derecha de diversos países, y optaron por otras vías para llegar al poder a lo largo del siglo XX. Pero nunca –con la única excepción del particular experimento político menemista en 1995– sus programas obtuvieron un favor mayoritario explícito en las urnas. Ese fue uno de los legados más notables de la reforma electoral de Sáenz Peña.

Fuente: Telam