El fiscal Carlos Matheu imputó a dos productores agropecuarios por fumigación irresponsable en la ciudad de Córdoba. Se trata de Francisco Parra y Jorge Gabrielli quienes fueron imputados bajo la figura de contaminación dolosa.
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. El abogado Carlos Nayi, «a partir de una denuncia formulada por Funam en 2002 que ha tenido distintas alternativas procesales, se han acoplado 30 denuncias de vecinos de la zona y las cuales se involucra a más de 100 muertes y más de cinco mil afectados», aseguró el letrado. Las penas varían de 3 a 10 años de reclusión a prisión y 10 a 25 años si se prueba que la contaminación produjo muertes.
El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden que hay tres posibles causas contaminantes: la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada por arsénico y plomo. El «cóctel» contaminante habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La causa se inició en 2002 y la instrucción inicial recayó en la Fiscalía Federal Nº3, pero luego pasó a la Justicia Provincial. Tras varios años de parálisis, ahora se analizan los casos desde el enfoque de la ley de residuos peligrosos 24.051.
Montenegro señaló que el objetivo de FUNAM y de los vecinos denunciantes «es establecer los niveles de responsabilidad no solamente de las personas que aplicaron plaguicidas dañinos para la salud sino también la responsabilidad de funcionarios públicos, tanto en lo que hace al control del uso de plaguicidas como al control de los otros contaminantes que actuaban en el barrio, entre ellos PCBs, plomo, cromo y arsénico.
Entre los organismos cuya investigación se solicitó se encuentran la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Agencia Córdoba Ambiente, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) y la Municipalidad de Córdoba».
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