Podría salir antes de las elecciones, habría una reunión conjunta se acordó para la semana entrante, de allí surgiría un dictamen para llevar al recinto.
La idea del oficialismo es llevarla al recinto en unas dos semanas para que luego lo apruebe el Senado. Ibarra tomó nota de las modificaciones y prometió que habrá cambios.
Con una convocatoria amplia la comisión de Legislación General que conduce Vilma Ibarra cerró filas detrás de la presidencia para convocar «amistosamente» a una reunión conjunta con Agricultura y Asuntos Constitucionales para dictaminar sobre la ley de tierras.
Así 14 diputados sobre 19 presentes de los que integran Legislación General avalaron a la presidencia a invitar a los presidentes de las otras dos comisiones a la conjunta o en su defecto «pedir el emplazamiento en el recinto» a través de la presidencia de la Cámara como lo establece el reglamento.
A la reunión de Comisión asistieron cerca de 50 diputados, muchos de ellos integrantes de Agricultura y/o autores de proyectos sobre el mismo tema, y otros que simplemente quisieron estar presentes para dar su parecer sobre la iniciativa del Ejecutivo que fue la que marcó el eje de la discusión.
De entrada, el oficialismo había concurrido con la idea de «sacar el dictamen de Legislación General, y directamente llevarlo (el proyecto) al recinto la semana que viene» según confiaron a El Enfiteuta antes del inicio. En el pleno de la Cámara el FpV pediría que se decidieran los dictámenes faltantes de las otras dos comisiones y a continuación votar la ley.
Pero el número del kirchnerismo sigue siendo el de una primera minoría en la Cámara baja, y para semejante despliegue de energía sencillamente no le da el número. Así que ayer luego de iniciada la reunión, las propuestas de la oposición para introducir modificaciones fueron tomadas en cuenta.
Carlos Moreno una de las espadas más filosas del bloque K, sentado junto al diputado Carlos Kunkel, calificó como «positivas» las propuestas de los bloques de la oposición y elogió las intervenciones como constructivas, sin perder jamás el tono de acercamiento.
El «Cuto» Moreno es un hábil generador de chicanas, por lo que su calificación acerca de la «razonabilidad» de las modificaciones que se proponían puede dar pie a un cambio de relación en el Congreso, acaso una consecuencia de las PASO.
Pero también desde la oposición se dejaron de lado las posturas agresivas que generalmente se utilizan para atacar al gobierno y no para discutir aspectos legislativos. En su lugar hubo exposiciones propositivas, y hasta por momentos criterios compartidos por una amplia mayoría.
Desde la bancada radical (una de las más divididas sobre la ley de tierras) el chaqueño Pablo Orsolini ratificó de entrada la propuesta originada en la FAA y sugirió incorporaciones en la propuesta del Ejecutivo para «mejorar» el proyecto.
Poco a poco cada legislador fue coincidiendo en general en la necesidad de la ley que estaba en discusión y ajustes a la propuesta del gobierno como establecer el máximo de tierra que adquieran los extranjeros en Unidades Económicas, y no en mil hectáreas fijas como se plantea en el proyecto del Ejecutivo.
También en exceptuar de la norma a los extranjeros residentes (típico caso de inmigrantes) que acrediten que viven en el país desde hace tiempo, las propuestas son entre cinco y diez años.
Hubo, igualmente voces que se pronunciaron en contra de la ley en cuestión aunque contrapropusieron otros proyectos. Este fue el caso de Ricardo Buryaile quien calificó de «conceptualmente malo» el proyecto del gobierno, y remarcó la ausencia de sentido federal de la ley. «Las provincias no aparecen en ningún lado» del texto, señaló.
El diputado macrista Julián Obiglio expuso la posición del bloque como la más distante del proyecto planteado por el gobierno y del resto de los bloques. Obiglio aseguró que el enfoque desde el espacio PRO es legislar «desde otra óptica» y que la discusión de tierras no debe ser por «quién la tiene sino por qué se produce».
En la discusión estuvo también Felipe Solá uno de los pocos que cuestionó la constitucionalidad de la norma a consideración, aunque reconoció que el grueso del proyecto era muy «razonable». Observó después, al llegar al límite de mil hectáreas para extranjeros (Art. 9) se «sale de la racionalidad» y aventuró que el añadido «fue para jorobar».
Solá introdujo en la discusión la teoría del «paisaje». Sostuvo que de las 278 millones de hectáreas que tiene la Argentina, 178 millones son cultivables, «la diferencia es paisaje» explicó. Precisamente en esos cien millones de hectáreas se encuentra, dijo Solá, el grueso de las compras de tierras por parte de extranjeros.
Vilma Ibarra aclaró que los proyectos sobre tierras se vienen tratando desde hace un año, antes de la presentación del proyecto del Ejecutivo. En todo ese tiempo hubo varias convocatorias para tratar el tema con la presencia de funcionarios técnicos de distintos organismos y ministerios.
Este año tras la llegada del proyecto del gobierno se convocó varias veces a reuniones conjuntas con Agricultura y Asuntos Constitucionales que presidente Juan Casañas (UCR) y la duhaldista Graciela Camaño, pero a ninguna respondieron esos diputados.
Este miércoles mientras se desarrollaba la reunión, Ibarra señaló que había podido por fin comunicarse con Camaño para organizar una nueva reunión el jueves de la semana próxima. Nadie pudo localizar al agrodiputado Juan Casañas, quien no ha demostrado demasiado entusiasmo con la ley en cuestión, pese a su origen en la Federación Agraria y su rúbrica en la iniciativa de Orsolini.
Así las cosas, la reunión se levantó tras casi cuatro horas de discusión con la idea de que la semana que viene, las tres comisiones arribarán al dictamen correspondiente para que el recinto lo trate en la primera sesión que se realice.
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