Advirtió que » tenemos que revisar cómo cuidar lo que es nuestro».
El ministro Alak dijo que es una cuestión de «soberanía» Durante un seminario sobre la Ley de Tierras, realizado en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) hablaron Domínguez, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el rector de la casa de altos estudios, Víctor Fernández.
Domínguez recordó, al inaugurar el encuentro, que «hemos tenido una reforma constitucional donde la dirigencia argentina entregó nuestra soberanía de una manera que sorprende al mundo».
Domínguez comparó la iniciativa contra la extranjerización de tierras con el conflicto de las Malvinas: «Que hayamos perdido no quiere decir que renunciemos a la plenitud de nuestros derechos», ya que «si no somos capaces de defender el ejercicio soberano del Estado sobre la tierra, no somos capaces de defendernos a nosotros mismos», sostuvo.
El proyecto busca limitar a mil hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un Registro Único Nacional de propiedades, para limitar a 20 por ciento el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro juzgó que «hubo un mercantilismo en el pensamiento liberal argentino, que en nombre de los libres negocios se hicieron estragos con nuestro principal recurso, que es la tierra».
«Esencialmente se redujo la potestad del Estado de ser garante del interés general y se le quitó capacidad de anticiparse al futuro», agregó Domínguez.
El titular de la cartera agropecuaria pidió además «que no se confunda este tema con la campaña electoral, porque se trata de una cuestión de interés estratégico que debe constituirse en política de Estado», en declaraciones previas a la prensa.
A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, consideró hoy que el proyecto de Ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la presidenta, Cristina Fernández, «satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable».
«Desde hace 400 años, las llamadas inversiones extranjeras para el progreso sólo se dedicaron a vaciar nuestras riquezas naturales», opinó el funcionario.
Durante el encuentro, realizado esta mañana en la sede porteña de la UCA y organizado en conjunto por los ministerios de Justicia y Agricultura y la facultad de Ciencias Agrarias de esa casa de estudios, Alak reconoció que «en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral»; y en ese orden explicó que «el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)» con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que «el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales».
Luego de aclarar que «en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción», Alak subrayó que el sistema «recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros».
La apertura del seminario, en el auditorio de la UCA en el barrio porteño de Puerto Madero, estuvo a cargo del rector de la universidad, Víctor Manuel Fernández, quien manifestó el respaldo de la Iglesia al proyecto oficial.
Fernández recordó que «el Episcopado argentino habló sobre este tema en su aporte ‘Una tierra para todos´, de 2005, donde se lamentaba por la extranjerización creciente de las tierras y la consideraba una pérdida de soberanía y de recursos naturales».
El religioso puntualizó además que «la doctrina social de la Iglesia habla de la necesidad, en muchos casos, de redistribuir la tierra a través de procesos de reforma agraria, para evitar la extensión de latifundios».
Advirtió luego que «el riesgo de conformación de latifundios es más grande cuando la tierra está en manos extranjeras».
Fernández sostuvo por último que la ley de Protección al Dominio de las Tierras Rurales «no va a resolver todos los problemas relacionados con la concentración en la propiedad de la tierra, o el cuidado de recursos naturales y el medio ambiente, pero es una decisión urgente».
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