El Gobierno del presidente Evo Morales amenazó hoy con expropiar en Bolivia alrededor de un millón de hectáreas de tierras a brasileños y mexicanos si se confirma que fueron obtenidas ilegalmente o que no son usadas para producir alimentos.
El viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, dijo a la radio estatal que se identificó esa superficie en manos de extranjeros en las regiones de Santa Cruz (este) y Beni (noreste), fronterizas con Brasil, y se investigará si son tierras legalmente adquiridas.
«Verificaremos primero cómo adquirieron la propiedad. Si cumplen el marco legal vigente, respetamos y vamos a sanear (titular) la propiedad. Si no cumplen, (las tierras) serán revertidas al Estado y se las dotará a gente que las necesita para la producción», dijo.
El Gobierno también investigará el uso que están dando los extranjeros a esas tierras, pues, según Pinto, «muchos de ellos las usan para el narcotráfico y otros hacen desmontes ilegales».
Entre los extranjeros que supuestamente adquirieron tierras ilícitamente, el funcionario identificó a empresarios brasileños y a los menonitas mexicanos de la colonia de Río Negro, en el Beni, a quienes intentan desalojar desde 2009.
Pinto vinculó este problema con la crisis alimentaria mundial por la creciente necesidad de los países de incrementar su producción agrícola e incluso de expandirla a otras naciones.
«No estamos en contra de que un extranjero tenga tierras en Bolivia. Pueden venir a trabajar y sembrar, pero que lo hagan de forma legal, que hagan una producción y explotación legal, cumpliendo las normas de nuestro país», agregó.
Pinto efectúa actualmente inspecciones de campo en las zonas donde están los extranjeros y prevé entregar los resultados de su investigación dentro de dos meses.
El Gobierno promulgó en 2006 la ley de «Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria», que ordena examinar la legalidad de la propiedad de tierras, así como expropiar las que no estén en producción para repartirlas entre indígenas y campesinos.
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