El gobierno argentino solicitó al juez Thomas Griesa que reponga la medida cautelar para que los bonistas del canje puedan seguir cobrando, y «protección suficiente» contra el riesgo económico y financiero que puede significar la activación de la cláusula RUFO para poder alcanzar «una solución justa y equitativa a todos los acreedores».
Un día antes de que el juez Thomas Griesa tenga una audiencia clave con casi todos los actores de esta saga por la deuda argentina (con la excepción de los abogados que representan al país), el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGSH) volvió a pedir que a la Argentina se le permita un nuevo stay (medida de no innovar) para terminar de pagar la deuda.
Mediante un escrito, los abogados que representan al país Jonathan Balckman y Carmine Boccuzzi, pidieron por la moción de clarificación solicitada por Bank of New York Mellon (BONY) en el sentido de qué hacer con los fondos girados por el país que no llegaron a los bonistas por la prohibición de Griesa. La moción de la entidad es para pedir una clarificación acerca de los pasos a seguir: hay reclamos de los bonistas europeos y norteamericanos que no recibieron un centavo de los u$s539 millones del bono Discount aún frezados en la cuenta del BONY en el Banco Central argentino.
La presentación argentina fue hecha a través de un documento de trece páginas, técnicamente una moción, a la que tuvo acceso Télam.
«Un stay, así como una adecuada y suficiente protección a la República contra el riesgo económico y financiero de la cláusula RUFO, son necesarios y adecuados para permitir, por un lado, que los bonista del canje reciban sus pagos de los intereses de sus bonos, como fue establecido en el cronograma original, mientras por otro lado, permitir a la República, perseguir condiciones justas y equitativas para todos los acreedores», sostiene el texto oficial.
Agrega que «la Corte debería otorgar las mociones de clarificación solicitadas por los bonistas europeos (Eurobondholders) Euroclear, Clearstern, -(NDR que solicitaron cobrar y clarificación del pago, respectivamente)- y denegar la moción de los litigantes» contra el país.
El documento subraya que los fondos buitre continuaron con acciones «que complicaron» la resolución del conflicto.
«La perspectiva de resolución se complicó aún más debido a que los litigantes continuaron con agresivos esfuerzos de litigio, incluyendo entidades con mayoría estatal como YPF, así como otras entidades no argentinas como Chevron», sostiene la moción presentada por los abogados que representan al país.
Este lunes se conoció que los fondos buitre realizaron la semana pasada una presentación judicial en EEUU para intentar embargar fondos de YPF y de Chevron.
Dicha demanda ingresó en California, de donde es oriunda Chevron, y es consecuencia de la luz verde judicial que logró Elliott (al haber sido denegada la apelación argentina ante la Corte Suprema) acerca del pedido de discovery information (descubrimiento de activos), para hurgar sobre activos de la Argentina.
El gobierno argentino afirmó que «se comprometió y continúa comprometido con el especial master (mediador) designado por la Corte para asistir a las partes en alcanzar una resolución».
«Pero ese proceso (que encararon los fondos buitre) debería ser tenido en cuenta como restricciones legales y fácticas», agregó el documento.
El gobierno reiteró las consecuencias del peligro para el país de que se active la cláusula RUFO, y argumentó que es «imposible para la República avanzar con una resolución de su deuda, de manera justa, equitativa y sustentable, con los acreedores que no ingresaron a los canjes, si no se otorgan garantías que protejan la deuda que fue reestructurada con el 92,4% de los acreedores».
Y deslizó el factor tiempo que contiene dicha cláusula, debido a que vence el último día de diciembre del corriente año.
En consecuencia, prosigue el documento, dada la actual «ausencia de un instrumento que otorgue al país certidumbre de que no tendrá que enfrentar una carga financiera producto de la activación de la cláusula RUFO, un stay es necesario y apropiado para la República para proceder con la resolución total global de todas las partes, y de los deseos de la Corte».
Por último, este lunes se conoció, en forma coincidente a la víspera de la audiencias convocada por Griesa, «un aviso de pago» de la Argentina correspondiente al vencimiento previsto para el 30 de septiembre próximo, a través de una notificación enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Fueron en total siete avisos de pago, de los bonos Par 2038, Discount 2033, en las distintas monedas: yenes, euros, y dólares.
La nota está firmada por Alfredo Ortiz González, de la dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía.
Según CGSH, «para la ley argentina, si los servidores públicos causan daño previsible a la propiedad del Estado, ya sea debido a su imprudencia o falta de cuidado, están sujetos a juicio político, así como la responsabilidad civil y penal. Aquí, funcionarios públicos claramente estarían expuestos a dicha responsabilidad si, a pesar de los riesgos de la activación de la cláusula RUFO antes mencionados, no toman acciones y terminan aumentando significativamente los pasivos de la República y colocan en peligro la reestructuración de deuda».
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