Israel coincidió con Argentina en que se debe seguir investigando. «Atribuimos gran significación a que los autores e instigadores sean llevados a la justicia», comunicó a Timerman el canciller Lieberman, sobre los atentados a la Embajada y a la AMIA.
La frase que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le dedicó a la causa por la investigación del atentado a la embajada de Israel, en la que pretendió dar por clausurada la actuación de la justicia en el caso («es cosa juzgada», arriesgó), despertó una serie de críticas por parte del oficialismo.
En su exposición, Lorenzetti había argumentado que al existir una sentencia del año 1999, producida por la anterior composición de la Corte, los actuales miembros del tribunal «no podían modificar» el fallo. «Esa sentencia determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho», dijo el supremo en la apertura del año judicial.
Su planteo fue objetado por el canciller Héctor Timerman, quien horas después advirtió que la investigación sobre la voladura de la embajada en 1992, que a su juicio está incompleta, debe ser concluida y que esa tarea es responsabilidad de la Corte.
Timerman acompañó su réplica con la lectura de una carta de su par israelí, Avigdor Lieberman, que ayer le fue entregada por la embajadora israelí en Argentina, Dorit Shavit.
En la misiva firmada por Lieberman y recibida en el Palacio San Martín, el canciller de Israel le transmitió a Timerman que su país está interesado en «la continuidad» de las investigaciones sobre los atentados a la delegación diplomática, de 1992, y a la AMIA, de 1994.
«La continuidad de la investigación sobre los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y el centro comunitario judío AMIA es naturalmente de gran importancia para nosotros. Atribuimos gran significación a una conclusión de la investigación y a que los autores e instigadores de estos actos sean llevados a la justicia», sostiene la carta, que ayer Timerman leyó completa desde la Sala de Conferencias de Balcarce 50.
El canciller se valió de esas definiciones para subrayar las coincidencias del Estado de Israel con la Casa Rosada. De ese modo, el Gobierno quiso dejar en claro que ambas administraciones –la argentina y la israelí– no consideran concluido el juicio por el atentado a la delegación que por entonces se ubicaba en la esquina de Arroyo y Suipacha.
En la voladura de aquel edificio murieron 29 personas y hubo más de 240 heridos.
«El gobierno argentino coincide con Israel en la necesidad de concluir la investigación y que los autores e instigadores de esos actos sean llevados ante la Justicia.
Al gobierno argentino le parece muy importante y significativo que el gobierno de Israel marque la diferencia de continuar la investigación sobre los ataques terroristas contra la embajada de Israel y el centro comunitario judío AMIA», subrayó el canciller. «El gobierno argentino –agregó–, también, quiere aclarar que la investigación de la causa contra el atentado a la Embajada de Israel, por disposición de la Constitución, es responsabilidad de la Corte y, en la causa por el atentado a la AMIA, la responsabilidad es del Poder Judicial argentino.
Con esta contundente definición del gobierno israelí, sobre la necesidad de continuar la investigación, queda de alguna manera corroborada la posición que la presidenta hizo, el 1º de marzo, en la Asamblea Nacional, y que coincide plenamente con la realidad de los hechos».
Los funcionarios y juristas que se mostraron en desacuerdo con Lorenzetti pusieron el foco sobre varios hechos y antecedentes de la causa sobre la Embajada.
Recordaron que el máximo tribunal dispuso la creación de una secretaría especial dedicada exclusivamente al atentado de 1992: la encabeza Esteban Canevari, secretario penal de la Corte. Otro hecho previo que podría contradecir a Lorenzetti es que en 2006 todos los miembros del tribunal supremo –con su nueva composición, que lo incluye a él– se pusieron de acuerdo en un fallo que declaró la imprescriptibilidad de la causa: ese instrumento permite que no se detenga la actuación de la Justicia.
Otros juristas consultados por este diario, con la condición de responder en off the record, plantearon que un juicio no se puede ser «cosa juzgada» hasta que no haya indagados, procesados y condenados.
También hubo voces de especialistas –reconocidos abogados del fuero penal– que plantearon cierto asombro porque el Estado de Israel, más allá de sus pronunciamientos públicos, no haya impulsado con fuerza el avance de la causa desde la condición de querellante, como particular damnificado.
La polémica afirmación de Lorenzetti, sobre el cierre de la causa de la embajada y la carátula de «cosa juzgada», también recibió objeciones del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y del diputado nacional Guillermo Carmona (FPV, Mendoza), titular de la comisión de Relaciones Exteriores. «No es cosa juzgada ni hay sentencia. Para eso debería haber indagados, procesados y condenados. Y no los hay», remarcó Fernández en una entrevista del canal C5N. «El presidente de la Corte (por Lorenzetti) dice que hay una organización sindicada como la autora del atentado: Hezbollah.
Pero atribuir responsabilidad a una organización sin determinar responsabilidades personales, de autores materiales e intelectuales, denota que no está terminada la investigación. No se puede imputar, procesar, solicitar la extradición o condenar a una organización. Hay que determinar las autorías personales», cuestionó Carmona al ser consultado por Tiempo.
«Lorenzetti está mal asesorado»
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández sostuvo que Ricardo Lorenzetti está «mal asesorado» y, entre otros puntos de su discurso de apertura del año judicial, rechazó que la causa por la voladura de la Embajada de Israel esté cerrada.
«No es cosa juzgada ni hay sentencia. Para eso debería haber indagados, procesados y condenados y no los hay», detalló Fernández, quien de todos modos aclaró que no considera que el titular de la Corte sea «el líder del Partido Judicial».
Fuente: Tiempo Argentino
Comentar post