TRAS LA APROBACION EN EL SENADO DEL PROYECTO QUE DEJA SIN EFECTO LA AMNISTIA EN URUGUAY. El presidente José Mujica salió a aclarar que no vetará la ley que termine con la impunidad en su país. Un senador frentista renunció a la banca, mientras que otro votó en contra y será enviado a un tribunal de conducta.
El Frente Amplio (FA) está tratando de recuperarse del huracán que resultó ser dentro de sus filas el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, aprobado anteayer en el Senado. Eleuterio Fernández Huidobro se mantiene firme en la postura de abandonar la banca en la Cámara alta por haberse visto obligado a votar una iniciativa en la que no creía. El senador frenteamplista Jorge Saravia será enviado a un tribunal de conducta por su negativa a acompañar la iniciativa de su bloque para dejar sin efecto la norma que impide el juzgamiento de los represores. Mientras que el presidente José Mujica tuvo que aclarar que no vetará la ley cuando finalmente sea ratificada por la Cámara de Diputados. A pesar de que en el FA soplan tempestades, algunos uruguayos están empezando a respirar tranquilos. La Ley de Caducidad tiene sus horas contadas y entienden que la impunidad, también.
La sesión del martes en el Senado confirmó certezas y aportó sorpresas. «El resultado de la votación estaba previsto. Lo que no estaba previsto fue la renuncia de Fernández Huidobro», confesó a Página/12 Jorge Brovetto, el presidente del FA. En pleno debate, el ex militante tupamaro comunicó que por disciplina partidaria iba a aportar su voto pero que no podía mantenerse en su banca.
«Di mi voto para que esta norma fuera aprobada, aunque tengo muchísimas reservas en cuanto a su texto», explicó a este diario Fernández Huidobro. «Yo quedé en minoría y acepté la mayoría del FA en el debate con respecto al texto que procura eliminar los rasgos más nefastos de la ley de impunidad. Pero, a mi juicio y asesorado por los abogados que saben del tema, ese proyecto no va a cumplir con los objetivos que pretende. Ojalá que me equivoque pero va a ser fácilmente cuestionado por la Suprema Corte de Justicia porque contiene unas cuantas inconstitucionalidades», agregó. Huidobro comentó que no recibió reproches de sus compañeros de militancia sino solidaridad y apoyo, como el que manifestó el presidente Mujica el martes por la noche, cuando se acercó al Congreso para abrazarlo. Según confirmaron desde el FA, Huidobro aún no hizo efectiva la dimisión y tendrá que hacerlo en los primeros días de mayo.
Otra de las curiosidades en la votación del martes la aportó el senador Saravia, que es un acérrimo opositor al proyecto interpretativo que impulsó su propio bloque. «Nuestros principios republicanos y defensores de la Constitución nos impedían acompañar una ley que viola flagrantemente la Constitución y que pasa por encima la decisión soberana del pueblo de 2009. Mi postura fue dar el debate ideológico en sala y votar en contra», dijo a Página/12 el legislador que supo integrar las filas del Partido Blanco y después pasar al Espacio 609, en el FA. Saravia aprovechó para referirse a la renuncia de Huidobro y negó que él haya pensado la misma salida. «Yo no creo que la disciplina partidaria esté por encima de la ética política. Su renuncia es un costo político muy grande para el FA», disparó el legislador. Todo indica que Saravia tendrá que dar respuestas ante el Tribunal de Conducta Política de la coalición centroizquierdista gobernante por su desobediencia. Una de las posibilidades es la expulsión, pero la determinación del Frente podría demorarse hasta unos seis meses.
El presidente Mujica tuvo que salir a calmar los ánimos. Coincidiendo con los planteos de los senadores díscolos, el mandatario también había dicho que debería vetar el proyecto interpretativo porque atenta contra la Constitución. Pero después de gestos que encendieron los ánimos, como la visita que realizó al represor preso Miguel Dalmao, tuvo que conceder: «Soy enemigo del veto por cuestión de principios». Y completó: «Porque fui parlamentario y el Parlamento puede tener muchos defectos, pero en alguna medida es la máxima representación. No es una decisión del Ejecutivo vetar una ley del Parlamento, aunque le guste o no».
Así que todo indica que la Ley de Caducidad dejará de tener efectos para el mes que viene. Inicialmente, diputados confirmaron que se iba a tratar la iniciativa en esa cámara el 4 de mayo. Sin embargo, Brovetto confió ayer a este diario que se estaba barajando otra fecha. «Una versión que se maneja es que la sesión de Diputados sea el mismo 20 de mayo, que tendría un carácter simbólico muy importante porque es una fecha de la democracia uruguaya». Ese día, cientos de uruguayos salen a las calles, en silencio, para reclamar justicia por las víctimas del terrorismo de Estado, algo que en el último cuarto de siglo no pudieron conseguir debido a la existencia de la Ley de Caducidad. Desde los organismos de derechos humanos y desde algunos sectores del FA remarcaron que esperan que éste sea el primer 20 de mayo sin impunidad.
«A nosotros nos parece que el proyecto de ley debería aprobarse antes del 20 de mayo, para que para entonces esté promulgado», respondió a este matutino el senador Rafael Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, asesinado justamente el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires. Michelini, que fue uno de los principales impulsores del proyecto interpretativo, se manifestó muy contento con la resolución de anteayer y negó que la propuesta contenga fragmentos reñidos con la Carta Magna uruguaya. «Es un paso histórico en la lucha contra la impunidad», celebró.
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