Nicaragua y Cuba se desmarcaron de la lluvia de condenas internacionales a Libia, rompiendo la armonía latinoamericana respecto a las revueltas en el mundo árabe, mientras Perú anunció este martes la suspensión de relaciones con el atribulado régimen de Muamar Kadhafi
Perú suspende toda relación diplomática con Libia, en tanto no cese violencia contra el pueblo», señaló el mandatario peruano, Alan García, según una nota de prensa de la Secretaría de Palacio de Gobierno.
Los gobiernos latinoamericanos o bien celebraron la caída del régimen en Egipto el pasado 11 de febrero o bien se mantuvieron en silencio, pero no fue así respecto al gobierno de Kadhafi, que recibió el respaldo de Nicaragua y la denuncia por Cuba de una inminente invasión de la OTAN, mientras que Venezuela se mantiene en contacto con jerarcas del régimen.
El lunes incluso se especuló que Kadhafi levantaría su tienda beduina y se exiliaría en Venezuela. Esta versión, desmentida terminantemente por Caracas, surgió de la falta de amigos con que cuenta Kadhafi en el mundo árabe, tras su reciente acercamiento a Estados Unidos y Europa, después de haber mantenido durante décadas un radicalismo antioccidental.
En esos momentos nada se sabía de Kadhafi y fue el canciller venezolano Nicolás Maduro el que afirmó que líder de la «Jamahiriya» (Estado de las Masas) estaba en Trípoli.
Maduro mantiene un privilegiado contacto con su par libio, Mussa Kussa, señal de los estrechos vínculos que construyeron el presidente Hugo Chávez y el líder libio en los últimos años, con reuniones en Venezuela en septiembre de 2009 y en Trípoli en octubre de 2010.
En tanto se aguarda por la reacción de Chávez, el líder cubano Fidel Castro especuló con los verdaderos intereses detrás de la revuelta en Libia, que ya se cobró al menos 300 muertos desde el fin de semana pasado de acuerdo a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
«Para mí es absolutamente evidente que al Gobierno de Estados Unidos no le preocupa en absoluto la paz en Libia, y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país, tal vez en cuestión de horas o muy breves días», escribió en un artículo publicado en la prensa oficial.
Castro consideró que «habrá que esperar» para conocer cuánto hay de «verdad o mentira» en los reportes de los sucesos en Libia, donde Kadhafi se mantiene en el poder desde hace 42 años.
Por su parte el presidente de Nicaragua Daniel Ortega expresó el lunes su solidaridad al líder libio, quién según él está librando una dura batalla para mantener la unidad del país africano.
Kadhafi «esta librando una gran batalla (…) y en estas circunstancias está buscando dialogar, pero defendiendo la integridad de la nación, que no se vaya a desintegrar, que no vaya haber anarquía», subrayó Ortega tras mencionar que ha estado en comunicación telefónica con el jefe libio.
El pasado 15 de febrero el gobierno de Nicaragua anunció que Libia había condonado casi 200 millones de dólares de la deuda que mantiene con Trípoli.
En tanto, el gobierno boliviano convocó al gobierno y al pueblo de Libia a realizar esfuerzos para resolver la crisis por vías pacíficas, al margen de cualquier «injerencia» externa, según un comunicado de la cancillería.
Desde otras partes de América Latina, varios gobiernos condenaron la violencia en Libia, además de la suspensión de relaciones de Perú, cuyo mandatario añadió que su país «expresa su más enérgica protesta por la represión desatada por la dictadura libia de Muamar Kadhafi contra el pueblo que exige reformas democráticas para cambiar un gobierno que ya tiene 40 años ejercido por la misma persona».
El gobierno brasileño por su parte repudió y consideró «inaceptable» el lunes el uso de la violencia contra manifestantes en Libia y pidió a las autoridades de ese país que preserven la seguridad de los extranjeros, además de llamar a superar la crisis mediante el diálogo.
Chile se sumó a la condena de la represión gubernamental «en contra de sus ciudadanos», e instó a establecer mecanismos de diálogo y cesar las medidas de fuerza, que considera injustificadas y opuestas «al pleno respeto por los derechos humanos».
Costa Rica y Paraguay también condenaron la represión en el país petrolero, en tanto el resto de los países de la región se han mantenido en silencio hasta el momento.
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