El presidente de Uruguay quiere gravar la renta presunta de los latifundios y el vice la productividad.
José Mujica fue criado en el campo. Siete décadas más tarde, fue ministro de Ganadería y Agricultura en el primer gobierno del Frente Amplio (FA). Ahora, como presidente del segundo gobierno del centroizquierda uruguayo, plantea una propuesta de gravar grandes extensiones de tierra por encima de las 2000 hectáreas, en un momento en que el mandatario necesita sanar las heridas que dejó en parte de su base electoral su propia actuación al forzar la continuidad de la impunidad en Uruguay.
No bien Mujica presentó su proyecto, el vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori, gruñó con su defensa de las «reglas de juego» y la «inversión». Le siguieron reuniones varias entre ellos como la del jueves último, en la que, al parecer, lograron acercar posiciones. Hay quienes no tardaron en ver en Astori, cada vez más mimado por la oposición, al Cobos que salió a la luz en el debate sobre las retenciones en la Argentina. Anclados en la corrección política, oficialistas uruguayos negaron toda traición del vice e insistieron en que saldría un proyecto consensuado.
En la última semana Mujica dio varias vueltas para no tener que pelearse con Astori y su sector Asamblea Uruguay, inserto en el FA. Y eso que, según afirman expertos, la propia propuesta del Pepe resulta insuficiente para combatir realmente la concentración de la tierra. El proyecto establece un gravamen escalonado: a partir de las 2000 hectáreas el impuesto será de 4 dólares/h y llegaría a un máximo de 16 dólares para las extensiones de tierras mayores a las 10 mil hectáreas. Con ello se espera recaudar unos 60 millones de dólares para destinarlos a la reparación de caminos. De acuerdo con las cifras exhibidas, tan sólo se les estaría cobrando a 1100 productores de un total de 47.000
Comentar post