En el documento final de la cumbre de países, que concluyó ayer en Brisbane, los miembros dieron luz verde a establecer un nuevo marco legal “antibuitre” para la emisión de deuda soberana. Satisfacción de la delegación que fue encabezada por el ministro Kicillof.
Argentina logró su objetivo trazado de que las economías más importantes el mundo que integran el G20 dieran luz verde a establecer un nuevo marco legal internacional para la emisión de deuda soberana que impida el embate de los fondos especualtivos contra los países.
Si bien en el pronunciamiento general del cuerpo multilateral sólo hubo una mención de las problemáticas que enfrentan las deudas soberanas en un mundo convulsionado que intenta el despegue definitivo tras el crash de 2008, se agregó un anexo con precisiones sobre los pasos a seguir.
Los países miembros aceptaron incorporar un anexo que reconoce la litigiosidad como un problema a tratar y da instrucciones a los ministros de economía y presidentes de los bancos centrales del G20 para que trabajen sobre ello y aporten una recomendación al respecto.
Reunido durante el último fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane, el G20 reconoció en su declaración que hay que cerrar las “lagunas” para impedir que los fondos especulativos o buitres se aprovechen en los procesos de reestructuración de la deuda, como pedía Argentina.
Los mandatarios de las principales economías del planeta pidieron que se “refuercen las cláusulas de acción colectiva y pari passus” en la suscripción de deuda, según el anexo del comunicado final.
Con esta modificación, los procesos de reestructuración de la deuda se podrán hacer de manera ordenada y previsible para que todas las naciones eviten que fondos especulativos compren sus bonos a precio basura y luego litiguen para cobrar el total más los intereses sin aceptar canje alguno.
Satisfacción argentina
“Estamos tremendamente conformes con este punto”, dijo el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, a la prensa, al término de la reunión.
Según él, se trata de la primera vez en la historia del G20 que la cuestión de la reestructuración de deuda soberana se plantea en el comunicado general. Una de las cláusulas que los mandatarios piden introducir es forzar a los “holdouts” (inversores que rechazan la negociación) a que acaten la reestructuración que ha aceptado la mayoría de acreedores.
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