Se radicaliza la crisis en Venezuela: 7 muertos. Hubo violencia en las calles; ofensiva del gobierno para neutralizar a Capriles
El oficialismo desplegó ayer su inmenso poder para tratar de neutralizar la ofensiva encabezada por Henrique Capriles, que no reconoce los resultados de las elecciones del domingo, exige el recuento de los votos y califica a Nicolás Maduro de «presidente ilegítimo».
Así, entre denuncias, protestas y amenazas, la crisis venezolana se vuelve cada vez más radicalizada, con choques en las calles que ya dejaron, según el gobierno, siete muertos.
A la política de hechos consumados del chavismo, que anteayer proclamó presidente al «apóstol» de Chávez y que prepara para pasado mañana una gran asunción, se sumó una calculada ofensiva, que incluye «la toma pacífica de las calles contra el fascismo» y la arremetida contra el líder opositor.
Para no exacerbar aún más el clima, Capriles canceló su marcha de hoy, pero convocó a cacerolazos para los próximos días. En las últimas horas fue amenazado y acusado de «asesino», «golpista», de promover la «invasión yanqui» y de querer convertir a Venezuela en Libia o Siria.
La primera imputación se basa en las siete víctimas de anteanoche, que el gobierno atribuye a las protestas opositoras. Luisa Ortega, fiscal general, añadió 61 heridos y 135 detenidos, además de la «quema» de locales públicos como consultorios de médicos cubanos o locales estatales de alimentación. También acusó a Capriles de «atentar contra la vida del pueblo».
Basada en estos reportes, Ortega amenazó con acusar a opositores de «instigación al odio, rebelión civil o delincuencia organizada». Incluso, sin aportar mayores datos, añadió que «a una de las víctimas trataron de quemarla viva».
Capriles desmintió las cifras del chavismo. «Estas muertes no son por las protestas. El gobierno tiene el control de la fiscalía y la policía. Donde hay incidentes es porque el gobierno quiere que haya muertos», se defendió el líder de la oposición.
«Nadie debe caer en provocaciones, esta lucha es firme, pero pacífica. ¡A nosotros nos interesa que reine la paz! ¡Al ilegítimo, no!», contestó Capriles.
El líder opositor ordenó a sus seguidores que se «recojan en sus casas». «El gobierno está infiltrándose [entre sus simpatizantes]. Su agenda es la violencia. Nuestra protesta es pacífica y sólo persigue contar los votos. ¡Quienes se pongan con la violencia no están en este proyecto!», agregó.
Los medios de comunicación oficialistas insistieron durante todo el día en la responsabilidad opositora, pero no aportaron ni imágenes ni pruebas. En cambio, los diputados Julio Borges y William Dávila fueron agredidos en la Asamblea (el Parlamento) por otros políticos chavistas.
La Universidad Central de Venezuela fue de nuevo atacada por radicales chavistas y motorizados oficialistas sitiaron varias sedes del gobierno mirandino.
El nuevo cerco contra Capriles lo dirige Diosdado Cabello, jefe del ala militar, quien lo responsabilizó directamente de la «violencia» desplegada en el país, y anunció una investigación parlamentaria.
«Nosotros vamos a por los jefes. Capriles y Leopoldo López mandan a sus bandas a destruir los consultorios de los cubanos», acusó Cabello sin pruebas. Y más: «[Capriles] está promoviendo» hechos como el asesinato de una pareja, que según el presidente de la Asamblea habría perecido en una de las acciones violentas de anteayer.
El diputado Pedro Carreño, mano derecha de Cabello en el Parlamento, fue más allá: «Eso de responsabilizar a Capriles es pura mentira. ¿Dónde está el ministerio público para que lo mande a detener y que asuma su responsabilidad?».
Sólo faltaba Maduro por intervenir. Y lo hizo en al menos tres cadenas obligatorias de radio y televisión a lo largo del día, un abuso mediático pocas veces visto en Venezuela.
El presidente encargado, en su primer arrebato televisivo, prohibió la marcha opositora ante la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Mano dura voy a poner contra el fascismo y contra los que atenten contra la democracia. ¡Si me quieren derrocar, vengan por mí! Aquí les espero con el pueblo, con las fuerzas armadas», clamó exasperado.
«No vamos a tener otro 11 de Abril [una marcha opositora en 2002 que precedió al golpe de Estado contra Chávez y que acabó con la muerte de once opositores, siete chavistas y un fotógrafo]. No van a emboscar a su propia gente, no les vamos a dejar», añadió Maduro, que se autonombró salvador de los opositores ante los «francotiradores» que sus líderes iban a situar «en los edificios, para matar a su propia gente» durante la marcha.
Ya anteayer Maduro había acusado de «golpismo» al gobernador de Miranda. «Quien pretenda vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está llamando es a un golpe de Estado», expresó el presidente.
Ayer redondeó sus acusaciones al ordenar a la Fiscalía que investigue a Capriles y López por «incitar al odio». También culpó a Estados Unidos de los hechos de violencia de anteayer.
CACEROLAZOS POR MARCHAS
Capriles compareció horas después para suspender la marcha programada para hoy y cambiarla por un cacerolazo para la noche de hoy. El gobierno reaccionó y convocó a la misma hora a un «cohetazo bolivariano».
Venezuela vive las horas más complejas de la última década y un pulso político absolutamente desequilibrado. Gobierno, Parlamento, CNE, Tribunal Supremo y Defensora del Pueblo, apoyados por los gobiernos amigos del continente, frente a un candidato cuyo único aval son 7.296.876 votos.
Maduro obtuvo el domingo 262.473 votos (1,77%) de diferencia sobre Capriles, cuando todavía no se escrutaron las papeletas de los emigrantes, que seguramente reducirán la brecha en torno a 210.000 papeletas.
Por el contrario, según los cálculos opositores, Capriles está arriba por algo más de 1%. En una comparecencia ante la prensa internacional, interrumpida por la tercera cadena televisiva de Maduro, el candidato opositor presentó algunas pruebas de irregularidades: 535 máquinas dañadas (que afectaron a casi 200.000 votantes), testigos retirados a la fuerza en 283 colegios electorales, 1176 centros con «datos sorprendentes», incluso votantes de 120 años.
«Hubiéramos ganado de forma abierta sin todas esas irregularidades. Sólo pido contar los votos», mantuvo Capriles, que vive su cruzada casi en soledad. Sólo Vicente Díaz, único rector independiente del CNE, apuesta por «hacer un proceso de apertura de las cajas, que no nos cuesta nada. Ellas están resguardadas y no están siendo destruidas por las fuerzas armadas».
En tanto ayer hubo disturbios en varias ciudades del país. En Barinas, capital del estado occidental del mismo nombre, se registraron enfrentamientos entre la policía, la guardia nacional y manifestantes que marchaban hacia instalaciones locales del Consejo Electoral.
En la ciudad occidental de Mérida, miles de simpatizantes de la oposición se reunieron también fuera de las instalaciones del Consejo Electoral. Hasta ahora se desconoce una respuesta final del Consejo Electoral sobre si hará o no un nuevo conteo.
Nicolás Maduro / Presidente interino
«Si continúa la violencia, lo que podemos hacer es radicalizar esta revolución»
LA ECONOMÍA, CON SEÑALES NEGATIVAS
Subió el riesgo país y el crecimiento se desaceleraría
El indicador de riesgo país de Venezuela que mide la calificadora JP Morgan subió 20 puntos básicos (2,59%), hasta los 791 puntos entre el viernes y el lunes después del cierre de las elecciones presidenciales del domingo. Cada punto que sube el indicador le representa al país el aumento en el costo de su deuda pública. Cuando murió Hugo Chávez, el 5 de marzo, el indicador subió de 722 puntos a 746.
En tanto, el FMI, que en octubre de 2012 proyectó el crecimiento de la economía venezolana en 3,3% para este año, sostuvo en un informe ayer que el país muestra el ritmo de crecimiento más bajo (0,1%), la desaceleración más aguda (creció 5,5% en 2012) y la tasa de inflación más elevada (27%) en la región. El FMI considera que el «declive del ritmo del gasto fiscal» es una de las causas de la desaceleración..
Del editor: cómo sigue.
Tanto la oposición como el chavismo, más éste por detentar el poder del Estado, juegan con fuego al empujar la crisis a un lugar de donde sería difícil volver.
Fuente: La Nación
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