La Audiencia Nacional de España decretó este viernes una orden de detención internacional contra el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro miembros de su Gobierno que se encuentran en Bruselas.
Los exdirigentes catalanes están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, al igual que otros nueve exconsejeros que fueron enviados por la juez Carmen Lamela a prisión provisional incondicional, menos uno que pudo salir libre tras depositar una fianza.
El dictamen judicial añadió, asimismo, los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, al tiempo que rechazó la petición de Puigdemont y sus colaboradores para prestar declaración por videoconferencia.
Los delitos por los que se investiga a los 14 miembros del gobierno catalán podrían acarrear condenas conjuntas de hasta 50 años de cárcel, según señalan las argumentaciones judiciales.
Puigdemont pidió la liberación de los encarcelados en una breve declaración emitida por la televisión catalana TV3, en la que se presentó como «presidente legítimo».
El cesado dirigente catalán, que dice estar denunciando la situación de Cataluña ante la comunidad internacional, no acudió a la Audiencia porque «el clima no era el adecuado», según su abogado belga.
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