La radiactividad en el mar japonés se dispara. En los alrededores de la central de Fukushima la yodina supera en 4.385 veces el límite legal, superando a la cifra récord de 3.355 veces registrada ayer en muestras de agua a 330 metros al sur de un desagüe cercano a los reactores 1 a 4 de la central.
Mientras continúan los esfuerzos por drenar el agua contaminada en la central, el Gobierno japonés, muy criticado por la gestión de la crisis nuclear, ha rechazado la recomendación del OIEA de ampliar la zona de exclusión nuclear de 20 kilómetros de la que hasta ahora ha evacuado a todos sus ciudadanos. La oficina atómica de la ONU había propuesto la medida después de que la contaminación en la localidad de Iitate, de 7.000 habitantes, situada a 40 kilómetros de la planta, desbordara los límites normales. «Una primera apreciación indica que ha sido sobrepasado uno de los criterios del OIEA», señaló ayer Denis Flory, subdirector de Seguridad Nuclear de la organización. La ampliación de la zona de exclusión habría supuesto el desplazamiento de unos 130.000 habitantes más, que se sumarían a los 70.000 ya evacuados.
Lo que sí ha hecho sin más delación el Gobierno es dar orden de que se incrementen las medidas de seguridad en las 55 plantas atómicas del país con efecto inmediato. Los nuevos requisitos, que deberán haber sido cumplidos para finales de abril, incluyen la obligación de disponer de generadores eléctricos de emergencia móviles para suplir posibles fallos en la red de suministro principal, y tener camiones de bomberos con las mangueras preparadas en todo momento para garantizar la refrigeración de los reactores y las piscinas de las barras de combustible usado en caso de necesidad, según dijo el Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
Otras medidas, como la construcción de muros de protección contra tsunamis más altos, serán consideradas tras haber llevado a cabo una evaluación completa del desastre en la central de Fukushima I. Tokio también revisará su política energética para impulsar las renovables.
«Estas son medidas mínimas que ahora pensamos que deben ser tomadas inmediatamente», dijo Banri Kaieda, portavoz del Ministerio, informa Reuters. Kaieda afirmó que el plan no precisa que se paralice el funcionamiento de las plantas. Casi el 90% de los reactores de Japón no han cumplido aún las normas de seguridad dictadas en 2006 sobre protección contra tsunamis.
Antes del desastre, que afectó gravemente al complejo nuclear y la red de distribución, la energía atómica suponía el 30% de la capacidad de generación eléctrica de Japón; un porcentaje que se pensaba incrementar hasta el 50% para 2030, uno de los más altos del mundo.
El anuncio de las nuevas medidas de seguridad supone un reconocimiento de que las normas existentes hasta ahora eran inadecuadas e insuficientes para hacer frente al terremoto de magnitud 9 en la escala Richter y el tsunami que devastaron la costa nororiental del país.
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