Los colegios de toda Cataluña permanecen repletos de gente que intenta votar en el referéndum independentista considerado ilegal por la Justicia, a pesar de que la policía española derrumbó el sistema informático del gobierno regional
Por orden judicial se bloqueó Internet en todos los edificios asignados a la elección, se impide el acceso al censo y no hay manera de saber si el ciudadano que llega a la mesa votó ya en otro lado.
A primera hora de la mañana el gobierno de Carles Puigdemont anunció que estaría permitido votar en cualquier colegio electoral, como forma de eludir el operativo policial para desalojar los centros electorales. El propio presidente regional emitió su sufragio en un pueblo distinto al que se lo esperaba: la Guardia Civil irrumpió por la fuerza en el colegio donde estaba registrado.
El gobierno de Mariano Rajoy enfatizó que la votación ha sido desactivada. «No habido referéndum ni apariencia de tal», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Palacio de la Moncloa.
Pero, pese a las endebles garantías del proceso, la afluencia a las escuelas se mantenía pasado el mediodía. Había gritos reivindicativos y mucho malestar por las imágenes de la represión policial que se vivió en las primeras horas de la mañana en Barcelona, Girona y otras ciudades menores.
Incidentes y heridos
Como consecuencia del operativo policial, realizado bajo orden judicial ante la prohibición del referéndum, 337 personas resultaron heridas o con contusiones, según datos del gobierno catalán, que consideró «gravísimo e inaudito» el despliegue y las cargas policiales contra los ciudadanos catalanes. La actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, sin embargo, no evitó que el 96% de los centros de votación funcionaran con «normalidad», remarcó en conferencia de prensa el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull.
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