Uruguay, duro contra la ONU por criticar regulación de marihuana. El gobierno de Uruguay denunció ayer el sesgo» y las «afirmaciones infundadas» de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que depende de Naciones Unidas y en su informe anual criticó la ley que regula la producción, venta y consumo de marihuana en el país.
«El informe de la Jife contiene un sesgo y parece obsesionado por las iniciativas, no sólo las de mi país, sino de la región, de cambio en los modelos de regulación de las drogas», advirtió en Washington el embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani.
Durante el lanzamiento mundial del informe 2013 de la Jife en español, Romani aseguró que ese estudio «no solo advierte sobre la convencionalidad de estas medidas (totalmente pertinente aunque discutible) sino que hace afirmaciones infundadas sobre los supuestos perjuicios y hasta la insanía de los mismos».
Los dichos de Romani, invitado a exponer por miembros del propio organismo que «no se sienten representados» por el informe, fueron una respuesta a las afirmaciones respecto a que la ley uruguaya de regulación del cannabis «marca una tendencia peligrosa».
«Esa ley contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961 y recuerda al Uruguay la necesidad de respetar los tratados», señaló en el escrito el presidente de la Jife, Raymond Yans.
Romani respondió que ese organismo «tiene mandato para vigilar las Convenciones» pero no «para emitir juicios sobre las políticas soberanas, dictadas por parlamentos o referendums populares, que son temas específicos para la Comisión de Estupefacientes».
El informe «tiene un sesgo muy evidente, y que a mi leal entender, no sólo se extralimita en las funciones específicas que le asiste como órgano cuasi jurisdiccional, sino que toma abiertamente partido por una visión muy restringida de los modelos de fiscalización, sostuvo el representante uruguayo.
Romani señaló que «una cosa es, en su función de supervisor de las Convenciones, advertir, dialogar sobre tal o cual legislación o medida, en el sentido que pueden estar en conflicto con las Convenciones, y otra es hacer afirmaciones que exigen un debate y una explicitación científica».
«La Jife pierde racionalidad y objetividad, porque está cegada con una visión fundamentalista de una tautología que no es cierta», aseveró el representante diplomático.
Fuente: La Mañana
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