Así lo estableció mediante su publicación en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak.
El proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, fue aprobado en la madrugada del jueves 26 de febrero. Se aprobó con 131 votos afirmativos y 71 negativos en el marco de una sesión especial. La ley había sido promovida por el kirchnerismo a partir de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, quien tenía vínculos con espías desplazados como «Jaime» Stiuso.
La miembro informante por el Frente para la Victoria (FpV), Diana Conti, garantizó que la AFI iba a quedar «subordinada totalmente al poder político y al Poder Judicial, cuando corresponda», y enfatizó se buscaba «democratizar» los servicios de inteligencia. Asimismo justificó la decisión de transferir las escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia a la órbita de la Procuración General de la Nación porque «se le saca la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial pueda existir».
Por su parte, la diputada nacional Elisa Carrió cuestionó el proyecto oficial y consideró que, si se quiere «transparentar, eliminemos» el organismo de inteligencia, «pero no le demos más poder» al jefe del Ejército, César Milani, ni a Fernando Pocino, funcionario de la SI. La legisladora opositora enfatizó entonces que los agentes de inteligencia «no tienen patrón, son multimillonarios, están en el narcotráfico, están en todos los negocios, y el día que sople el viento para otro lado van a hacer como los jueces federales de ustedes».
En esa sesión, se explicó que transcurrido el plazo de los 120 días para la creación del nuevo organismo de inteligencia se habilitará un plan de retiro jubilatorio para los empleados de la Secretaría que cumplan con los requisitos. «En todo organismo del Estado hay mucho personal en condiciones de jubilarse y en este caso se los va a invitar a hacerlo», adelantó García, quien estimó que «hay un 60 por ciento del personal que va a estar dentro de la norma jubilatoria» sobre una base de unos 2.500 empleados entre administrativos y agentes.
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