El jefe de Gabinete sostuvo esta tarde que «es imposible hablar de un básico de 7 mil pesos» para los sueldos en Gendarmería y Prefectura y señaló que ningún efectivo fue sancionado «por reclamar».
«Es imposible otorgar un salario básico de 7.000 pesos (1.500 dólares) en ninguna área del sector público (como reclaman los policías). Pero con una reforma en marcha, la enorme mayoría de efectivos verá mejorada su situación», dijo en rueda de prensa transmitida por televisión el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina.
Abal Medina también denunció que las protestas obedecen a que se afectó a «una industria del juicio» que actuaba sobre las liquidaciones de los haberes de la fuerza.
El funcionario anunció que por la mañana el Gobierno nacional realizó una serie de denuncias penales contra estudios jurídicos, efectivos de Gendarmería y Prefectura, a altos mandos, y medios bajos, y retirados, que «usufructuaban el desquicio que es la liquidación de haberes en estas fuerzas».
Sobre las sanciones impuestas, el jefe de Ministros sostuvo que «nadie va a ser sancionado por reclamar» pero aclaró que la «la Justicia no puede permitir» hechos como el que se produjo días atrás cuando un grupo de efectivos atacó a una de las autoridades de las fuerzas de seguridad o mantuvo «retenido por espacio de dos horas al ministro de Economía».
Confirman que el 80% de los salarios era en negro
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó esta tarde que cerca del «80%» de los salarios de prefectos y gendarmes se abonaba «en negro» a raíz de «suplementos» que se mantienen desde la década del `90.
«En la Prefectura, el 78% del sueldo era en negro con suplementos absolutamente discrecionales, y en la Gendarmería el 80%», sostuvo Lorenzino y remarcó que estos componentes no remunerativos «venían de la época del 90 y crearon el caldo de cultivo para que estudios jurídicos vinculados a la fuerza, y a veces integrados por miembros de las fuerzas, dieran lugar verdadera industria del juicio».
Por otra parte, el ministro remarcó que en el caso de la Prefectura «el 63% del total de los juicios se hallan tramitados en único juzgado de Río Gallegos», que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, «casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad».
Fuente: DyN/NA
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