Este lunes a Amado Boudou fue imputado por enriquecimiento ilícito, la decisión fue tomada por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien investiga el patrimonio del vicepresidente.
Investigar el delito de enriquecimiento ilicito puede insumir bastante tiempo, como ocurre con la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide respecto de Ricardo Jaime, que lleva varios años. Pero la denuncia le agrega presión al juez Lijo, que ahora tendrá a su cargo dos causas contra Boudou: la que se vincula con Ciccone, donde en las proximas horas Lijo debe resolver si separa al fiscal Rívolo del caso y, esta nueva, que se refiere al supuesto enriquecimiento ilícito.
La ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que confecciona los billetes argentinos y que está siendo investigada en la Justicia por lavado de divisas, ahora sumó un nuevo problema a su situación económica. El Banco Central, que permitió que la Casa de Moneda contratara a esa empresa -que cobrará $170 millones- para fabricar dinero, califica a las deudas que mantiene con sus acreedores con el número 5, lo que significa que las considera «irrecuperables».
La ex Ciccone se encuentra en esta situación porque tiene deudas impagas por $ 3.511.500. La firma le debe $ 2.744.900 al Banco Julio; $ 763.600 al Comafi; y $ 3.000 al Banco Macro. Además, la imprenta tiene una deuda de $ 35.100.000 con la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires por falta de pago de impuestos correspondientes al período 1994-2001. Por esta situación, ARBA ya le inició acciones legales. Como si esto fuera poco, el 11 de abril venció en la AFIP el certificado fiscal que tenía la ex Ciccone para ser contratada por el Gobierno. Así, según la ley, la imprenta no podría actuar como proveedora de organismos estatales. Sin embrago, la impresión de billetes sigue avanzando.
La presentación fue efectuada junto al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y solicitaron que se investigue la configuración de los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia presentada, el Vicepresidente «no solo sería partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se propugna-, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación».
Allí se mencionan algunos de los hechos que rozan a Boudou: la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado «Costa Esmeralda», localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción Compañía de Valores Sudamericana S.A y London Supply; y en la sugestiva locación «simulada» del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante el última década.
En consecuencia, se pidió a la Justicia el entrecruzamiento de la información de las personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación, todas cercanas al Señor Vicepresidente, enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas.
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