Una auditoría del Ministerio de Defensa y un informe de la SIGEN advierten sobre “irregularidades” en la compra directa de las baterías del submarino ARA San Juan.
Esta investigación, realizada entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido con los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y recambio de baterías; además determinaron que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, por lo que en ese proceso se habrían adquirido insumos con garantías vencidas.
Según al informe, que había sido presentado en 2015 a funcionarios del kirchnerismo, las contrataciones “no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado” y alerta que los militares a cargo de las maniobras “posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG”.
En tanto, la SIGEN, en una presentación de su auditoría de mayo de 2016, advirtió, según accedió el diario La Nación, que hubo demoras de hasta cuatro años en la ejecución material y presupuestaria, lo que hizo que se venciera la garantía de las baterías.
“Los remitos que se adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la suma parcial de 1.312.214 euros”, se agregó
Desde el Gobierno informaron que están revisando «todos los procesos dentro de la Armada» y que se abrirá una investigación interna «profunda», pero que ahora la prioridad es hallar el submarino y luego, peritar el San Juan para determinar «qué pasó y las consecuentes responsabilidades».
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